En la última sesión ordinaria, el oficialismo y sus aliados aprobaron dos leyes que vienen a reafirmar la política del gobierno favoreciendo a grandes empresas y buscando que la crisis habitacional y económica la paguen las familias trabajadoras. La primera de ellas, titulada “Sistema Solidario Provincial de Construcción de viviendas”, aprobada como Ley Nº 6077, establece un sistema que modifica las condiciones de las viviendas ya entregadas por el I.V.U.J. (Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy), con fondos aportados por el FoNaVi (Fonda Nacional de Viviendas) y nuevas reglas de contratación para las que se entreguen a partir de la fecha de su sanción.

Alejandro Vilca del PTS-Frente de Izquierda aseguró al respecto que “si bien el proyecto quiso ser presentado por el oficialismo como un sistema “solidario”, lejos está de serlo ya que se establece una suerte de negocio inmobiliario a través de fideicomisos administrativos y financieros con entidades bancarias, empresas constructoras y fondos de inversión. El nuevo esquema se podría encuadrar en el sistema llamado de Participación Pública Privada propuesto por el ejecutivo nacional para la ejecución de programas de obra pública en todo el país, que en los hechos es un ajuste de fondos para la obra pública para cumplir las metas que exige el plan del FMI”.

Su compañero de bancada, Eduardo Hernández, agregó que “esta nueva modalidad abre el juego a la especulación y el lucro empresario de inversores y no a va a satisfacer la gran necesidad de viviendas. Por el contrario, significará un aumento en el valor de las cuotas de los beneficiarios del IVUJ y habilita los desalojos para quienes no puedan pagarlas. La ley establece que el tope máximo para el pago de las cuotas no puede superar el 25% del ingreso familiar, y que el valor de las nuevas cuotas no puede ser inferior al 20% del salario mínimo vital y móvil, hoy en $10.000, o sea $2.000 como mínimo la cuota. Si tenemos en cuenta que en Jujuy, según datos oficiales, la mitad de las personas que tienen ingreso formal no alcanzan a percibir el mínimo, estamos ante una clara intención confiscatoria por parte del Estado”.

Finalmente Vilca denunció que “en la misma sesión se aprobó una reducción del impuesto por ingresos brutos que percibía la provincia de parte de las empresas de televisión. Esta ley fue votada para cumplir con uno de los requisitos del Pacto Fiscal firmado por el presidente y casi todos los gobernadores, dejando en claro que para Cambiemos el ajuste es para los trabajadores y sectores populares y no para los empresarios, quienes, por el contrario, reciben cada vez más beneficios. Claramente Macri y Morales gobiernan para los ricos”.

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