La impunidad de los genocidas de la última dictadura militar ha sido sostenida, de diversas formas, por los diferentes gobiernos constitucionales desde la caída de la dictadura hasta la fecha. Leyes como la de obediencia debida y punto fi nal o los indultos, han sido algunas de las formas más grotescas en que se ha manifestado la política de impunidad.

En el gobierno de los Kirchner, la “política de Derechos Humanos” fue uno de los baluartes con los que, mediante gestos y discursos, pudo cooptar a un gran espectro de los Organismos de Derechos Humanos, con el claro objetivo de ponerle un punto final a la discusión de la dictadura para avanzar en la política de reconciliación con el aparato represivo.

Sin embargo, en este 33 aniversario del golpe genocida, la impunidad continúa y la vuelta de pagina del pasado se vuelve una aspiración lejana para un gobierno que mantiene el 95 % de los genocidas impunes, y la política original de mostrar que “se hace justicia” se le está volviendo un problema, porque cada vez son menos los juicios (aunque ya eran limitados) que se llevan adelante a los genocidas.
Tan es así, que ahora la “táctica” de la Presidenta es culpar al poder judicial porque “todavía falta que haga justicia”. Es que la lentitud en juzgar a los genocidas procesados alarga en el tiempo la discusión de los 70 y el cuestionamiento a las fuerzas armadas, trayendo constantemente el pasado al presente. Y el pasado incluye la lucha de esa generación que quería la revolución y peleaba por una sociedad sin explotadores ni explotados.

La impunidad en números

De los cientos de miles que actuaron en las fuerzas represivas, la cantidad de procesados no alcanzan a los 600 en todo el país (a diciembre de 2008 la cantidad de procesados era de 533). Según un informe del CELS - que toma sólo las causas en las que es querellante hay 386 procesados con prisión preventiva y 133 procesados sin prisión.

Hay que tener en cuenta que las “prisiones preventivas” en la gran mayoría de los casos se cumplen en arrestos domiciliaros. Hasta el año pasado a nivel nacional se juzgaron y condenaron a 38, mientras que veinte murieron antes de llegar a juicio y en lo que va del 2009 sólo hay fi jados cuatro juicios orales. Si se lo analiza desde la cantidad de víctimas, teniendo en cuenta que hubo 30.000 desaparecidos y se considera que el número de sobrevivientes que fueron torturados en Centros Clandestinos es similar, es decir alrededor de 60.000, parece increíble que a la fecha sólo se han condenado por los casos de 172 compañeros y compañeras. Si lo vemos desde la cantidad de centros clandestinos que existieron, que fueron alrededor de 600, la cantidad de condenados y procesados da cuenta que se esta juzgando a razón de un genocida por centro clandestino.

En nuestra zona, de los más de 2.000 que actuaron en las diferentes fuerzas represivas, a la fecha hay 8 condenados en el juicio que se llevó adelante en el Tribunal Oral Federal. En este caso se condenó por los casos de 17 víctimas. Un segundo tramo de la causa incluye a 25 procesados, de los cuales hay 9 con prisión domiciliara y un excarcelado, por 39 casos. Mientras que hay aproximadamente 23 casos denunciados que a la fecha no fueron imputados a ningún genocida, entre los que incluimos los de las hermanas Seguel (Arlene, Dora y Argentina), que fueron secuestradas en el Operativo Cutral Co. De las fuerzas represivas, a la fecha no hay un solo imputado de la Policía de Neuquén ni de la Policía Federal, cuando fueron fuerzas fundamentales en el genocidio. Y ello no es una cuestión menor, porque a medida que avancen los efectos de la crisis económica internacional, y se extiendan las luchas de los trabajadores, las fuerzas represivas estarán llamadas el papel que históricamente cumplen: reprimir a los que luchan.

En el 76 la clase capitalista se valió del aparato represivo para imponer el plan económico que vivimos hoy, y no puede cabernos ninguna duda que esta crisis que generaron ellos, van a querer que la paguemos nosotros. Para ello, siguen contando con el mismo aparato represivo, que como demostramos en esta nota, continúa actuando e impune. En este 33 aniversario del golpe genocida, el pasado se hace más presente que nunca. Porque los genocidas siguen libres y en funciones, porque Jorge Julio López está desaparecido.

Porque es ese aparato represivo heredado de la dictadura el que tenemos que enfrentar. Este 24 de marzo es más necesario que nunca levantar en alto las banderas de aquella generación revolucionaria.

Cárcel común a todos los genocidas militares y civiles por todos los compañeros y compañeras

Que la crisis la paguen ellos y no los trabajadores y el pueblo