El caso Dalmasso vuelve a tomar repercusión en los medios nacionales a partir de la imputación a Facundo Macarrón, hijo de Nora, como responsable del crimen. En los últimos días el círculo de posibles responsables se ha ampliado. Más allá del morbo y la cantidad de comentarios sobre la vida íntima de Facundo, lo que es evidente es cómo este caso ha desnudado la relación que existe entre el poder político y económico en la provincia de Córdoba.

Esta vez, la imputación en “grado leve”, ha permitido que Facundo siga libre. Hace 4 meses, fue necesaria la movilización conocida como el “Perejilazo”, para lograr que el pintor Gastón Zárate fuera liberado. El mismo había sido detenido, basándose en “pruebas concluyentes”, surgidas de los aprietes policiales sufridos tanto por su novia como por un amigo1. Ese día más de 2.000 personas salieron a la calle denunciando que Zárate era un chivo expiatorio. Lo escandaloso de la maniobra obligó al mismo De la Sota a decir “Todos esperábamos que se encontrara a alguien del círculo íntimo, o a alguien rico y famoso involucrado en un crimen”2. Esto abrió una crisis que llevó a la renuncia del Fiscal General de la Provincia, Vidal Lascano3, como parte de una cadena de renuncias de funcionarios.

Esta crisis no ha sido aún solucionada. El enorme descreimiento en la justicia que mostró el “Perejilazo” no ha sido superado. Al mismo tiempo Schiaretti, candidato del PJ cordobés y actual vicegobernador de la provincia ha hecho trascender que intentará que este caso no salpique la campaña electoral.

Poder político y poder económico

El caso tocó al poder político provincial desde sus inicios. El primer imputado de esta causa fue Rafael Magnasco, funcionario de la Secretaría de Seguridad, supuesto amante de la víctima, que después fue sobreseído. Magnasco era además socio (en un estudio jurídico) del secretario del área, Alberto Bertea. Ambos debieron renunciar ante el escándalo.

El vocero de la familia Macarrón fue durante meses Daniel Lacase, ex funcionario menemista, vinculado a Julio César Araóz, conocido en Córdoba, por vender, junto a algunos represores, muebles robados a los desaparecidos durante la dictadura.

Marcelo Macarrón, esposo de Nora y padre de Facundo, ha sido mencionado en diversos medios como testaferro del mismo De la Sota. A esto colaboró el de hecho que su fortuna sea inexplicable con sus ingresos mensuales.

El anterior abogado de Facundo era Benjamín Sonzini Astudillo, quien patrocinó al ex gobernador Herman Olivero en su querella contra el periodista Tomás Méndez, quien lo denunciara por estar “colgado” de la luz. El actual es Marcelo Brito, ex fiscal de estado del gobierno de De la Sota.

El caso Dalmasso pone blanco sobre negro la relación entre estos sectores acomodados de la sociedad y el poder político. Como señala La Voz, “Que Facundo Macarrón haya sido acusado de un crimen aberrante y no resulte preso, mientras que el supuesto “perejil”, el pintor, fue arrestado en su momento, al fin y al cabo no hace más que agudizar la sensación de que hay Justicia para unos y Justicia para otros”4.

En los últimos días hemos visto además un operativo mediático para despegar al gobierno provincial y a De la Sota, de este crimen, teniendo en cuenta que los primeros imputados eran integrantes de este gobierno.

La justicia cordobesa ya tiene “antecedentes”: fue la que falló contra los trabajadores de Cargo-Volkswagen y Cargo-Renault; la que dejó libres a los policías de “gatillo fácil” asesinos de David Moreno y Sergio Ferreira, la que fue repudiada por la población de Corral de Bustos, a fines de 2006, con la quema del edificio de Tribunales y que luego procesó a decenas de habitantes de ese pueblo.

Esta justicia no puede ser mejorada o reformada, sólo la movilización obrera y popular, barriendo al actual régimen político, podrá imponer una auténtica justicia, libre de toda relación con la clase capitalista y sus funcionarios.