Mientras sigue el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra, esta semana se conoció otro proceso contra José Pedraza y su mafia. Al jefe de la Unión Ferroviaria y a otras cuatro personas se los imputó por el intento de soborno, a principios de 2011, de jueces de la Cámara de Casación Penal para que liberaran a los siete patoteros detenidos por el crimen hasta entonces. La cúpula de la UF intentaba evitar que siguieran las detenciones y llegaran, como finalmente sucedió, hasta el propio Pedraza y su ladero, el “Gallego” Fernández.

El procesamiento se da en el marco del juicio por Mariano, en el que cada vez queda más al descubierto la “sociedad” entre funcionarios, empresarios y burócratas sindicales mediante la cual se organizaba (y se sigue organizando) un negocio millonario a costa de la superexplotación de miles de ferroviarios tercerizados.

Para María del Carmen Verdú, abogada de la querella y dirigente de CORREPI, en esta nueva causa por coimas lo más importante no es tanto la situación de Pedraza “sino el conjunto de vínculos entre la burocracia sindical y el gobierno que se devela al ver la trama de la maniobra, ya que junto a Pedraza, al tesorero del Belgrano Cargas y a un ex juez federal y abogado de la UF, fueron procesados un empleado de la Presidencia de la Nación y ex agente de la SIDE (Juan José Riquelme) y un alto funcionario judicial (Luis Ameghino Escobar), que eran respectivamente el `gestor´ de los sobornos y uno de los sobornados”.

La trama iba desde Guillermo Uño (detenido a fines de 2010) hasta jueces de Casación, quienes de haber recibido el dinero habrían liberado a los siete detenidos. Sin embargo el juez Luis Rodríguez, a cargo de la causa, no procesó a ninguno de los camaristas. Para Verdú éste no es un detalle menor, ya que evidencia un “esfuerzo por dejar a salvo el ‘buen nombre, honor y decoro’ de los camaristas implicados, a los que, en cambio, el fiscal Sandro Abraldes quería investigar”.

Lo que está demostrado (de ahí los procesamientos) es que Pedraza y ˜ángel Stafforini, tesorero del Belgrano Cargas y hombre de la UF, juntaron la plata. “Belgrano Cargas puso u$s50.000 -relata Verdú- y como surge de las escuchas, como el piso mínimo necesario era de u$s75.000, la UF ponía la diferencia. El ex juez federal Aráoz de Lamadrid y entonces abogado del picaboletos Uño renunció a esa defensa para evitar que uno de los camaristas de la Sala 3, elegida para el soborno, se excusara por su vieja amistad. Usó su vieja e íntima relación con el secretario de la Oficina de Sorteos, Luis Ameghino Escobar (hijo de un camarista criminal), para manipular el sorteo de la apelación y que cayera en esa sala. Riquelme, el ‘lobbista’ que actuó de intermediario, se refiere a Ameghino Escobar, en las escuchas, como ‘el hombre de las teclas’, que se tiene que ‘sentar a la maquinita y hacer su milagro’. Lo hizo, por cierto”.

Las escuchas sobre Pedraza y su entorno tras el crimen de Mariano muestran la impunidad con la que La Verde siempre se manejó. Desde charlas conspirativas con “el amigo” Tomada, ministro de Trabajo K, hasta arreglos de puestos de trabajo para mujeres a cambio de sexo (ver página 6). También en el caso de las coimas, donde el espía Riquelme le avisó a Pedraza que el pago debía ser en dólares. “Informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes”, grabó en el contestador del jefe de UF.

Esos “verdes” finalmente fueron encontrados en la caja fuerte de Aráoz de Lamadrid, al tiempo que en poder de Riquelme se halló una fotocopia de la causa ingresada a Casación, “prueba de que el sorteo había sido direccionado a donde ellos querían”, afirma Verdú.

El juicio por Mariano continúa. Varios testigos ya demostraron que la relación entre la patota, sus jefes, la policía, la empresa y los funcionarios kirchneristas no sólo es estrecha sino que resulta necesaria para mantener millonarios negociados. Esta nueva causa por sobornos demuestra, además, que a la burocracia sindical asesina y al Estado los unen lazos mucho más profundos de lo que muchos imaginan.