La Ley de Hidrocarburos, hija de un pacto secreto firmado en 2013 entre YPF y la norteamericana Chevron, se inscribe como otro hito de la entrega nacional de los recursos petroleros. Seguramente, más allá del discurso “nacional y popular” del kirchnerismo, pasará a la historia como una de las leyes que más benefició a las multinacionales imperialistas en la Argentina. Pero la historia de entrega nacional en materia de hidrocarburos viene de larga data.
Viernes 31 de octubre de 2014
De Perón a Frondizi
Antes de la presidencia de Arturo Frondizi el gobierno de Juan Domingo Perón ya había iniciado, durante su segunda presidencia (1952-1955), una política cercana al desarrollismo respecto al petróleo. A partir de la crisis económica de 1949 se lanza una orientación que daba la bienvenida al capital extranjero y en mayo de 1955 se firma el convenio con la California Argentina de Petróleo SA, subsidiaria de la empresa norteamericana Standard Oil de California.
En su libro “La fuerza es el derecho de las bestias” Perón afirmaba que con este acuerdo se buscaba incrementar la producción petrolera con el objetivo de sostener el abastecimiento interno e incluso poder exportar petróleo y sus derivados, para incrementar la llegada de divisas al país. Como vemos, las justificaciones levantadas en ese entonces, eran bastante parecidas a las que utilizaría, poco tiempo después Frondizi cuando bajo su gobierno se firman los contratos con empresas petroleras norteamericanas y europeas en 1959.
En 1954, Frondizi había escrito “Petróleo y Política”, un libro de tinte nacionalista donde defiende la idea de YPF como única empresa con el control total del petróleo sin injerencia del capital privado, especialmente extranjero. Pero para 1957, en un marco de política expansionista del capital norteamericano y de aumento del precio de petróleo, y contrariamente a lo postulado en su libro y en su campaña electoral, a pocos meses de asumir la presidencia, anuncia un giro en su orientación, favoreciendo la entrada del capital extranjero en la producción de petróleo a través de la Ley Nº 14.773. Según lo afirmado por el gobierno los contratos con las empresas extranjeras eran sólo de locación, es decir que una vez extraído el petróleo se lo debían entregar a la empresa estatal al precio fijado internamente, muy por debajo del altísimo precio internacional.
En los hechos fueron concesiones de explotación, ya que tuvieron libre disponibilidad y control sobre las áreas que explotaban así como con el recurso extraído. Tal es así que YPF les terminaba comprando a estas empresas a un valor, incluso mayor que si lo importara.
El ansiado “autoabastecimiento” fue logrado pero lejos de fortalecer a la empresa estatal quienes se beneficiaron fueron las empresas imperialistas que utilizaron las áreas exploradas por YPF e hicieron sólo una explotación más intensa de las áreas hidrocarburíferas. A tal punto que cuando se les rescinde los contratos la producción nacional había disminuido sensiblemente.
Durante la gestión de Arturo Illia, un gobierno débil ya que fue electo con el peronismo proscripto y en un contexto de movilización obrera y el golpismo militar, el radical decidió anular los contratos petroleros que había firmado Frondizi. El 15 de noviembre de 1963, Illia firmó los decretos 744 y 745, que derogaron los contratos petroleros. Las petroleras iniciaron una campaña de presiones en el país y a nivel internacional. Illia terminó cediendo y pagando las indemnizaciones.
El golpe de Juan Carlos Onganía tendría el beneplácito de las compañías petroleras. En 1966, la ley 17.319, abrió las concesiones al sector privado, otorgando a las empresas permisionarias y contratistas garantías para operar en Argentina. A través de sociedades mixtas, la ley de Onganía venía a perfeccionar la entrega de los recursos naturales, no sólo petroleros sino también mineros.
Dictadura y democracia, continuidad del vaciamiento de YPF
Durante la dictadura de Videla, Galtieri y Bignone se produce un endeudamiento estatal importante, del cual la estatal YPF no estuvo para nada exenta. José Alfredo Martínez de Hoz encabezó un plan económico de alto endeudamiento externo y destrucción del aparato productivo, que puso a YPF en una grave situación, sentando las bases para la futura privatización.
Durante el gobierno de Alfonsín se llevaron adelante el Plan Houston I y II, llamados así justamente porque fueron anunciados por el entonces presidente radical desde aquella ciudad de EE.UU. Todo un símbolo.
La primera política dirigida hacia el sector petrolero fue en 1985 con el Plan Houston I. “A través del Decreto presidencial 1.443/85 se creó dicho plan el cual ofertó 165 áreas para la exploración y la explotación. Esta propuesta fue presentada como una de las fórmulas de la administración alfonsinista para fundamentalmente ensanchar las reservas petroleras de la Nación a través del incremento de la tarea exploratoria” (Germ, Palazzo y Tolosa; 2007:6). El Plan Houston I estaba dividido en tres etapas: la primera estipulaba un período de tres años para la realización de pozos exploratorios; la segunda que se extendía por cuatro años, la tercera habilitaba a aquellas empresas que decidieran explotar las áreas en cuestión a hacerlo por el lapso de 20 años mientras los cuales sería YPF quien se encargaría de abonar las regalías petroleras correspondientes.
Fracasado el plan Houston I, por el Decreto 623/87 en 1987 el Plan Houston II vino a complementar y ampliar el anterior, otorgando mejores condiciones para los contratistas a fin de incrementar la participación privada en la etapa de exploración.
Neoliberalismo y “década ganada”
La privatización de YPF comenzó junto con el proceso de reformas del gobierno de Carlos Menem a partir de la Ley de Emergencia Económica N° 23.697/89.y la Ley de Reforma del Estado N° 23.696 y sus Decretos Reglamentarios. No olvidemos el famoso acto fallido del ex ministro de Obras y Servicios Públicos de Carlos Menem, Roberto Dromi: “Nada que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”. Quedaba claro el proceso de grandes negociados para las empresas nacionales y transnacionales que se venía. En este contexto se encuentra el Decreto N° 2.778 del año 1990, que transformó a “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado” en “YPF Sociedad Anónima”.
A partir de allí, vino la llamada década “neoliberal” del menemismo, donde empresas multinacionales se llevaron los recursos naturales, con la española Repsol como emblema. Más allá del discurso, la “década ganada” kirchnerista no tocó en absoluto el andamiaje legal del menemismo, y la tan anunciada “expropiación” de YPF en 2012 terminó en una millonaria compra de las acciones de Repsol, para terminar en un pacto secreto y completamente entreguista con Chevron al año siguiente.
La nueva ley de hidrocarburos transforma en nuevo marco legal aquel acuerdo escandaloso, ampliando aún más los beneficios para las multinacionales petroleras, completando una larga historia de entrega nacional.
Fuentes: “La batalla del petróleo se perdió”, de Roberto Cadenas Arturi; “El "neo-frondizismo" petrolero de Cristina”, de Miguel Fernández, LVO N° 474
