Jorge Alberto Soza fue el Segundo Jefe de la Policía Federal de Neuquén de 1975 a 1977. En la Delegación de la Policía Federal de la ciudad de Neuquén funcionaba uno de los centros clandestinos de tortura. Uno de los torturadores era, nada más ni nada menos, que Raúl Guglielminetti.
La Policía Federal fue una pieza clave del genocidio en Neuquén. La forma de operar de todas las fuerzas represivas era mediante lo que denominaban la “Comunidad Informativa”, compuesta por un integrante de inteligencia de cada fuerza, en la que decidían los diferentes operativos de secuestro. Por todo ello el aporte de Soza en esa maquinaria genocida es innegable e incluso fue reconocido en algunos casos por sobrevivientes.

En julio de 2010, con orden de captura internacional, Soza fue extraditado por el Juzgado Federal de Neuquén, indagado y procesado por haber sido parte del plan sistemático de exterminio en la región, acusado por 18 casos. Esta resolución fue apelada por su defensa, y en setiembre de 2010 la Cámara Federal de Gral. Roca dispuso su sobreseimiento y la falta de mérito en 17 casos argumentando que “no habia sido reconocido por cada víctima”, en una muestra clara de la impunidad a la que lleva la forma en que se juzga como casos aislados.

Desde la querella del CeProDH interpusimos un recurso de Casación para pedir que se revoque la resolución de la Cámara. Planteamos, entre otras cuestiones, “que el argumento para desincriminar a nada más ni nada menos el Segundo Jefe de la Policía Federal, sea que ‘ocupaba un cargo de escalafón medio’ es inadmisible. Para nada estamos hablando un cargo menor en la estructura jerárquica, y ello está mas que demostrado”.
Luego de una audiencia oral en la que participaron nuestros compañeros Myriam Bregman y Luis Bonomi, la Sala IV de la Cámara de Casación, dando la razón a nuestro planteo, revocó la resolución de la Cámara de Roca, ordenando que Soza sea nuevamente procesado por todos los casos, lo que implicó que el 17/7 el Juzgado de Primera Instancia revocara su excarcelación y ordenara su inmediata detención y alojamiento en la Unidad 9.

De no ser por nuestro recurso, siendo que la Fiscalía Federal no presentó recurso alguno, este represor gozaría de libertad. Ello demuestra la importancia de las querellas de Organismos de DD.HH independientes del Estado en estas causas. Esta resolución es un paso más en la enorme lucha que desde el CeProDH llevamos adelante junto a otros organismos de DD.HH., para lograr cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas.