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Mujer

La Carrió y el derecho al aborto

Que se vayan todos, también los que legislan sobre nuestros cuerpos

22 de noviembre 2002


La candidata a presidenta de la "nueva centroizquierda", Lilita Carrió, en recientes y escandalosas declaraciones promete "militar" en contra de la despenalización del aborto1. Afirmando tener un dilema "moral" que no puede resolver, argumenta que votó a favor de la ley de salud reproductiva y que con ello es suficiente como para evitar pronunciarse sobre la despenalización del aborto.
Ha mostrado su verdadera cara de "demócrata": el nuevo "contrato moral" que propone, sobre el cual se debería refundar la nación para transformarse en una "República de Iguales", no incluye a la clase trabajadora, a los desocupados y sectores populares y tampoco a las mujeres. La "candidata de misa y comunión diaria"2, nos prohíbe el mínimo derecho democrático de poder decidir sobre nuestro propio cuerpo.
Por el contrario, su refundación se basa en la hipocresía, ya que el aborto clandestino es un hecho en la Argentina que lleva a la muerte a casi 400 mujeres por año. Como bien le preguntó una adolescente cuando Carrió salió a hacer campaña electoral en las escuelas: "¿Si usted habla de igualdad social porque entonces se opone a la despenalización del aborto?, Porque acá las que tiene plata van a las mejores clínicas. Las pobres terminamos muertas".3
Los datos le dan la razón a esta joven. Son en su mayoría mujeres pobres las que llegan a los hospitales en pésimas condiciones de salud, con infecciones y hemorragia, sólo cuando ya no pueden evitar la consulta. El 29% de las muertes maternas en la Argentina se produce por abortos realizados en forma clandestina, según un estudio del Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam). Las estadísticas proporcionadas por este organismo corresponden sólo al sector de salud pública y no incluyen un 50% más de muertes por subregistro, es decir, muertes que aparecen inscriptas en el hospital público por paro cardiorrespiratorio y no por las causas que llevan a la internación. Los especialistas establecen que el 80% de las muertes maternas tienen causas evitables. Entre ellas, el aborto realizado en forma clandestina constituye el motivo principal de estas muertes.
Por supuesto, son las más pobres –las mujeres trabajadoras y de los sectores populares- las que sufren las consecuencias mayoritariamente, porque el aborto clandestino en condiciones de asepsia se practica en clínicas y consultorios privados con un costo que supera los $ 500.
No podrá haber una república de iguales mientras las mujeres no tengamos el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. ¡Pero qué otra cosa se podía esperar de Carrió! Gran defensora del capitalismo "honesto" de los Perez Companc -el mismo empresario que cuadruplicó sus ganancias con la devaluación-, insiste en no revisar las privatizaciones de las empresas públicas que no fueron más que una gran estafa que pagamos los trabajadores y el pueblo. ¡Recientemente, incluso, ha hecho declaraciones defendiendo al ministro de Economía Lavagna!
Es imposible una república de iguales que no se enfrente a la Iglesia, a las instituciones del régimen y, esencialmente, que elimine la propiedad privada, ese gran "derecho al egoísmo" que es el fundamento de esta democracia para ricos.

Un nuevo capítulo en la lucha por la despenalización del aborto

El día 12 de noviembre fue presentado en diputados por Rúben Giustiniani (PSP), el bloque socialista, y radicales, un proyecto para derogar el artículo 88 del Código Penal que prevé prisión de uno a cuatro años a las mujeres que decidan terminar voluntariamente con su embarazo y que modifica el artículo 86 facultando a los médicos a practicar abortos cuando existe un riesgo grave de salud física o psíquica para la mujer, si el embarazo proviene de una violación o estupro, o si se certifica la inviabilidad de vida extrauterina del feto.
Este proyecto ha sido bastante criticado por las feministas que vienen luchando hace años por el derecho al aborto en Argentina. En primer lugar porque despenaliza a las mujeres pero no a los profesionales, lo que constituye una inmensa contradicción, pues queda librado a la libertad de conciencia del médico la práctica del aborto, manteniendo –de hecho- el circuito clandestino.
Además, despenalizar no es lo mismo que legalizar. Los casos que incluye la ley son algunos nada más de los miles de casos de abortos clandestinos que suceden anualmente en nuestro país. Esta ley, además, no prevé políticas públicas ni atención gratuita en los hospitales u obras sociales para dicha operación, ni asesoramiento ni control por parte del Estado de los consultorios u otros espacios en donde se realizarían abortos. Sigue convalidando el negocio privado, en todo caso, y sigue exponiendo a las mujeres pobres a las dramáticas consecuencias conocidas.
Hace ya diez años que la Coordinadora por el Derecho al Aborto tiene un proyecto consensuado con el movimiento feminista que hasta la actualidad no ha sido reconocido legalmente; y ahora, con este nuevo proyecto, estas mujeres que han trabajado durante años en este tema ¡ni siquiera han sido consultadas! El proyecto, lamentablemente, se parece más a una maniobra pre-electoral que a un intento de preocuparse seriamente por los derechos humanos de las mujeres.
Nadie puede creer que en esta cueva de diputados y senadores repudiados por la amplia mayoría de la población al grito de "Que se vayan todos", y con personeras de la Iglesia, como Lilita Carrió, legislen a favor de los trabajadores, del pueblo, de las mujeres. Tenemos que lograr ser miles en las calles, con las trabajadoras de las fábricas ocupadas, las mujeres desocupadas, las organizaciones feministas y estudiantiles, las asambleas populares, los organismos de Derechos Humanos, para luchar y arrancarles nuestros legítimos derechos.

Sobre la Ley de Salud Reproductiva

El jueves 30 de octubre fue sancionada la ley de Salud Reproductiva. Esta ley apunta a la prevención, hace obligatoria la provisión de anticonceptivos y, de implementarse efectivamente, sería un paso importante en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.
Esta ley ya había sido cajoneada en múltiples oportunidades por la complicidad de los partidos patronales con la Iglesia Católica. Hoy, nuevamente, ésta levanta su voz en contra de la ley. Al decir de un periodista "no es ninguna revolución satánica... y se le hace demasiado concesiones con estas actitudes anacrónicas a la Iglesia. Más bien se podría decir que tardó demasiado en llegar".
Hace ya dos años ha sido aprobada esta ley en la legislatura de Buenos Aires, y un año en la legislatura de Santa Fe, (donde hasta el momento no se reglamentó su implementación efectiva).
Sin embargo, la ley, no sólo sigue teniendo resistencia en algunos sectores de poder, sino que además no puede hacerse efectiva porque no hay todos los anticonceptivos y suele suceder que muchos anticonceptivos orales no son comprados sino donados por laboratorios, que los entregan en aquellos hospitales que reciben población de más poder adquisitivo para que después los sigan comprando.
Además, en connivencia con la Iglesia, la ley establece que "se aplique en los centros de salud en función de sus orientaciones confesionales".
En Rosario, actualmente, la situación se ha agravado al ser cortada la provisión de anticonceptivos del Programa Municipal de Procreación Responsable (a cargo del PSP), aumentando en un 10% las internaciones por abortos.

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