Cuando Cristina le agradecía a Juan José Zanola por sumarse a la campaña del Frente Para la Victoria, el 29 de agosto de 2005, pensaba que algunas ollas nunca se iban a destapar. Entonces ella era candidata a senadora, Néstor el presidente “popular” y Zanola el capo de La Bancaria. “Siento esta adhesión como una condecoración”, confesó Cristina, en la sede del sindicato, sentada junto al viejo caudillo. Sin embargo, con las detenciones de los últimos días, un frío silencio recorre los despachos de La Rosada y la CGT. La “asociación ilícita” que investiga Oyarbide va sumando nombres.

Zanola, su esposa, el empresario Néstor Lorenzo, el ex funcionario bonaerense Alberto Costa y hasta la viuda de Sebastián Forza pueden ser sólo los primeros. De avanzar la causa habría más presos, incluídos algunos “gordos” y ex funcionarios del gobierno. Uno de ellos sería Héctor Capaccioli, quien tuvo a su cargo la Superintendencia de Servicios de Salud entre 2003 y 2008, pero también se destacó por manejar la patota que en 2006 arremetió contra los trabajadores del Hospital Francés que defendían sus puestos de trabajo, y por encargarse de recaudar los “aportes” para las campañas kirchneristas. Como aquella de 2005, cuando el Gobierno enfrentaba al duhaldismo en la provincia, sellando acuerdos con la burocracia y los intendentes del Conurbano.

Un “modelo sindical” que mata

Las dirigencias sindicales burocráticas nunca fueron honestas ni transparentes. Pero con las privatizaciones menemistas se constituyeron además en eslabones fundamentales para posibilitar el ingreso de los capitalistas a la estructura de las obras sociales y la salud pública.

La corrupción, el manejo discrecional de millones de pesos, la relación entre Estado, burócratas y mafias, y hasta la muerte de pacientes oncológicos o con HIV por suministro de remedios falsos; no son más que la consecuencia de todos estos años de desguace, donde los representantes de este “modelo sindical” actuaron como cómplices, ejecutores y hasta asociados del feroz vaciamiento. El cínico manejo que Clarín y otros medios, en su pelea con el Gobierno, hacen del escándalo de La Bancaria no puede ocultar que las corporaciones mediáticas y las patronales acompañaron el proceso privatizador de la salud, que desarrolló a las grandes empresas de la medicina prepaga, los laboratorios y las tercerizadas que hacen sus negocios en los hospitales.

Algunos jueces investigan hoy a medio centenar de obras sociales, a sus directivos y a varias droguerías relacionadas con la adulteración de medicamentos. El propio Oyarbide (servicial del Gobierno en la puja contra Macri y La Metropolitana) compromete a algunos aliados kirchneristas.
A juzgar por los abogados defensores, más de un imputado ya podría declararse culpable. Zanola y su esposa hasta hace unos meses eran defendidos por Carlos Marín, socio del estudio jurídico del Ministro de Trabajo Tomada. Y ahora son patrocinados nada menos que por Daniel Pastor, el ex funcionario de la Policía Metropolitana que debió renunciar después de decir que los crímenes de la dictadura no eran de “lesa humanidad”.

Desde los tiempos de Rucci, pasando por la dictadura y los gobiernos constitucionales, Zanola no paró de acumular poder. Pero hoy afronta su prisión preventiva casi en soledad. Hundido políticamente y con una obra social endeudada en $400 millones, los que ayer lo sostenían hoy lo dejan caer. Tanto el moyanismo como los “gordos” se despegan hasta donde pueden, aunque obras sociales como la de SMATA, UOM, Obras Sanitarias y hasta Camioneros también estarían implicadas en la provisión de remedios truchos o vencidos.

La salud, en nuestras manos

Los manejos criminales y la corrupción ponen en el centro de la escena a la burocracia sindical. Pero las bases mismas que sostienen a los burócratas están tan podridas que con sólo rascar un poco revientan de pus y dejan un tendal de cadáveres. Esta situación es aprovechada por los grandes medios y las patronales para atacar a los sindicatos y el sistema de las obras sociales, intentando avanzar en más privatización, como vienen haciendo durante las últimas décadas, llevando al colapso al sistema de hospitales públicos, que si continúa vivo es por la resistencia de la población, con las y los trabajadores de la salud a la cabeza.

A través de asambleas de trabajadores, médicos y pacientes es necesario revisar las historias clínicas, la medicación y los tratamientos de los pacientes en todas las obras sociales, investigando uno por uno los crímenes y las malas praxis de los burócratas sindicales y sus cómplices “profesionales”, impulsando el castigo efectivo a los culpables. Hay que poner las obras sociales en manos de sus trabajadores, junto a comisiones de afiliados de cada gremio, echando a los burócratas y colocando el sistema al servicio de sus únicos y verdaderos interesados.

La falta de fondos debe ser cubierta con mayores aportes patronales e impuestos a los laboratorios, clínicas privadas y demás capitalistas de la salud.

Se deben anular las leyes menemistas que abrieron las puertas de las obras sociales a la salud privada, donde los únicos salvados resultaron ser los empresarios.

Y esas medidas urgentes deben dar paso a la pelea por un verdadero sistema de salud unificado, al que se llegará expropiando y nacionalizando, bajo control de los trabajadores, todas las clínicas y hospitales privados, laboratorios y droguerías, servicios de emergencia y fábricas de materiales quirúrgicos. Sólo así la salud será una conquista del conjunto de la población, y no el privilegio de unos pocos que lucran con la vida y la muerte de las mayorías.

Una historia de espionaje

por Miguel Raider

El escandalo de las escuchas ilegales puso al desnudo al gobierno de Macri ante los ojos de las grandes masas, develando una cloaca de espías y represores que nutren al Estado de herramientas coercitivas, afines a los intereses de las clases más poderosas. Sin embargo, este curso no es patrimonio exclusivo de Macri sino que es compartido por el Estado nacional, los estados provinciales, los municipios e incluso por grupos económicos. En este sentido, el ex jefe de Seguridad de Metrovías, Humberto Cisneros, no dejó lugar a dudas cuando denunció que el grupo Roggio “realizó tareas de espionaje y persecución sobre los delegados del subte” (Clarín, 26/11).

Históricamente, las clases dominantes utilizaron servicios de espionaje para conspirar tanto contra sus enemigos como contra las clases subordinadas. Pero recién después de la segunda post guerra, y a instancias del imperialismo norteamericano y británico, los servicios de inteligencia se extendieron a la órbita internacional, para infiltrar los sindicatos donde pesaba la hegemonía de dirigentes obreros del PC, tras la victoria del Ejército Rojo sobre el fascismo. Mientras EE.UU. e Inglaterra crearon la CIA y el MI-5, en 1946 el general Perón puso en pie la Secretaría de Coordinación de Informaciones del Estado, el primer antecedente de la SIDE, con la finalidad de delatar opositores políticos al régimen. Pero en 1956, la Revolución Libertadora reconfiguró ese servicio de inteligencia, poniéndolo bajo jurisdicción de las Fuerzas Armadas y subordinándolo al modelo de la CIA y el Mosad, para iniciar una caza de brujas masiva. Así la SIDE fue utilizada para perseguir a militantes peronistas, atentar contra la vida del mismo Perón y asesinar al abogado Marcos Satanowsky, como denunció en su momento Rodolfo Walsh. El régimen libertador extendió la cacería a los militantes de izquierda mediante la inspección clandestina de la correspondencia de activistas y dirigentes desde las oficinas del Correo Central, y ya en 1967 el general Onganía impulsó las primeras oficinas clandestinas de escuchas telefónicas, de las que se valieron para encarcelar a cientos de militantes, acusados de “motivación comunista”.

Bajo el influjo del Cordobazo, la SIDE incorporó a cientos de militares y amplió la esfera de las escuchas ilegales introduciendo agentes secretos en ENTEL. Pero en 1973, cuando el peronismo vuelve a gobernar con Héctor Cámpora, los agentes militares se fusionaron con militantes peronistas de derecha, que probaron sus servicios en la masacre de Ezeiza baleando a la izquierda peronista. De esas filas, Perón, Isabel y López Rega seleccionaron los cuadros más destacados para conformar la Triple A, mientras la SIDE comenzó la planificación de los primeros Centros Clandestinos de Detención y el Plan Condor que cobraron cabal dimensión con la dictadura militar.

Con el retorno de la democracia, los partidarios de Alfonsín se apoderaron de la SIDE para infiltrar las marchas sindicales con provocadores, como la que acabó con la destrucción del local de Modart, en tanto lanzaron una campaña antiperonista financiando revistas y programas de radio y TV. El menemismo haría de este organismo el principal resorte del encubrimiento del atentado a la AMIA, mientras con el gobierno de la Alianza la SIDE sobornó legisladores para sancionar la Reforma Laboral, y sus agentes se infiltraron en marchas y asambleas tras la debacle de diciembre de 2001.
Los Kirchner mantienen intacta esta cueva de asesinos, integrada por la gran mayoría de los agentes que ingresaron en 1972. La sanción de las leyes antiterroristas facilitó las tareas de espionaje sobre las organizaciones populares, mientras entre 2003 y 2009 aumentó el presupuesto de la SIDE más de un 250%, seguido de una partida anual de $54 millones asignados para desarrollar tareas de inteligencia en la Policía Federal.

La medida más “segura” para defender los intereses populares reside en la apertura de los archivos secretos y la disolución de todos los organismos de espionaje e inteligencia, que tanto derechistas como “progresistas” defienden como un principio.