La trata de personas y el narcotráfico son dos problemas que la oposición señala como urgentes para solucionar por el Poder Ejecutivo y para debatir y controlar desde el Congreso. Los candidatos a diputados nacionales por Córdoba expresaron su postura ante estos temas.
El pasado 5 de julio, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó las reformas de la ley 26.364, que establece las penas de los imputados por la trata de personas. Sin embargo, los candidatos opinan que más allá del marco legal, resta mucho por hacer para la prevención de este delito.
Griselda Baldata, candidata y actual diputada nacional de la Coalición Cívica, explicó que ha trabajado mucho en la temática de la trata de personas en el Congreso. "Hemos fijado agenda como por ejemplo el tema de la Ley de Trata de Personas, aunque salió insuficiente. Particularmente he trabajado mucho esta temática, que me preocupa profundamente".
Eduardo Mondino, candidato del Frente Popular, sostuvo que sin complicidad del Estado, no hay trata. "El tema de la trata es un tema muy particular, la trata tiene complicidad del Estado, de lo contrario no hay trata. No hay prostíbulo, whiskería, que no conozca el comisario del pueblo, el jefe de la Policía. Por lo tanto, si se quiere avanzar seriamente, no es un tema de resolución difícil porque es conocido en todos los lugares".
Hernán Puddú, del Frente de Izquierda, cuestionó también la complicidad del poder con la trata. "La trata de personas es el segundo negocio ilegal internacional más rentable, esto no puede hacerse sin estar asociado al poder político, empresario y a la Policía. Córdoba es un centro neurálgico de trata y las whiskerías, que tendrían que estar prohibidas, siguen abiertas y protegidas por la misma Policía".
El candidato radical Mario Negri propone "la creación de un plan nacional para la lucha contra la trata de personas, dirigido por un Consejo Federal compuesto por representantes de organismos y ministerios nacionales y provinciales, auxiliado por un cuerpo de asesores de organizaciones no gubernamentales".
Narcotráfico en Argentina. Jorge Valinotto, candidato del Frente Amplio Progresista, señaló que tanto el delito de trata de personas como el narcotráfico "son problemas muy graves y hay que tratarlos con mucha seriedad". "Yo creo que exige un sector muy especializado en las fuerzas policiales y trabajar muy seriamente con los elementos necesarios que debe proveer el Gobierno, para ir haciendo prevención y represión cuando se produce este tipo de hechos", agregó el candidato.
Negri y Baldata coincidieron en la necesidad de la radarización y el control del espacio aéreo. "En los últimos años se han multiplicado las pistas clandestinas, sobre todo en el nordeste de nuestro país, donde hay más de cien. Argentina ha dejado de ser un país de tránsito para la droga, para transformarse en un país de elaboración. Por eso, vamos a trabajar sobre un proyecto que contemple la definitiva radarización y control del espacio aéreo", señaló Negri.
"Tenemos la Ley de Seguridad Interior, que es una buena ley–no hay vacío legal–, que implica la formación del Consejo de Seguridad Interior, que debería funcionar mensualmente e incorporar a los intendentes. Hay que radarizar al país para controlar las fronteras, incorporar a los intendentes, la política no funciona y el Ministerio me parece que en materia de narcotráfico mira para otro lado", aseguró Baldata.
Por último, Puddú sostuvo: "Las mafias gozan del mismo amparo del Estado, que persigue y criminaliza a la juventud porque consume mientras,
los grandes narcotraficantes actúan con total impunidad".
Leyes y penas contra la trata de personas y el narcotráfico
Ley contra la trata de personas. El delito incluye la captación de personas, ya sea para la explotación sexual, las prácticas de esclavitud, los trabajos forzados y la extracción ilegal de órganos y tejidos. La ley 26.364 establece que el delito será castigado con penas de 3 a 6 años de prisión, que pueden elevarse a 10 si el culpable fuese familiar directo o cónyuge de la víctima. Si la víctima es menor de edad, la escala penal se eleva de 4 a 10 años de prisión. Si se trata de menores de 13 años, será de 6 a 15 años de prisión efectiva. Con la modificación, no se contempla el consentimiento de la víctima como atenuante de penas.
Ley de lucha contra el narcotráfico. La ley 23.737 establece penas de prisión de 4 a 15 años para aquella persona que produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes sin autorización o con destino ilegítimo. Incluye la comercialización y distribución de los mismos. Estas penas podrán ser aumentadas en un tercio el máximo y a la mitad el mínimo si perjudica a mujeres embarazadas, disminuidos psíquicamente, menores de edad o si el imputado es un funcionario público. La norma también incluye un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación para drogadependientes.