Partido de los Trabajadores Socialistas

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Sábado 25 de Marzo de 2017
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La Verdad Obrera N° 501

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LA LEY DE MEDIOS Y EL 7D (TERCERA NOTA)

Un debate sobre los medios y el Estado capitalista

15 Nov 2012   |   comentarios

Cada vez más cerca del 7D y en el marco de la discusión entre el gobierno y el Grupo Clarín, en el amplio campo de medios alternativos, populares y comunitarios se mantiene abierto un debate sobre qué posición adoptar respecto a las diferentes medidas que el gobierno toma o dice que va a tomar. Ese debate también se da con algunos compañeros con los que venimos luchando en común por demandas propias. Una de las discusiones centrales es acerca de la intervención del Estado (y el gobierno k en particular) y sobre este punto queremos hablar en esta nota.

La desconcentración que plantea la AFSCA, ¿es antimonopólica?

Muchos compañeros y compañeras opinan que si el Estado repartiera los grandes medios entre un número mayor de empresarios y entregara el 33% de las licencias de radio y tv al sector “sin fines de lucro” se empezarían a acabar las prácticas monopólicas. Sin embargo, como ya lo dijimos[1], la dinámica de la política comunicacional k es hacia un nuevo esquema de concentración mediática, repartido entre Clarín y empresarios amigos del gobierno (Vila Manzano, Spolsky, Cristóbal López, Electroingeniería, Olmos, etc.).

Un excelente botón de muestra de esta tendencia es la famosa desinversión comandada por la AFSCA. ¿En qué consiste? En que los grupos multimedios excedidos en licencias presenten su plan de adecuación antes del 7D, eligiendo con qué licencias se quedarán, de cuáles se desprenderán y, al mismo tiempo, a quién se las transferirán. Lo que Mario Wainfeld, escriba oficialista, llama “incentivos tipo capitalistas” ya que se podrán quedar con lo que les da mayores ganancias y venderle a socios, empresarios amigos y por qué no testaferros aquello que les sobra. Creer que así se va a terminar con los grandes multimedios es, simplemente, una utopía.

Por eso vemos peligroso que desde algunas organizaciones populares se tenga una visión “alegre” del Estado capitalista (garante de la división de clases y de la apropiación de la riqueza social por parte de una minoría) cuando justamente hoy, con el gobierno más "antineoliberal", las corporaciones y monopolios multinacionales gobiernan la economía argentina y son los grandes beneficiarios del modelo[2]. Algunos compañeros ven posible la desmonopolización e incluso cierta democratización a partir de que haya funcionarios que "se pongan las pilas y hagan lo que tienen que hacer". Creemos que esa concepción posibilista, sumada a un abandono paulatino de la denuncia constante contra el propio carácter del Estado (y sus agentes políticos) deriva en una escisión conceptual que nos desarma para la pelea por conquistar nuestras demandas.

¿La efectivización del 33% para los medios sin fines de lucro es una forma de enfrentar a los monopolios?

Pensar que ocupando un tercio del espectro radioeléctrico se combate a los monopolios es una ilusión sin sustento en la realidad. Primero, porque a Sabbatella y compañía ni se les ocurre entregar ese tercio a organizaciones obreras y comunitarias. Y segundo, porque aún en caso de hacerlo (lo que lograríamos ganando una dura pelea) casi todo el 67% restante del espectro de radio y TV seguiría en manos de una minoría social compuesta por grandes y medianos empresarios. ¿De qué desmonopolización o libertad de expresión se podría hablar entonces cuando esa minoría será la garante de que la información, el arte y la cultura sigan siendo mercancías que se vende a las audiencias y a los públicos en el mercado mediático?

Menos aún cuando vemos a quiénes mete en la misma bolsa del sector “sin fines de lucro” la Ley de Medios. Allí no sólo están los medios alternativos y comunitarios, los que realmente no buscamos ganancia alguna, sino también las PYMES y hasta las fundaciones de grandes empresas (como Ford, Telefónica, Rockefeller, etc.). Es decir que es un tercio engañoso, ya que en éste también pueden entrar grandes empresas por esas vías.

Es por esto que no compartimos la posición de algunos compañeros y compañeras, que terminan confluyendo en sus posiciones con alternativas políticas patronales tanto oficialistas como opositoras, que exigen al gobierno llevar la Ley de Medios “hasta el final” como si esa fuera la garantía para democratizar las comunicaciones.

La trampa de la ley

En estos tres años quedó en evidencia, como lo denunciamos desde el principio, que el tan mentado 33% fue una elegante trampa pergeñada por los k para seducir a intelectuales, organizaciones y medios alternativos en pos de sumar apoyos en su batalla contra Clarín. Descubierta la maniobra oficial, lejos de depositar alguna expectativa en las dádivas estatales, los medios alternativos, comunitarios y populares tenemos que redoblar la pelea independiente de los dos bandos en disputa. Cualquier conquista en este terreno, así sea el 1% de licencias de radio y tv, se logrará luchando a brazo partido tanto contra los monopolios, como contra el Estado capitalista, sus funcionarios y sus leyes.

Por eso, al tiempo que reafirmamos esta denuncia, no resignamos ni un milímetro la pelea por conquistar licencias para poder llegar a millones de personas. De la misma manera que aprovechamos al máximo el espacio (mínimo) que obtuvo el Frente de Izquierda para los spots electorales de 2011, estamos dispuestos a luchar por conquistar todo medio masivo, sea una radio, un canal de TV o un espacio dentro de ellos. Estamos convencidos de nuestras ideas y de nuestras propuestas, y cuanto más conocidas y más al alcance de millones de personas estén, más confianza tenemos en que la población trabajadora las tomará para sí.

De allí que también estamos convencidos de que las clases dominantes y sus agentes no nos darán nunca nada que no logremos luchando a brazo partido. Algo que indisolublemente debe estar ligado al conjunto de las luchas que los trabajadores (entre ellos los de los propios medios masivos) y el pueblo pobre libren por sus demandas.

Lo decimos una vez más: peleamos porque todos los medios de comunicación masiva sean gestionados directamente por sus propios trabajadores, con la participación de amplios comités de lectores, audiencias y públicos. Sin injerencia del Estado ni de las empresas, es decir sin funcionarios ni gerentes en sus oficinas pero también sin condicionamientos por medio de la pauta publicitaria, estatal o privada.

1 Ver “¿Una pelea por la ampliación de la libertad de expresión?”, La Verdad Obrera 498.

2 Ver Pablo Anino, “¿’Economía a contramano’ o una gran autopista para saquear el país?”, La Verdad Obrera 500.

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