Cada día queda más claro. El 7D puede no pasar nada. Y si pasa algo, no tendrá que ver con el fin de los monopolios ni con la libertad de expresión de las mayorías populares.

Así lo confirman el gobierno y Clarín en cada nuevo acto, demostrando que, ante todo, lo que defienden son grandes intereses capitalistas. Mientras millones de laburantes la reman sintiendo que el salario se escurre cada vez más rápido, Cristina y Magnetto suben el tono queriendo convencernos de que se vienen definiciones trascendentes. Pero la discusión, al pueblo trabajador, le es cada vez más ajena.
 
“Sanatella”
Así llamaba el encuestador k Artemio López a Sabbatella en 2011, acusándolo de dividir votos con su candidatura contra Scioli en Buenos Aires. Ahora el apodo podría volver a usarse, visto las últimas apariciones públicas del funcionario. Es que el titular de la AFSCA, mientras repite que “la Ley de Medios es para todos”, empezó a tranquilizar a varias corporaciones. “Estamos estudiando cada caso”, dice Sabbatella y así evita hablar de Cristóbal López (Radio Diez, C5N), Alberto Pierri (Telecentro) y otros empresarios amigos.

Además dijo que el Grupo Prisa de España, al ser dueño de Radio Continental vía una firma radicada en EEUU, no necesita desinvertir ya que está amparado por un acuerdo de “reciprocidad” firmado por Menem y Clinton en los ‘90.

Y llegó al colmo cuando “informó” que Telefé no es de Telefónica, o mejor dicho sí, pero de Telefónica Argentina, no de la española, con lo cual la cláusula de desinversión no correría para ese pulpo imperialista.
Basándose en los artilugios que las multinacionales usan para desembarcar en los países semicoloniales, Sabbatella resguarda los intereses de grandes “corpos”. Algunas, más grandes que Clarín.
 
Causas comunes
Quizás un poco cebado por percibir que el 7D puede no pasar nada, en los últimos días Clarín volvió a arremeter.

Por un lado, le pidió a la Corte que le amplíe la cautelar más allá del viernes 7. El tribunal ninguneó el planteo pero le hizo un guiño y, en un fallo unánime, el martes le exigió al juez Alfonso que se apure en resolver la causa que hace tres años inició “la Corpo” por supuesta inconstitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios. Difícilmente Alfonso falle antes del 7D, con lo cual esa fecha resulta todavía más irrelevante.

Los k y Clarín interpretaron esa resolución de la Corte cada uno a su manera, lo que hace pensar que seguirán jugando en los tribunales “ad infinitum”.

Por otro lado, Clarín denunció a funcionarios y periodistas k por “incitación a la violencia”. Una maniobra tan burda (insostenible jurídicamente) que hasta clarinistas como Lanata, Gelblung y Morales Solá terminaron solidarizándose con Sandra Russo (678 y Página/12) y Héctor Caballero (Tiempo Argentino). Y los abogados de Noble y Magnetto debieron recular, anulando la demanda contra los periodistas k.

Los reveses de “la Corpo”, sin embargo, no logran convertirse en triunfos del gobierno. A Cristina se le complica seguir sosteniendo esta “cruzada” como si fuera la madre de todas las batallas mientras le llueven los problemas económicos y protestas como el gran paro del 20N prometen continuar. La “jugada democrática” oficial ya no convence.

Muchos trabajadores de Cablevisión, puestos a elegir entre la odiada patronal de Magnetto o algún otro empresario mafioso, prefieren quedarse donde están. Lamentablemente la posibilidad de una política independiente para los trabajadores de los medios es obstaculizada por las dirigencias sindicales que van detrás de uno u otro bando patronal, contra los intereses de sus representados.
 
Operadores
En medio de la pelea se coló una discusión sobre la “libertad de expresión”, atacada por Clarín al denunciar a los periodistas k. Una jugada que aprovechó el kirchnerismo para victimizarse, logrando que la maniobra fuera repudiada hasta por periodistas de Clarín.
Pero los ataques a la libertad de expresión, sobre todo la de los trabajadores y el pueblo pobre, son normales en todas la empresas de medios, sean oficialistas u opositoras. En manos de empresarios, los medios siempre operan contra la libertad de las mayorías.

Y aunque el kirchnerismo adorne sus discursos, los hechos lo delatan. Verbitsky habla de libertad de expresión desde Página/12, pero calla frente a la censura que el propio diario le aplicó a Darío Aranda cuando el periodista denunció los crímenes de campesinos en provincias ultra k.1
Sandra Russo derrocha “democracia” en 678, pero mira para otro lado cuando los propios trabajadores de Canal 7 denuncian que la gerencia no los deja expresarse en la tv “pública” contra el impuesto a las ganancias, por la universalización de las asignaciones familiares y el 82% móvil2.
¿Y qué decir de Tiempo Argentino, un experto en operaciones? Basta recordar las notas a favor del encarcelamiento del “Pollo” Sobrero en 2011, inventando pruebas que cayeron a poco de ser publicadas; o cuando quisieron despegar a Pedraza del kirchnerismo en las primeras horas posteriores al crimen de Mariano Ferreyra.

Las operaciones de la red de medios k (estatales y privados) para coartar la libertad de expresión de los trabajadores y los sectores populares que luchan y se organizan independientemente, negando todo debate público y cercenando la voz de la izquierda, confirman que en su pelea contra Clarín el gobierno y sus aliados apelan a los mismos nefastos métodos usados por “la Corpo” a lo largo de su historia. No casualmente fueron esos medios los que menos reflejaron el paro nacional del 20N, apelando al ocultamiento de los hechos y a argumentos típicamente noventistas contra los trabajadores.

Alcanzar una verdadera libertad de expresión y democratizar los medios nada tiene que ver con esta guerra entre bandos patronales, atestada de mentiras y laberintos judiciales.