logo PTS

Criminalización de la protesta

CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA Y PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN

Con el Código Penal por la cabeza

Hace apenas un año, en la Plaza de Mayo, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia denunciaba que eran “más de 4.000 los compañeros con causas abiertas y juicios en marcha. Y de cada conflicto abierto surgen nuevos procesados”

Daniel Satur

10 de marzo 2011

¡Abajo las causas judiciales! ¡No toquen a los delegados de base!

Hace apenas un año, en la Plaza de Mayo, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia denunciaba que eran “más de 4.000 los compañeros con causas abiertas y juicios en marcha. Y de cada conflicto abierto surgen nuevos procesados”. [1] Desde esa denuncia hasta hoy se han sumado decenas de nuevos casos.

A finales del año pasado las represiones a los ferroviarios del Roca, a los Qom en Formosa y a los ocupantes del Indoamericano acabaron con las vidas de Mariano Ferreyra, de dos hermanos originarios y de tres hermanos inmigrantes. Fueron casos extremos donde el accionar directo o indirecto del Estado, a través de sus policías o de patotas aliadas, terminó con la vida de luchadores. Pero esas muertes no son más que la parte horrenda de un amplio abanico de acciones emprendidas por los “poderes” del Estado contra quienes se organizan y luchan por sus demandas.

Penales

Javier Hermosilla, Lorena Gentile y otros obreros de Kraft están procesados penalmente por haber realizado varios cortes en la Panamericana, contra los 160 despidos de 2009 y en repudio al crimen de Mariano Ferreyra de octubre pasado. Por este último corte también fueron imputados Leonardo Norniella de la Comisión Interna de PepsiCo y Oscar Coria, delegado despedido de Kraft.

Jésica Calcagno, Juan Oribe y Patricio del Corro son estudiantes de la UBA. Hace un año están imputados penalmente por haberse solidarizado con los obreros de Kraft cortando Avenida Corrientes.

Hace dos meses tres militantes del Partido Obrero fueron procesados por “extorsión” después de un corte de vías en Avellaneda.

En uno de los casos más escandalosos de los últimos años, Roberto Martino, dirigente del Frente de Acción Revolucionario (FAR), fue apresado en mayo de 2010 por denunciar el genocidio del Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Acusado de “terrorismo” y “prepotencia ideológica”, hasta el día de hoy continúa preso.

Los casos de persecución penal contra luchadores obreros y populares se multiplican. Frente a cualquier conflicto la “Justicia” acude rápidamente, asistiendo a empresarios y funcionarios con todos los recursos del “código penal” que tiene a su alcance. Así, el mito kirchnerista de la “no represión” a la protesta tiene una contratara nefasta en su avanzada “criminalizadora”.

Laborales

A las causas penales abiertas por acciones en calles y rutas deben sumarse procesos judiciales por desafuero y quite de tutela sindical iniciados por las patronales contra delegados de base, con el objetivo de despedirlos y así sacarse de encima un importante freno a sus objetivos de mayor explotación a menor costo. Los casos de Hernán Puddu en Córdoba, a quien desde hace dos años la patronal de Iveco quiere echar con la complicidad de la dirección del SMATA; de Víctor Ottoboni, a quien en enero un tribunal de San Isidro le quitó la protección gremial abriendo la posibilidad de que la empresa FATE lo despida; y de Guillermo Bentancourt, que en los próximos días comparecerá ante un tribunal de Campana por un juicio de desafuero impulsado por Siderca (Techint); son sólo una muestra del objetivo de empresarios y burócratas por terminar con el profundo proceso del “sindicalismo de base” desarrollado en los últimos años.

En el libro recientemente publicado “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?”, se relata el encuentro entre la familia del militante del PO asesinado y la Presidenta en la Casa Rosada, a principios de diciembre. Allí Pablo, el hermano, manifestó que “tal vez lo que pasó con Mariano haya manchado esa política de no represión que el Gobierno levanta”, a lo que La Presidenta respondió “no creo que esto manche esta política. Hemos seguido sin reprimir la protesta social”.[2] La hipocresía kirchnerista es evidente. A juzgar por las últimas declaraciones de CFK, donde afirma que los sindicatos no pueden “someter de rehenes a usuarios y consumidores” y que “si van a protestar háganlo mitad en la vereda y mitad en el cordón, para que la gente pueda circular”, esa criminalización sobre las organizaciones de la clase obrera y el pueblo pobre tiende a profundizarse.

Años de perfeccionamiento

El uso de causas y procesos contra la clase obrera no es nuevo. Viene desde la época de la Ley de Residencia, a principios de Siglo XX. Y de más atrás también. Sin embargo, en las últimas décadas el aparato jurídico sufrió una suerte de “perfeccionamiento”. En los ’80, finalizada la dictadura, a quienes eran detenidos en movilizaciones comúnmente se les aplicaba una contravención. Entrada la década del ’90 se avanzó en la penalización de las protestas, donde imputaciones como “resistencia a la autoridad”, “daños” y “atentado” de los primeros años menemistas se convertirían más tarde en “coacción agravada”, “extorsión” y “usurpación”. En dos décadas se pasó de acusar a los luchadores de faltas menores a imputarlos criminalmente con penas que pueden sobrepasar los 15 años de carcel.[3]

Lejos de aminorarse la escalada contra quienes luchan por trabajo, salud y educación, en ocho años de kirchnerismo se profundizaron mecanismos cada vez más persecutorios y criminalizadores de las luchas sociales.

Durante todo su mandato Néstor Kirchner no sólo se negó a amnistiar o desprocesar a todos los que lucharon durante años contra el “neoliberalismo”, sino que se tragó aquella promesa de derogar los artículos del código penal que eran utilizados para perseguir luchadores.

En lugar de “no reprimir”, en 2007 el kirchnerismo junto a la oposición patronal votaron la Ley Antiterrorista, que establece penas de hasta veinte años para quien sea acusado de amenazar la “seguridad pública”. Con esa herramienta (calcada de los manuales antiterroristas de EEUU) el Estado y las clases dominantes pueden afinar mejor su puntería contra los movimientos de desocupados, sindicatos combativos y partidos de izquierda.

Y hablamos del mismo Congreso Nacional que tiene cajoneado desde octubre del 2008 un Proyecto de Ley de Amnistía para todos quienes fueron procesados o detenidos “por factores reivindicatorios en materia social, política o laboral”. Presentado por diputados de centroizquierda [4] y apoyado por organizaciones sociales, gremiales y políticas, el proyecto ha sido ninguneado categóricamente por todos los legisladores del gobierno de “los derechos humanos”.

La defensa incondicional de todos los delegados de base, activistas, estudiantes y luchadores que sufren los ataques del Estado, las patronales y las burocracias sindicales se está transformando en una necesidad de primer orden. Como escribió Raúl Godoy, obrero de Zanon y dirigente del PTS, en el número anterior de La Verdad Obrera, es necesario impulsar “una gran campaña por el desprocesamiento de los luchadores populares, y por supuesto la libertad de los presos políticos como Roberto Martino.
Esto lo ligamos a la avanzada judicial contra delegados y dirigentes combativos a los que intentan sacarles los fueros para despedirlos. Hay que exigirle a los sindicatos y en particular a la CTA, se pongan a la cabeza de esta lucha. Es necesario responder con nuestros métodos, el paro y la movilización popular, porque si bien se manifiesta en causas individuales, es una ataque a toda la clase obrera”.

Prensa

Virginia Rom 113103-4422

Elizabeth Lallana 113674-7357

Marcela Soler115470-9292

Temas relacionados: