Las causas que la justicia contravencional nos abrió a los estudiantes que nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores de Kraft no deja de dar escandalosos giros judiciales. Comenzando con el espionaje y la persecución de los fiscales Brunet y Lapadu, con el pedido de los “servicios” de la Policía Federal para realizar tareas de inteligencia sobre las manifestaciones estudiantiles en Callao y Corrientes, y pasando por el pedido de elevamiento a juicio oral, donde estos fiscales llegaron a pedir 50 días de arresto. Esta política de “paso a paso” en la criminalización y judicialización de la protesta termina con la frase del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, contra los que protesten en las calles, prometiendo que a “aquel que saque los pies del plato” lo va a esperar… “con el código penal en la mano”.

Un nuevo giro reaccionario en la causa

La Jueza Contravencional Cristina Lara, que tenía en sus manos la causa, se declaró incompetente basándose en la nueva y reaccionaria jurisprudencia que sentó la Cámara Contravencional. La misma dictaminó recientemente un nuevo fallo donde señala que el corte de una avenida principal en un horario en que circula mucho tránsito no es una contravención sino un delito que se encuadra en la figura del articulo 194 Código Penal, que reprime con prisión de tres meses a dos años a quien “entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes (…) o los servicios públicos de comunicación”.

Este artículo fue utilizado durante los ‘90 para perseguir a los movimientos de desocupados que salían a las rutas a exigir trabajo. Hoy, frente al pedido de “orden” por parte de las patronales, es utilizado contra los trabajadores como los de Kraft por los cortes en la Panamericana frente a los 160 despidos de la multinacional, o los ceramistas de Stefani, que tienen 14 causas abiertas a los trabajadores y sus abogados que salieron a cortar la ruta. También lo utilizan contra los trabajadores que cortan las vías del subte o trenes para terminar con la tercerización laboral o exigir el reconocimiento de sus organizaciones de base. Mientras la Justicia sigue criminalizando la protesta y pide dos años para estudiantes solidarios con los trabajadores, libera a los policías del gatillo fácil como en el caso de Carla Lacorte y la reciente excarcelación de asesino Salmo, o permite que Ernestina de Noble -quien fraguó los documentos de adopción de sus hijos adoptivos, es una presunta apropiadora de hijos de desaparecidos y se quedó con Papel Prensa a través de torturas a sus entonces titulares- puede salir del país libremente sin dar ninguna explicación sobre su responsabilidad.

Este 23 de julio: una gran movilización contra la criminalización de la protesta

Desde En Clave ROJA venimos impulsando una gran campaña contra estas causas judiciales, denunciando la política del gobierno de Cristina de criminalizar la protesta. A su vez venimos señalando que estas causas no nos amedrentan sino que por el contrario seguimos apoyando la lucha de los trabajadores como los de Felfort que enfrente a una patronal superexplotadora. Esta campaña contra las causas tuvo el apoyo de los decanos de las facultades de Sociales, Filosofía y Letras y Exactas de la UBA, junto a personalidades como Osvaldo Bayer o el premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel y más de 17 diputados nacionales. Este nuevo avance reaccionario de la justicia sobre los que luchan merece que redoblemos la campaña nacional para decirle BASTA a la criminalización de la protesta.
Una de las primeras tareas que tenemos planteada es movilizarnos todos los centros y federaciones a la marcha convocada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia bajo las consignas “No a la criminalización de la protesta social; libertad a los presos políticos; cierre de las causas y anulación de los procesos; basta de represión, asesinatos y torturas a los jóvenes en los barrios”. Esta marcha tiene que ser un paso más para redoblar una campaña que impulse la movilización del movimiento estudiantil y los trabajadores, para pararles la mano.