Un día fueron coches para la línea San Martín. Otro, 300 para el Roca. Made in China, acuerdo bilateral mediante. Hace poco, la “estatización” del Belgrano Cargas. Estas medidas vienen siendo anunciadas por el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, que muestra una actitud “emprendedora”, a tono con el discurso oficial de la “década ganada”. Esta semana se quitó la concesión de dos ramales de carga que operaba la brasileña ALL, y del Tren de la Costa, ese alicaído emprendimiento lanzado con pompa en el ’95 en la zona más cheta del norte del Gran Buenos Aires. En este último caso, la quita formaliza una situación en la que el Estado venía pagando los salarios de los trabajadores y la concesionaria SCP (Sociedad Comercial del Plata, del grupo Soldati) no pagaba el canon desde 2001.
Lejos de cualquier tinte épico sobre la “recuperación de lo nuestro”, en este caso se “quita” a las empresas (con las que ya se venía discutiendo el asunto) un servicio que desde el punto de vista de sus ganancias no era redituable. Así funcionan las concesiones de servicios públicos a privados: estos se interesan cuando hay garantía de ganancias millonarias (ya sea por subsidios, ingresos por publicidad o la posibilidad de crear otras compañías que presten a su vez servicios a las empresas concesionadas, como hicieron Roggio o los Cirigliano), pero todo cambia cuando disminuyen las ganancias. Así el Estado se va haciendo cargo de servicios deficientes, con infraestructura que no fue mantenida correctamente o renovada; pero lejos de atacar los problemas centrales, en general los funcionarios optan por realizar mejoras superficiales o tomar medidas que benefician a ciertos sectores empresariales. En el caso del Belgrano Cargas, por ejemplo, se trata de un ramal extensísimo, en gran parte inutilizado por falta de uso y mantenimiento, y que a diferencia de otros momentos, hoy transporta casi exclusivamente soja.

Este manejo de los servicios públicos no es novedoso. Uno de los aportes del marxismo ha sido demostrar por qué el Estado se hace cargo de algunos bienes y servicios públicos, mientras que otros quedan en manos de empresas privadas: se trata centralmente de una cuestión de ganancias, ya que las empresas sólo están donde pueden sacar rédito, mientras el Estado se encarga de lo “deficitario”; incluso cuando hay una concesión hecha a un privado, el Estado termina haciéndose cargo de gran parte de los costos, como vimos durante toda la década kirchnerista de subsidios a granel. Este manejo de la infraestructura y los servicios desde el punto de vista de la ganancia empresaria hace imposible que las penosas condiciones de vida a las que se ve sometido el pueblo trabajador vayan a cambiar sustancialmente mientras estemos bajo un gobierno que gestiona para los empresarios. Si no, ¿cómo se explica la masacre de Once, que hace 15 meses enlutó a nuestro país? ¿O las decenas de fallecidos durante las inundaciones hace dos meses? Como en el resto de los servicios públicos, la única solución realista es nacionalizar todos los ramales creando un sistema ferroviario centralizado, controlado por los sus trabajadores y usuarios, los verdaderos interesados en convertirlo en un servicio eficiente y adaptado a las necesidades de la mayoría de la población.