Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
16 de junio de 2019

La Verdad Obrera N° 583

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Abajo la Ley Antiterrorista

21 Aug 2014   |   comentarios

Aunque volvió sobre sus pasos por una presunta “confusión”, el gobierno de Cristina intentó legitimar por “izquierda” la Ley Antiterrorista acusando a los empresarios de Donnelley de “crear zozobra en un país al que quieren ver de rodillas”. Con sano instinto, los gráficos de la multinacional norteamericana se opusieron, advirtiendo la maniobra de un gobierno que tiene más de 5000 luchadores obreros y populares procesados por luchar, amenazados potencialmente por esa ley que podría habilitar la prisión efectiva.
La Ley Antiterrorista 26.734 duplica todas las penas, sean mínimas o máximas, “cuando alguno de los delitos previstos en el Código Penal hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades publicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” (Artículo 41). Así mediante una formulación tan genérica introdujo una contrarreforma completa del Código Penal, facultando la arbitrariedad de jueces y fiscales para considerar terrorista a cualquier persona que defiende sus derechos, ejecutando desde un simple reclamo, pasando por un corte de ruta hasta cuestionar el derecho de huelga. En 2012, el juez Landivar imputo por “actos de terrorismo” a 9 ambientalistas catamarqueños que se manifestaban contra la contaminación provocada por la minera Alumbrera, y en mayo pasado el fiscal Pedro Simón acuso al periodista Juan Pablo Suarez por “incitación a la violencia colectiva” bajo el marco de la Ley Antiterrorista, por registrar hechos vinculados con los motines policiales de diciembre, un atropello a las libertades democráticas más elementales, denunciado por el CELS.
El FR de Sergio Massa se opuso a la derogación de esta legislación represiva (sosteniendo solo la eliminación de los artículos 306 y 241del Código Penal) pues, como expresó la legisladora Graciela Camaño, “está por arribar una nueva misión del GAFI que recientemente sacó a la Argentina de la lista gris de países en capilla” (La Nación, 19/08). El GAFI es el organismo del FMI y el Banco Mundial que bajo la mascarada del “financiamiento terrorista” exigió la sanción de esta legislación represiva a cambio de la certificación de “país apto para inversiones extranjeras”, como dijo el jefe de la UIF José Sbatella, reconociendo la subordinación al establishment financiero.
Sin quorum por ausencia del kirchnerismo, la Comisión de Legislación Penal impulsó un despacho de minoría por la derogación de la ley, firmado por el macrismo, los partidos que integran el FAUNEN y el diputado del PTS en el FIT Nicolás Del Caño. Sin embargo, el macrismo y el FAUNEN defienden infinidad de artículos y leyes que criminalizan la protesta social y en la Comisión de Asuntos Constitucionales impulsan acuerdos con el kirchnerismo para regular los piquetes y las movilizaciones. Cabe recordar que en agosto de 2010 Federico Pinedo del PRO junto a Elisa Carrio, Ricardo Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra, Margarita Stolbizer y Roy Cortina presentaron su propia iniciativa de ley antiterrorista, a instancias del 4° Encuentro de Lucha contra el Terrorismo, organizado por el Congreso Judío Latinoamericano y la embajada de EE.UU. un calco de la ley en vigor.
Como dijo Del Caño, es necesario apelar a la movilización en las calles para derogar esta legislación represiva, así como el desprocesamiento de los 5000 luchadores criminalizados y la defensa irrestricta del derecho a la protesta social.

Papelón
Bajo la guía “patria o buitres”, Cristina marcó que detrás del conflicto de Donnelley estaba Paul Singer y NML, uno de los fondos buitre beneficiados por el juez Griesa que hasta diciembre tenia el 7% de las acciones de la gráfica. Del mismo modo acusó a Black Rock (quien se quedó con las acciones de NML), aunque paradójicamente ese fondo buitre posee el 3,68% del paquete de Lear y más de 2 millones de acciones de YPF como socio del Estado. Un papelón.

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