El juicio oral que se inició en Neuquén contra 8 genocidas que actuaron en la última dictadura militar en la zona, reabre el debate sobre la verdad histórica de lo que fue la dictadura. Las mismas víctimas en sus testimonios aportan elementos indiscutibles que demuestran cada uno de los objetivos de ese genocidio. Surgen de sus propios relatos que nuestra zona no era ajena a la situación de radicalización política y de un altísimo nivel de organización y militancia de los trabajadores y el movimiento estudiantil. Militaban en organizaciones políticas, barriales, sindicales y estudiantiles.

Había un lugar ganado incluso en los diarios regionales, con una página dedicada a la “actividad gremial”. Huelgas obreras, luchas Universitarias, militancia política recorrían la zona. La “toma” de radios, edificios públicos y fabricas empezaba a ser un método de lucha. Por ello no puede llamar la atención que los primeros detenidos en momentos previos al golpe militar, fueran dirigentes obreros y activistas sindicales. Luego se sumarian militantes barriales y políticos de la JP, ERP, y un gran sector perteneciente al movimiento estudiantil universitario, principalmente de la carrera de Servicio Social, como también artistas y estudiantes secundarios.

Estuvieron detenidos y, algunos de ellos, están desaparecidos, trabajadores de la huelga de Sierra Grande, integrantes de la lista Azul de Agua y Energía, militantes que participaron de la toma a una radio local, trabajadores de YPF, entre otros. Sin dudas que uno de los objetivos de la dictadura sangrienta fue desarticular este alto nivel de organización y lucha. Para lograr imponer un plan económico, político y social, cuyas consecuencias vivimos hoy.

Debían destruir y aniquilar a la vanguardia organizada, a los que iban a resultar un obstáculo para su plan genocida. Junto con ello, como pilar fundamental del plan represivo, debían garantizar la impunidad para todos los que fueron parte de la maquinaria asesina y, para ello, sellaron un pacto de silencio que mantiene seguros -a 32 años- a todos los que no eran la cara visible, pero que fueron ejecutores, secuestradores, torturadores, apropiadores de niños, asesinos, desaparecedores.

La realidad es la impunidad

En la zona actuaron solamente en el Ejército, alrededor de 2000 efectivos. A ello debemos sumarle los miles de efectivos distribuidos en las tres policías (Policía Federal, Policía de Río Negro, Policía de Neuquén y el Servicio Penitenciario Federal). El plan incluyó trasladados de compañeros secuestrados de diferentes ciudades, entre comisarías, centros clandestinos y cárceles. Desde Neuquén a Bahía Blanca, desde Neuquén a la cárcel de Rawson, la mayoría de las veces estos traslados fueron realizados en avión, aunque también algunos en comitivas de vehículos del Ejército.

Funcionaron en la zona varios centros clandestinos de detención y tortura entre los que podemos identificar: el Centro Clandestino de Detención “La Escuelita”, que funcionó en el Batallón de Ingenieros 181; el sótano de la Delegación Neuquén de la Policía Federal; la Comisaría Cuarta de Cutral Co; la Sección Junín de los Andes de Gendarmería Nacional y la Comisaría Cuarta de Cipolletti.
Si pensamos que hay en este juicio 8 genocidas acusados, y en el siguiente tramo 24 indagados, es claro que más del 95% de los genocidas continúan impunes y muchos de ellos en funciones.

De qué hablamos cuando hablamos de genocidio

No podemos desligar lo que sucede en este juicio de lo que pasa a nivel nacional. Que se juzgue sólo a algunos genocidas por algunos compañeros, es parte de la decisión política del gobierno nacional de juzgar sólo a los más emblemáticos, para fortalecer la idea de justicia y, sobre todo, avanzar en una política abierta de reconciliación con las mismas fuerzas genocidas que mantienen en sus filas a miles de los que actuaron en la dictadura. Esos miles son los que actúan en las represiones a los trabajadores y el pueblo cuando luchan por sus reivindicaciones. Teresa Rodríguez y Carlos Fuentealba son las muestra del ayer en el hoy.

Por ello, en los pocos juicios que se están realizando, en los que incluso se llega a acusar formalmente de “genocidio” como fue en Tucumán con Bussi, se sigue a rajatabla el intencionado juzgamiento de algunos genocidas por pocos compañeros, lo que demuestra que la forma de juzgar es contrario a juzgar por genocidio. Si se reconoce el genocidio desde el Estado, ello debe implicar que todos los que contribuyeron a su planificación y ejecución son parte y, por tanto, imputarlos. Igualmente a quienes lo alentaron y justificaron. Implica que se impute también a todos aquellos que se beneficiaron con el golpe genocida, aquellos que le prestaron una contribución necesaria como los juzgados federales, las asesorías del Ejército, las intendencias, las intervenciones en instituciones del Estado, entre otras formas de complicidad y participación. Lo que jurídicamente también debe tener una contrapartida: debe juzgarse a todos por todos los casos, en juicios que no desvirtúen el plan sistemático, que como mínimo, sean juicios por centro clandestino de detención o circuito represivo y avanzar en las imputaciones a los civiles. Es inadmisible que, como pasa en todos los juicios incluido el de Neuquén, los participes del genocidio sean testigos y no imputados.

Este juicio trae al hoy, aquella generación parte del último ascenso obrero revolucionario, sus rostros, sus historias, su tradición, su lucha, que fue lo que quisieron destruir con la dictadura. Su perspectiva histórica es lo que no debe dar el norte para seguir denunciando que la impunidad no termina con estos juicios limitados, y que la pelea es para que se condene a todos los genocidas por todos los compañeros.

Asociación ilícita no es igual a genocidio

Decir que hubo un genocidio, significa comprender cuales fueron los objetivos planificados del mismo y a quien se quiso aniquilar para lograrlos. Ello será lo que diferencie al genocidio de otras matanzas y, particularmente, del genocidio del delito de asociación ilícita.
La asociación ilícita significa que un grupo (para algunos una banda) se une “con el fin de cometer delitos indeterminados”, es decir, que el fin se agota en ello: en matar, en torturar. La figura de asociación ilícita significa que se acuse a los genocidas como integrantes de “una banda criminal que se apropió del poder y utilizo un sistema clandestino de represión para perseguir a la población civil y que utilizó la estructura y recursos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad”.

Ello desvirtúa el sentido político e histórico que tuvo la dictadura y, sobre todo, el objetivo del genocidio. Éste fue llevado adelante desde el Estado y no por “un grupo criminal ajeno”. Tan es así que la represión se inicia con la Triple A y los decretos antisubversivos del gobierno de Isabel Martínez de Perón, es decir, desde el propio Poder Ejecutivo nacional.

Contrariamente a agotar el fin en la “ejecución del plan criminal”, el objetivo del golpe genocida fue terminar con la situación de efervescencia política de los trabajadores y el pueblo, acabar con las formas de organización, oposición y cuestionamiento al orden imperante para la implementación de un plan económico, político, social y cultural, que implicaba cambiar la estructura del país, disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora. Para ello, las fuerzas represivas, apoyadas y alentadas por el gran empresariado nacional, sectores de la Iglesia, sectores de la burocracia sindical y con el apoyo del imperialismo, llevaron adelante el plan de aniquilamiento, que incluyó la desaparición forzada como método de sembrar el terror y paralizar a la sociedad, la muerte, la tortura física y psicológica, la apropiación de niños. No se trata de una banda indeterminada y criminal, fue un genocidio de clase, de la clase capitalista contra los trabajadores y el pueblo.