Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
19 de septiembre de 2019

La Verdad Obrera N° 588

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Media sanción en diputados a un presupuesto de ajuste

09 Oct 2014 | Ayer la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno. Este prevé para el año que viene una inflación de 15,6%, un dólar a $9,45 y un crecimiento del 2,8%.   |   comentarios

Diputados avanzó ayer, pasada la medianoche, en la media sanción al proyecto de Presupuesto para 2015. La sesión arrancó apenas pasado el mediodía con algunos legisladores de la oposición que, tal como habían adelantado, dieron apoyo para el quórum. El proyecto que el Gobierno envió al Parlamento prevé para el año que viene una inflación de 15,6%, un dólar a $9,45 y un crecimiento del 2,8%. En tanto, el gasto corriente se prevé aumentar en 18,5%. A duras penas por encima de la inflación oficial.
La mayoría de las evaluaciones sobre el presupuesto se concentran en señalar que es un dibujo. Y efectivamente lo es. Sin embargo, no es un dibujo la orientación general que trasluce: el presupuesto presentado por el ejecutivo para el año 2015 está orientado de forma clara hacia un ajuste. Podemos creerle al gobierno que en eso va a cumplir, más allá de las irreales proyecciones y las reasignaciones de partidas que, como todos los años, seguramente tendrán lugar en 2015.
Amén de las proyecciones poco realistas que lo atraviesan, podemos observar que de conjunto aún considerando algunas de las mismas como válidas el presupuesto admite un fuerte recorte en numerosas partidas. El gasto total corriente crece apenas 18,5%. Es decir que aún admitiendo que la inflación rondará el implausible 15,6% que prevé el presupuesto (que sólo podría conseguirse mediante un shock recesivo) estamos hablando de un gasto público que según el presupuesto se mantendría virtualmente congelado en términos reales. Con una inflación que difícilmente esté por debajo de 25% en 2015 (para este año va a terminar cerca de 40%), estamos ante una disminución considerable del gasto público del Estado nacional.
Tampoco es cierto, como sostuvo el diputado del FPV Roberto Feletti, que sea un presupuesto de desendeudamiento. Como todos los años, este presupuesto anuncia una profundización del endeudamiento intra sector público para transferir recursos a los bonistas, y consagra mediante el Fondo de Desendeudamiento casi la mitad de las actuales reservas del Banco Central para pagar deuda.
¿Dónde está el aumento del gasto social?
La previsión es que el gasto de la seguridad social aumentará al mismo paso que la recaudación y que el gasto total. Se las define como “prioritarias”, pero no aumentan en relación al presupuesto total. El aumento previsto de 29,3% en el gasto destinado a la Asignación por Universal por Hijo, apenas permitirá -siendo optimistas- que las erogaciones reales percibidas por los beneficiarios se mantengan en sus niveles actuales, medidas en términos reales (es decir descontando el efecto de la inflación).
Pero otras partidas van a quedar muy desajustadas por la inflación prevista. La inversión en infraestructura económica y social crece poco más de un tercio de lo que aumenta el gasto público total, aumentando apenas 11,2%. El gasto del Estado nacional en Salud recibirá un aumento de apenas 8,5%, muy por debajo de la evolución de la recaudación y del gasto total. Promoción y asistencia social aumenta un 11%
El gasto en vivienda y urbanismo representa según el presupuesto 5.200 millones de pesos, apenas un 0,41% del presupuesto total. Mientras tanto, los pagos intereses y otras rentas van a representar un 7,7% del presupuesto público. Es decir que se gastará en pago de deuda 19 veces lo que se gastará en viviendas. Prioridades muy claras. Si a esto le sumamos las transferencias a empresas privadas, que van a alcanzar según el presupuesto 106.900 millones de pesos (previendo casi ningún aumento de las mismas lo cual sabemos después que no es así a juzgar por la experiencia de estos años), tenemos que nada menos que el 29,6% del monto de transferencias corrientes irá de forma directa a las empresas y los especuladores. Tres de cada diez pesos del presupuesto van a los bolsillos de los empresarios.
Los empleados públicos y los jubilados, con otro año para el olvido
El presupuesto prevé que los gastos consolidados en remuneraciones del sector público nacional aumentarán 17,4%. Es decir muy por debajo del crecimiento de la recaudación esperada y de cualquier previsión de inflación distinta de la de este presupuesto, marcadamente poco realista. Esto no es ninguna sorpresa. Los trabajadores estatales vienen perdiendo por goleada contra la inflación, con escandalosa colaboración de los sindicatos oficialistas: el poder adquisitivo de su salario disminuyó -39,8 % entre 2001 y 2013.
En el artículo 30 del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2015 enviado por el Poder Ejecutivo nacional, se establece como límite máximo la suma de 10.500 millones de pesos destinada al pago de los juicios previsionales reconocidos en sede judicial. Al mismo tiempo la política del gobierno pretende contraponer la extensión del acceso a la jubilación y la elevación del monto de los haberes hasta el 82% móvil. Exigimos la suba del haber previsional a una cifra equivalente al 82 % móvil, a financiarse mediante la restitución de los aportes patronales.

Dime de quién recaudas...
Muchas veces durante los gobiernos kirchneristas se coqueteó con la idea de impulsar una reforma de la regresiva estructura impositiva argentina. Sin embargo, el presupuesto presentado por Cristina Fernández para su último año de mandato, se lleva adelante sin haber cambiado ni un ápice esta estructura.
Casi el 40% de los ingresos del estado son los aportes previsionales de los trabajadores y el gravamen sobre el consumo, impuesto regresivo que afecta proporcionalmente más a los que menos ganen. Otro punto significativo que contribuye a explicar el aumento en ganancias es la no actualización del mínimo no imponible, que está congelado desde 2013. El salario, que no es ganancia y que en términos reales viene perdiendo contra la inflación (según estimaciones del ministerio de trabajo aunque los convenios salariales negociaron en los papeles aumentos de 29%, en realidad el aumento promedio negociado por las paritarias fue de 25,7%, si se considera el promedio de los valores salariales a lo largo de la vigencia de los acuerdos, incluyendo la percepción de los aumentos en etapas y el pago de sumas extraordinarias), soporta una mayor carga de ganancias.
Si observamos lo que el presupuesto define como “gastos tributarios”, es decir la pérdida de recaudación producto de exenciones y desgravaciones, observamos varias cosas curiosas.
Tenemos por ejemplo 20 mil millones de pesos en “gastos tributarios” correspondientes a la seguridad social, que son exenciones a los aportes patronales correspondientes a microempresas, debidas por zona geográfica, o a los programas de registración de empleo implementados este año por el plazo de dos años.
Otros 33.600 millones de pesos “gastos tributarios” son de impuesto a las ganancias, que benefician proporcionalmente más a los más ricos. De éstos 3.600 millones corresponden a exenciones de intereses de títulos públicos, 12.300 millones a exenciones de intereses de depósitos en Bancos. Y otros 3 mil millones de pesos a desgravaciones del poder judicial, verdadera casta privilegiada.
El plan gas y la eximición de impuestos favorecen a empresas petroleras con nada menos que 23 mil millones de pesos según el presupuesto 2015.
Tenemos un discurso que destaca el peso del “gasto social” dentro del presupuesto, pero este gasto lo sostienen mayormente los trabajadores y sectores populares, mientras que los sectores más ricos aportan proporcionalmente menos. Por si quedan dudas de cómo funciona el sistema tributario, veamos los pagos de ganancias de los estratos más altos. Según datos de la AFIP para el año 2012, 283 personas ganaron en más de 10 millones de pesos cada una, sumando de conjunto 4.799 millones de pesos. Esas 283 personas pagaron en concepto de impuesto a las Ganancias 849 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2012. Es decir un 17,7%, exactamente la mitad de la alícuota de 35% vigente para la escala más alta del impuesto. La presión tributaria (es decir, la relación entre todos los ingresos tributarios de nación y provincias, y el producto bruto) era en 2012 de 37% según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Es decir, más del doble de lo que soportaba este selecto grupo como impuesto a sus ganancias, uno de los gravámenes que sin duda más repercute en la presión tributaria sobre estos individuos. Esto se repite todos los años. Las deducciones y desgravaciones tienen una marcada orientación clasista.
Tenemos, entonces, otro presupuesto que recauda privilegiadamente sobre los trabajadores y orienta el gasto en beneficio del empresariado y los especuladores.

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