Hace una semana el juez Oyarbide dio por terminada la investigación sobre las escuchas telefónicas hechas por el Gobierno porteño. Ahora se debería fijar fecha para el juicio oral donde se juzgará a Mauricio Macri, quien junto al “Fino” Palacios, Ciro James y otros ex funcionarios porteños están acusados de montar un aparato de espionaje contra opositores políticos, sindicatos y estudiantes. Las denuncias cuestionan sobre todo a la Policía Metropolitana, esa que Macri llenó de ex agentes federales y bonaerenses especializados en todo tipo de delitos.

Myriam Bregman, abogada del PTS y el CeProDH, afirmó en un comunicado: “que nadie crea que Mauricio Macri vaya a ir preso así por que sí, y no porque no sea culpable, sino porque goza de la impunidad del poder y la riqueza, y este juicio se va a dilatar hasta el infinito”.

Apenas conocida la noticia el kircherismo festejó la posibilidad de que Macri sea enjuiciado. Desde Página/12 hasta 678 volvieron a escandalizarse con la causa de las escuchas. Una verdadera caradurez, ya que denuncian el espionaje de Macri pero hipócritamente no dicen nada del Proyecto X, el sistema de espionaje dirigido desde la Rosada y ejecutado por Gendarmería contra trabajadores combativos, estudiantes y organismos de derechos humanos. La misma lógica que le cuestionan a Clarín y La Nación la aplican para ocultar la criminalización del gobierno nacional.

Para Bregman “en materia de espionaje Macri no se diferencia en nada del gobierno de Cristina”. Es que tanto el Estado nacional como las gobernaciones e intendencias tienen sus propios aparatos de inteligencia, espían, persiguen e infiltran las organizaciones populares. En la pelea entre Macri y el kirchnerismo, como en la interna entre CFK y Scioli, todos usarán esa “inteligencia” para extorsionarse mutuamente. Pero todos se ponen de acuerdo para usar esos recursos contra los trabajadores combativos y el pueblo pobre.

Para acabar con el espionaje y la criminalización de la protesta hay que pelear por la destrucción del Proyecto X y todos los sistemas de espionaje en manos del Estado, por la disolución de todos los servicios de inteligencia y de todas las policías e instituciones represivas que ningún gobierno capitalista, sea de derecha o “nacional y popular”, está dispuesto a abandonar.