A 35 años del golpe militar más sanguinario de la historia argentina, la sanción de leyes antiterroristas constituye un látigo en la ventana que amenaza el desarrollo de las luchas obreras y populares, en aras de la “seguridad pública”.

En junio de 2007, los Kirchner impulsaron la sanción de la ley 26.268 junto a otras como la 25.241, 25.246, 26.023 y 26.024, adoptadas a partir de las convenciones antiterroristas celebradas por la Organización de Estados Americanos y convalidadas por la mayoría de la oposición patronal. Pero en agosto de 2010 la oposición (desde Federico Pinedo del PRO, pasando por Ricardo Alfonsín de la UCR, hasta Margarita Stolbizer del GEN) presentó un nuevo proyecto de ley que recoge gran parte de la letra de los Kirchner. Son ambos igual de temerarios. No resulta casual la matriz común de las dos iniciativas: si la ley de los Kirchner surgió bajo indicaciones de Bush y el Congreso Judío Americano, el proyecto de la oposición fue generado a partir del 4° Encuentro de Lucha contra el Terrorismo impulsado por el Congreso Judío Latinoamericano. Estas instancias demonizaron a Irán a partir de la manipulación de la causa impune de la AMIA, sobre la cual se apoyan para criminalizar el legítimo derecho a la protesta social.

Terroristas

Ambas iniciativas consideran “terrorista” y prevén penas de 5 a 20 años a aquellos que se propongan “obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, una sentencia tan ambigua e insuficientemente determinada que habilita la criminalización del derecho a huelga de los trabajadores, así como la condena de los piquetes y los cortes de calle, los métodos que la clase trabajadora conquistó luchando contra las políticas neoliberales de Menem y De la Rúa.

Asimismo, ambas iniciativas coinciden en imponer penas de 5 a 15 años “al que recolectare o proveyera bienes o dinero (...) para financiar a una asociación ilícita terrorista (...) para la comisión de cualquiera de los delitos que constituye su objeto, independientemente de su acaecimiento”. En buen criollo, los trabajadores que emprendan una huelga dura comprendida como una “asociación ilícita” estarían condenados por promover un fondo de huelga para sostener la lucha, una tradición histórica del movimiento obrero argentino desde el anarquismo y las cajas de resistencia.

También sería catalogado de “terrorista” y punible con 10 años de prisión aquel que se oriente a “tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político”, una figura similar a la que obliga a Roberto Martino, dirigente del Frente de Acción Revolucionaria, a purgar prisión en el penal de Marcos Paz, acusado de “prepotencia ideológica” por denunciar públicamente la masacre del Estado de Israel durante la Operación Plomo Fundido, cuando las tropas sionistas invadieron la Franja de Gaza y asesinaron a más de 1400 palestinos.

Políticas de Estado

Como señalaron muchos organismos de derechos humanos, esta legislación está emparentada con la ley antiterrorista de Chile (ley 18.314), impuesta por la dictadura de Pinochet y utilizada por los gobiernos de la Concertación y de Piñera para encarcelar a decenas de luchadores mapuches que luchan por la restitución de sus tierras originales, arrebatadas por empresarios y transnacionales bajo la sombra del poder.

Con razón, la legisladora Vilma Ibarra puntualizó que “los proyectos se enmarcan en políticas de Estado”, mientras Andrea Pochak, miembro del CELS, señaló que los considerandos de esta ley llevaron “a la Cámara de Casación a condenar a la maestra Marina Schiffrin por un corte de ruta en Bariloche”.

Como destacaba el periodista Horacio Verbitsky, “cuando algún futuro gobierno decida aplicarla, la llamará ley Kirchner y será tarde para lágrimas” . Claro que hoy Verbitsky parece haber olvidado que hay más de 4.000 procesados por ejercer el derecho a la protesta social, mientras desde su tribuna dominical de Página/12 encubre con argumentos progresistas el giro a derecha del gobierno nacional que abrazó la política de Seguridad Democrática.

Es necesario levantar una gran campaña democrática para derogar las leyes antiterroristas que cuestionan las libertades democráticas más elementales de todos aquellos que resuelven luchar por sus reclamos, así como luchar por la libertad de Roberto Martino y todos los presos políticos y acabar con los procesamientos de los miles de luchadores obreros y popular que arrastran causas como una espada de Damocles sobre sus cabezas.