Nada bueno podía venir de una Constitución remendada por un acuerdo reaccionario y antidemocrático como lo fue el Pacto de Olivos, sellado entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín con los auspicios de Luis Barrionuevo y Enrique “Coti” Nosiglia en medio del auge del neoliberalismo, las privatizaciones y una histórica entrega nacional. Un Pacto que solo tenía como fin la reelección del presidente riojano.

Los constituyentes que se reunieron en Santa Fe y Paraná sabían que sólo podían reformar una parte de la vieja Constitución liberal de 1853/1860/1956. Una Asamblea Constituyente amañada fue la que parió a la Constitución vigente.

El 100% de los convencionales constituyentes presentes votaron afirmativamente la reforma. Esto incluyó a la actual presidenta, Cristina Fernández y sus aliados del FrePaSo, junto al PJ y a la UCR, incluyendo, claro está, a la diputada Elisa Carrió y al hoy senador Fernando “Pino” Solanas. La única excepción fue la del obispo Jaime de Nevares, que pese a haber sido electo por la provincia de Neuquén, se negó a ingresar a la Constituyente por ser “viciada de nulidad absoluta”.

Pese a los cantos de sirena del radicalismo, que creía haber conseguido una pequeña victoria con la creación de la figura del jefe de Gabinete, el omnipotente presidencialismo lejos de cesar se profundizó creando un régimen que funciona a decretazos “de necesidad y urgencia”, con una Cámara de Diputados que se reunió seis veces en todo lo que va del año. La incorporación del tercer senador no se tradujo en ningún cambio significativo para las provincias, sino la cristalización del dominio bipartidista peronista-radical.

La incorporación de los tratados internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional no evitó que hoy en la Argentina haya más de 4.000 personas con demandas penales por el solo hecho de haber participado en protestas. Desde la sanción de la Constitución de 1994 hubo más de 3.500 casos de “gatillo fácil” policial esencialmente contra jóvenes pobres y más de 80 personas murieron asesinadas por haber participado en movilizaciones populares.

La incorporación de los llamados derechos de tercera o cuarta generación, como los de los consumidores, no redituó en mejora alguna para el pueblo trabajador que año tras año sufrió el deterioro interminable de servicios públicos como los ferrocarriles urbanos. Basta ver cómo viven millones de personas en los albores de la cuenca del Riachuelo (ríos Reconquista y Matanza) para definir que los “derechos ambientales” continúan totalmente al arbitrio de las grandes empresas capitalistas, para no hablar de la minería contaminante en las provincias cordilleranas.

La provincialización de los hidrocarburos, presentada como un premio para las provincias petroleras, sirvió para que las oligarquías políticas locales pudieran negociar y pactar libremente con los monopolios del rubro, como Repsol. Las poblaciones de Cutral Có y Tartagal son testigos directos de lo que significó la provincialización con la privatización de los hidrocarburos.

La profundización de la soberanía nacional ni se trató en aquella Constituyente, un dislate en medio de uno de los procesos más importantes de entrega nacional de nuestra historia. El pago a Repsol, al Club de París y todos los intentos de pactar con los “fondos buitres” son la muestra que hoy, 20 años después, no hubo ninguna reversión esencial en cuanto a la dominación de las grandes potencias imperialistas sobre la Nación. Que hoy, diez años después de un Gobierno declarado “nacional y popular” el 70% de las principales 500 empresas sean extranjeras, lo reafirma.

Hoy pese a su origen totalmente viciado por un pacto espurio, a que no hubo ninguna democratización del régimen, a que continuó y se profundizó la entrega nacional, a que el pueblo trabajador no obtuvo ningún beneficio por sus cambios, el conjunto de la casta política -oficialistas y opositores- defiende y le rinde pleitesía a esta Constitución.

Las luchas de los trabajadores que enfrentan con vehemencia los ataques del capital, como hoy vemos en la autopartista norteamericana Lear y a nivel nacional con el paro del 10 de abril, y la reciente y extraordinaria votación del Frente de Izquierda, pueden ser los primeros síntomas de la construcción de una fuerza social y una organización política que a través de la movilización pueda imponer un Gobierno de los trabajadores que supere las pobres migajas que ofrece esta democracia capitalista. A eso apostamos desde el PTS y el Frente de Izquierda.