Como en otros momentos de nuestra historia “no hubo errores, ni excesos” en la Masacre de Puente Pueyrredón. Lo que existió fue un plan criminal organizado por los gobiernos de Duhalde, Solá y el Estado de conjunto para intentar acabar mediante el terror con los sectores de vanguardia nacidos de los fuegos del 2001.
No pueden entenderse de otra manera las amenazas de los Amadeo y los Atanasof, entre otros, la semana anterior a los asesinatos de Darío y Maxi, el operativo montado ese día por el entonces Ministro del Interior Juanjo Alvarez, ni el criminal y aceitado accionar de la bonaerense, la federal, la prefectura, la gendarmería y la SIDE.
Franchiotti y los policías que lo acompañaban son asesinos sedientos de sangre, dignos continuadores del General Camps. Pero no son locos sueltos. Respondían a claras directivas políticas. Sólo así puede comprenderse también la primera versión oficial de los hechos que atribuía todo a una supuesta “interna piquetera”.
Sólo después de la enorme movilización del 27 de junio, se pudo conocer parte de la verdad.
A casi tres años de aquel 26 de junio sólo Franchiotti y un puñado de policías están imputados. La justicia actúa encubriendo a parte de los autores materiales y, fundamentalmente, a los autores intelectuales. En este sentido también han dividido los hechos ocurridos aquel día en una serie de juicios para así poder tapar que se trató de un masacre planificada.
En la historia quedaron las promesas de Kirchner de esclarecimiento de la Masacre. Resulta obvio que no se va a poner a investigar a sus propios padrinos, aliados y actuales funcionarios ya sean “pejotistas” o “transversales”. Más allá de algunas medidas cosméticas, no se va a poner en tela de juicio el aparato represivo.

LA CONTINUIDAD KIRCHNERISTA

Este verdadero pacto de represión e impunidad entre las fuerzas represivas, la justicia y el poder político aparece también para amparar y legitimar la práctica cotidiana del gatillo fácil policial. Hay más de 1.600 casos de gatillo fácil impunes en todo el país! Hoy por hoy lo vemos también en la Masacre de Cromañón. Ahora liberando al empresario asesino Omar Chabán.
El gobierno que se presentó con un ropaje de “defensor de los derechos humanos” continúa lo hecho por los anteriores tal como lo demuestran los presos políticos de la legislatura (mientras María Julia sale libre), el mantenimiento de los procesamientos a más de cuatro mil luchadores obreros y populares en todo el país o la represión a los trabajadores de Lafsa.
Frente a esta realidad la única salida es la lucha y la movilización independiente del Estado y coordinada de todos los que somos víctimas de la represión y la impunidad. Tenemos que unirnos en todo el país. La lucha contra la represión y la impunidad, que ya es parte de las banderas de algunos de estos sectores, debe ser tomada por los trabajadores. Junto a los compañeros desocupados, las víctimas de la represión policial, los organismos de derechos humanos y los partidos que no transamos con esta democracia para ricos debemos coordinarnos. Sólo así impondremos justicia para Darío y Maxi. Sólo así pararemos el genocidio cotidiano contra los jóvenes del pueblo trabajador, nuestros hijos y la represión a los luchadores.

****
4 años de impunidad
Marcha por justicia para Carla Lacorte
Miércoles 1° de junio 18 hs
Desde Mitre y Brandsen - Quilmes