Tras darse a conocer las modificaciones sobre el servicio público de transporte de pasajeros, se ve que en los hechos se reduce el servicio para los usuarios, lo que abre la puerta a la reducción del personal del transporte. Como fue una reforma inconsulta con los trabajadores y usuarios, producto de distintas asambleas vecinales y movilizaciones en zona sur la Municipalidad tuvo que escuchar a los vecinos y se lograron algunas modificaciones pero que de conjunto son absolutamente insuficientes, ya que son muchos los barrios discriminados con esta quita de recorridos y no tienen respuestas.

A la vez se anunció que en febrero el boleto subirá a $45 pesos superando el aumento anunciado en Córdoba. Parece que la "adecuación del transporte urbano de pasajeros" es sólo un nombre amable para presentar el ajuste a usuarios y trabajadores que pagaran los platos rotos de una crisis que no generaron. Contra este ajuste se movilizó el Frente de Izquierda Unidad, con el Partido de Trabajadores Socialistas, el Partido Obrero, Polo Obrero y el MST desde la Municipalidad al Concejo Deliberante, donde fue que se aprobó la Emergencia en el Transporte Público que le dio los poderes al intendente Javkin para llevar adelante estas reformas.

Al respecto la referente del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, Irene Gamboa declaró: “La situación del transporte urbano de pasajeros en nuestra ciudad arrastra años de crisis, pero se desnudó bajo la pandemia. El intendente Pablo Javkin, con el poder que le dio el Concejo deliberante, ajusta sobre el transporte público. Hace unos meses las y los choferes de colectivos se vieron obligados a parar contra las empresas para exigir el pago de salarios adeudados. Fueron cientos por las calles de la ciudad reclamando su derecho básico a cobrar en tiempo y forma luego de haber trabajado los peores meses de aislamiento por estar frente a un servicio esencial”.

Para finalizar, Gamboa denunció un sistema de transporte en crisis total y exigió una salida de fondo para los trabajadores y la sociedad: “No queremos que haya ni un solo despido de choferes por parte de estos empresarios del transporte. Para tener un transporte público, económico y de calidad, el municipio debería hacerse cargo del mismo estatizándolo, y que haya control de trabajadores y usuarios para que este derecho no se convierta en un negocio para unos pocos. Esta convocatoria es un primer paso y el 25 de enero, debemos impedir que se apliquen las reformas planeadas por el Intendente. Por eso desde las vecinales que se están organizando, junto a los sindicatos, las y los trabajadores de la UTA, los centros de estudiantes y las organizaciones políticas debemos movilizarnos en unidad para frenar este ataque al sistema de transporte público y a todos los trabajadores y la sociedad”.