En el marco de una provincia en recesión, con una inflación creciente y un alto crecimiento de los despidos. Uno de los elemento de negociación entre la UCR y el FPV-PJ para acordar el endeudamiento externo de la provincia, es aprobar junto con la ley de Presupuesto 2014, una nueva Ley de Administración Financiera del sector Público (con excepción del FTyC y otros sectores públicos financieros) que reemplace la legislación de contabilidad pública vigente, incluyendo la polémica adecuación de la normativa de reconducción presupuestaria con endeudamiento que el PJ hizo aprobar por mayoría simple a principios de año. En la novelada polarización con la que se presentó esta disputa política, se han hecho borrosos los trazos que orientaron la redacción de este proyecto de ley, y que son los marcados por los intereses de los grandes sectores empresarios de la provincia que representan estos partidos.

¿Qué se reforma?

La normativa contable del sector público, no es un simple protocolo de administración. En ella se estipula desde la forma de elaboración del Presupuesto provincial, hasta los procedimientos a seguir para el endeudamiento interno y externo de la provincia, el crédito público, la administración contable de las reparticiones, entes y empresas públicas o de mayoría accionaria estatal, así como los Municipios; pasando por el millonario negocio de las contrataciones, las licitaciones y la inversión pública.

La letra de la nuevo proyecto de Ley se ha realizado bajo el marco de la Ley 24.156 de 1992, pleno auge de la corrupción, las privatizaciones y el ajuste del gobierno de Carlos Menem; y se apega en gran parte a la letra de la LAF de la provincia de Santa Fe sancionada bajo el gobierno del también menemista Jorge Obeid. Y en ella aparecen los inconfundibles principios de los Programas de Ajuste Estructural para la administración del Estado dictados entonces por el Banco Mundial, el BID y el FMI. La discusión central de esta normativa pasa principalmente, por cómo se ejecutan el gasto y la recaudación en el estado provincial y quién lo controla, por ello es que aquí se urden tanto las políticas de ajuste fiscal sobre los servicios y empleados públicos, cómo las políticas de mayor transferencia y redistribución de fondos públicos a los usureros externos y el puñado de empresarios que se hacen millonarios con la obra pública.

El borrador propuesto por el PJ y la UCR, orienta este problema más o menos de la siguiente forma: en primer lugar los niveles de endeudamiento, emisión de letras y gastos por fuera del Presupuesto deben adecuarse a las políticas de enfriamiento que presenta el actual periodo recesivo de la economía. Se restringe la discrecionalidad del ejecutivo para éstos empréstitos, impidiendo que se salteen las mayorías absolutas de las cámaras para tomarlos, aunque deja abiertas otras vías para que pueda modificar lo estipulado en el Presupuesto. El punto de partida para esta política se hace sobre la base de haber liquidado sus bancos estatales, y con una provincia que -por fuera del crédito nacional- queda a la merced de las condiciones draconianas del crédito usurario internacional. Desde la izquierda denunciamos esto y planteamos que se debe ejecutar la deuda sobre los empresarios que fundieron los bancos de Mendoza y de Previsión Social, y fijar un impuesto progresivo a las grandes fortunas y utilidades empresarias, y que acompañado de medidas elementales como la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para terminar con la fuga de capitales; le permitan a la provincia desarrollar verdaderos planes de vivienda e infraestructura al servicio de las mayorías trabajadoras.

En segundo lugar, se parte de la presunción de que el estado tendría una enorme e ineficiente cantidad de empleados, amparados por la legislación laboral (estatutos del docente y del empleado público, por ejemplo) que varios legisladores de estos partidos patronales señalan como fuente de todos los males. Para avanzar sobre esto se crearía un departamento de Recursos Humanos, con funcionarios puestos a dedo por el gobernador, que ubican al personal estatal como parte de la hacienda que se debe administrar. Se complementa con lo que establece la ley de presupuesto donde dice que sus funciones se restringirán a controlar que los nombramientos no excedan los autorizados por el presupuesto y a promover el traslado, la relocalización y la flexibilización de las condiciones laborales de los empleados estatales. Una política de profundización de la precarización laboral en el estado. Por supuesto no prevé ningún control sobre el nombramiento y el control de los funcionarios políticos; que son quienes concentran cargos y horas que no trabajan, y obtienen jerarquías por fuera de cualquier carrera profesional. Frente a esto exigimos el pase a planta de todos los contratados, ingresos por concurso en todas las reparticiones y que todos los funcionarios políticos cobren como una maestra con 26 años de antigüedad.

En tercer lugar, se le intenta dar a los grandes proveedores del estado una mayor previsibilidad de los mecanismos y requisitos para las contrataciones. Aquí es donde se concentra la mayor desconfianza en la administración financiera estatal, enormemente extendida en la población y fundada tras décadas de millonarios negociados entre la casta política y los grandes empresarios y banqueros. A los grandes fraudes y desfalcos de la década del 90`, con la fundición de los Bancos de la provincia y las empresas públicas de agua y energía, le siguieron los casos de corrupción de la “década ganada” como los vistos en los casos de los “Vale Más” y la negocio de la publicidad oficial del sr Matar; así como el salto de empresas como CEOSA que pasaron de ser pymes desconocidas a poderosas constructoras e inversoras en pocos años con el negocio millonario de la obra pública.

El sitio de noticias (oficialista) Guaymallén 24 , describía el año pasado de esta forma el negocio de la obra pública:

“Sin embargo hay características que distinguen a las constructoras de las demás empresas: sus principales clientes son las provincias y la nación, teniendo una gran ventaja al adjudicarse una obra, ya que es casi improbable la falta de pago de las mismas. Ganan las licitaciones gracias a que estas son “dirigidas”. Esto significa que los requisitos establecidos se hacen pensando en una empresa en particular, lo que produce que el Estado termine pagando a veces un 50% más de lo presupuestado por la obra o que las mismas sean de menor calidad o vida útil. ¡Un gran negocio para unos pocos!

A todo esto le podemos agregar que los grandes emprendimientos suelen asociarse dos o más empresas en una UTE (unión transitoria de empresas) donde una de las empresas es generalmente mendocina y otra proviene de otro país. La primera es la forma de justificar el negociado con la excusa de apoyar a los emprendedores locales y aumentar los puestos de trabajo (que serán menos de los proyectados o subcontratados a penosas condiciones a otra empresa). La segunda aporta “prestigio” a la hora de conseguir créditos en organismos como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) o, paradójicamente, en la misma provincia contratante. También puede aportar alguna tecnología “innovadora” y más “eficiente” que, casualmente, permita aumentar escandalosamente el costo de la obra y mejorar las ganancias. Todo esto junto a que una parte de la dirigencia política está comprometida con los intereses de las corporaciones, resulta en una gran estafa al Estado amparada en meros tecnicismos legales.” Guaymallén 24, Luces y sombras de los emprendimientos en Mendoza, 8 de Febrero de 2013

Esos “tecnicismos legales” son lo que se intentan arbitrar mejor en el actual proyecto de Ley, como principios generales de la contratación pública; estableciendo las preferencias por empresas “mendocinas” y las tecnologías más “avanzadas”. Se sostiene tanto la licitación pública como la compra por catálogo de oferta permanente. ¿Pero qué cambios prevé este proyecto con respecto al control público de este negocio millonario?

El proyecto propone la creación de una “Auditoría Interna de la Provincia”, que reporte directamente al gobernador cualquier anormalidad en las contrataciones y la contabilidad pública. Esto no es más que un nuevo fraude. Pretende mostrarse que el mismo mandatario que designa a los funcionarios responsables de toda la administración pública, como alguien que en sus funciones desconoce lo que éstos hacen; algo que Lafalla también presentaba de esta forma en su momento. Lo que el PJ y la UCR no pueden explicar es por qué no pueden administrar en forma “eficiente y transparente”, contando ya no sólo con una Contaduría General y un Asesor de Gobierno que llevan más de 27 años en su cargo sin que la Legislatura considere que haya cometido faltas graves a su función a pesar de los latrocinios del patrimonio público vistos durante las privatizaciones de los años 90; con una Fiscalía de Estado y un Tribunal de Cuentas conformados por miembros nombrados también por estos partidos. No podemos esperar que esta nueva burocracia, de similares características (ser designada y controlada desde propio poder político) a las de estos organismo, desbarate los negociados frente a los que sus pares se muestran “incapacitados”, “ineficientes” o “incautos” para develar y perseguir.

Por ello decimos que con esta nueva ley, se sigue preservando a los funcionarios de cualquier control directo del pueblo trabajador que sostiene al estado con sus impuestos y el fruto de su trabajo.

¿Quiénes reclamaban esta reforma?

Cómo no podía ser de otra manera, quienes venían reclamando esta reforma administrativa son lo que realmente resultan beneficiados con las contrataciones y las transferencias de recursos públicos a sus arcas personales. El discurso de la “responsabilidad fiscal” se presentaba en los albores de este fin de ciclo de la siguiente forma: “es conveniente reorganizar las verdaderas necesidades de prestación en bienes y servicios corrientes, generar un orden de prioridades en las compras y negociar precios y formas de pago en las licitaciones. (…) La Provincia debe enfrentar una realidad que excede a la gestión de un Presupuesto. Hacia adelante, el tema de la administración financiera del sector público debe ser revisado en su esquema estructural y los Presupuestos deberían contener pautas más acordes a la realidad, para que sean una herramienta adecuada de gestión.” Documento del CEM, Septiembre 2010

Estos impulsores de la “responsabilidad fiscal”, son los mismos dueños de la provincia, que beneficiados con el saqueo de los fondos y recursos públicos, allá por el año 97` decían:

Este documento tiene un valor incalculable no sólo desde el punto de vista histórico, dando fe de cómo los principales empresarios de la provincia fueron los impulsores del desfalco de los bancos provinciales, de los aportes jubilatorios de los trabajadores y del desguace de los servicios públicos en Mendoza; sino también para cualquiera que quiera comprender la naturaleza de la nueva legislación propuesta para la administración de los negocios comunes de los capitalistas en nuestra provincia.« El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”» Por lo cual resulta imposible no recordar la vieja definición de Karl Marx, cuando decía “El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”. Esta asociación entre grandes empresarios y funcionarios políticos ha sido por demás provechosa para ambos. Por eso estamos por un Gobierno de los Trabajadores que es el único que puede gobernar en función de la mayoría del pueblo trabajador y sus necesidades.

Por ello rechazamos esta nueva ley, que no será otra cosa que un protocolo de negociados con los grandes empresarios y usureros, de ajuste contra los trabajadores, la educación y la salud pública.

Teléfonos:
Noelia Barbeito 2612475108
Cecilia Soria 2634280606