En la mañana del miércoles, a las 9:40hs, una enorme explosión por una fuga de gas, hizo temblar 4 kilómetros a la redonda en la ciudad de Rosario. Los fallecidos llegan a 12, 63 son los heridos, y 13 personas continúan desaparecidas.

La conmoción y el dolor popular es indescriptible. Once de septiembre, AMIA, Irak, son las imágenes que invaden el imaginario popular.

La desolación fue total. 40 minutos después de la explosión todavía había gente que se encontraba aislada en el interior del edificio en llamas. Las unidades de bomberos y las ambulancias escasean. Los hospitales, supuestos ejemplos de la gestión “socialista” colapsaron en pocos minutos.

Nuestra provincia conoce de grandes crímenes sociales como las inundaciones de 2003, pero también sabe de la solidaridad popular. Médicos (entre ellos compañeros del PTS) se acercaron inmediatamente para asistir a las víctimas.

La desolación fue total. 40 minutos después de la explosión todavía había gente que se encontraba aislada en el interior del edificio en llamas.

Vecinos ofrecen sus casas particulares para acoger a los afectados. Las colas para donar sangre se mantienen en forma permanente. En las universidades comenzamos a organizar la solidaridad. En los lugares de trabajo tratamos de ayudar a nuestros compañeros y familiares que tienen conocidos entre las víctimas o desaparecidos. Nuestro partido se ha puesto a disposición de las víctimas, siendo parte de la inconmensurable solidaridad popular.

No sería la primera vez que ante una tragedia en nuestra provincia, las autoridades de turno tratan de controlar las implicancias de las posibles responsabilidades desinformando a la población. En el día de ayer negó el derrumbe del bloque central de 9 pisos y 18 departamentos aunque las imágenes televisivas confirmaban claramente esa información. Reconocer esto no es meramente periodístico: hubiera ayudado a buscar sobrevivientes ahí, inmediatamente. A su vez, el gobierno del PS retacea los datos de las víctimas y solo contabiliza a aquellos que estén identificados.

Desde ayer propusimos a todas las organizaciones obreras, estudiantiles y populares se pongan al servicio de organizar la solidaridad con las víctimas, además de exigir una comisión investigadora Independiente para llegar hasta las últimas consecuencias.

El fracaso criminal de la privatización del gas

Los vecinos aseguran que desde hace días reclaman a Litoral Gas SA por pérdidas de gas, y que incluso ésta había cortado el gas al edifico días atrás. Sin embargo, los voceros de la empresa lo negaron mil veces. En horas de la noche se confirmó la verdad de los vecinos. Esta enorme tragedia podría haberse evitado.

Independientemente del rol del gasista, del que conocerá a posteriori si actuó con negligencia, todo indica que la primera responsabilidad recae sobre la empresa Litoral Gas SA. Esta empresa incumplió sistemáticamente, y por más de 20 años, los requerimientos de inversión. Tal es así que al día de hoy, en la provincia de Santa Fe, la tercera en importancia económica y demográfica del país, el 65% de nuestro territorio no cuenta con gas por redes.

Es tal la responsabilidad de la empresa que luego de tres horas de sucedida la explosión, Litoral Gas SA aún no había cortado el suministro aduciendo no contar tan siquiera con las válvulas de seguridad necesarias. Fue necesario romper veredas y caños para liberar el gas contenido en la zona y que hacía imposible apagar el incendio y avanzar en el rescate.

La hipocresía de una clase social y política cómplice y responsable

Sin embargo, Litoral Gas SA no es la única responsable. No se puede hacer y deshacer sin la complicidad política de turno. Litoral Gas SA, es la concesionaria provincial tras la privatización de Gas del Estado en 1992, bajo el gobierno nacional de Carlos Saúl Menem. En Santa Fe, esta privatización fue acompañada por el por entonces gobernador Carlos Alberto Reutemann. En la intendencia de Santa Fe Capital se encontraba Jorge Obeid.

La privatización fue aprobada sin el quórum necesario. El PJ logró la aprobación mediante los famosos "diputruchos". Uno de los Diputados del PJ en ese momento es Marcelo Muniagurria, quien acompañó a Reutemann como Vice Gobernador en 1999 y en 2003. Actualmente revista en las filas del PRO de Miguel Del Sel.
Pero también las responsabilidades recaen sobre el actual gobierno del PS quien en más de 6 años de gestión sostuvo a esta empresa.

El 2 de agosto último, hace apenas 4 días, la Cámara de Senadores de la provincia dio media sanción a la ley para la creación de una empresa santafesina de Gas. Pero esta no remplazaría a Litoral Gas SA, sino que simplemente se encargaría de realizar las obras que la privatizada no llevó adelante.
Sin embargo, ni por la forma escandalosa en la que se privatizo, ni por la desinversión que mantiene el 65% sin gas, se le canceló la licencia que Litoral Gas SA tiene por 35 años, es decir hasta el 28 de diciembre de 2027 con la posibilidad de ampliarla por 10 años más, hasta 2037.

Ahora vemos a la Intendenta Fein, al Gobernador Bonfatti, y a personeros del gobierno nacional como Rossi y Berni, muestrarse ante las cámaras con forzada preocupación, pero durante 20 años privatizaron o mantuvieron la privatización de este servicio básico. La propia Cristina, hoy repudiada por familiares, fue, junto a sus esposo, fanática de la privatización de los hidrocarburos.

Distintos frentes decidimos suspender las campañas electorales. Pero algunos no lo hacen por “sensibilidad social”. Lo hacen por una sencilla razón. Investigar a fondo implicaría demostrar la complicidad de ambos gobiernos con la privatización de servicios básicos, que como se demostró en la Masacre de Once, paga el pueblo trabajador, primero con servicios pésimos, a veces con la propia vida.

Desde anoche, mientras los familiares de las víctimas de la explosión de Rosario deambulan del lugar del hecho hacia el CEMAR movidos por la desesperación de no encontrar a sus seres queridos, una asqueante operación político-judicial se puso en marcha. Los dos gobiernos quieren imponer la "solución" para no aceptar el fracaso criminal de la privatización de Litoral Gas. Se detiene al gasista y no se discuten las responsabilidades de la empresa.

Las organizaciones obreras, estudiantiles, de DDHH y la izquierda no podemos aceptar esta hipocresía capitalista. En necesario poner en pié una Comisión Investigadora Independiente para esclarecer lo sucedido, a la vez que es urgente la expulsión de Litoral Gas SA, la reestatización de este servicio básico, y su puesta en funcionamiento bajo control de obreros, técnicos y vecinos, que junto a un verdadero plan de obras públicas brinden un servicio acorde y seguro para todo el pueblo trabajador.