Tras el escándalo del Proyecto X, la detección de un agente de la Policía Federal en la Agencia Walsh dejó al desnudo la política represiva del “gobierno de los DD.HH”.
Américo Balbuena, oficial de inteligencia de la sección Reunión de Datos de la Federal comenzó sus “labores” como movilero de FM La Tribu, pero recién en 2002 ingresó en la Agencia Walsh, a partir de la cual estableció lazos de confianza con sindicatos y organizaciones políticas y sociales, permaneciendo infiltrado durante más de 10 años.

La Federal tiene más de 1000 agentes que revistan como personal civil de inteligencia realizando tareas de espionaje, violando abiertamente la Ley de Inteligencia Nacional y la Ley de Protección de Datos Personales.

Pero la Federal espía sobre la base de un decreto de 1963, bajo la rúbrica de José María Guido, ratificado en el decreto Ley 2322/67, firmado por el dictador Juan Carlos Onganía. Según su Artículo 12, “ante requerimientos judiciales o de otras autoridades, el Jefe de la Policía Federal estará autorizado a no revelar la existencia del personal del Cuerpo de Informaciones”. Garantizando impunidad ante la posibilidad de una citación judicial, “el personal que en función del servicio y en cualquier emergencia” deba acudir “será instruido en cuanto a la forma que debe presentarse”. Una burla en función de las necesidades del “secreto de Estado”. El texto original del decreto se remonta a 1958 con la firma del general Aramburu, legislación que sirvió a la Revolución Libertadora para infiltrar los círculos de la resistencia peronista y fusilar al general Valle. Pese a que formalmente la Ley de Inteligencia deroga toda legislación anterior, este decreto así como los organismos de inteligencia interna que regula fueron usados por todos los gobiernos constitucionales.

El decreto-ley de marras forma parte de las 141 leyes secretas en vigencia. Este régimen democrático prohíbe el conocimiento del contenido de estas leyes “por cuestiones de seguridad y Estado”, aspecto convalidado por toda la oposición patronal defensora de la “república” y la “Constitución”. El articulado de esas leyes secretas sólo es accesible al funcionariado civil y militar de la burocracia jerárquica de Estado, vinculada por múltiples lazos con las clases dominantes.

Tras la fundación del Estado nacional, las clases patricias utilizaron este recurso para blindar el aparato represivo y asegurar las partidas “especiales” de los funcionarios. Ya en 1891, Carlos Pellegrini sancionó la Ley 2802 para adquirir clandestinamente una partida de fusiles Mauser. En 1995 Menem se apoyó en la Ley 18.302 de 1969, sancionada por Onganía con carácter reservado, para distribuir los millonarios “gastos reservados” de Cavallo y María Julia.

En 2006 el kirchnerismo prometió derogar las leyes secretas, pero finalmente terminó creando más legislación represiva con la Ley Antiterrorista.

Como señalaba Lenin, “no hay Estado, incluso el más democrático, cuya Constitución no ofrezca algún escape o reserva que permita a la burguesía lanzar las tropas contra los obreros, declarar el estado de guerra, etc. ‘en caso de alteración del orden’ -en realidad, en caso de que la clase explotada ‘altere’ su situación de esclava e intente hacer algo que no sea propio de esclavos-“.

La lucha por las libertades democráticas y la derogación de toda la legislación represiva, así como el desmantelamiento del aparato coercitivo que espía a las organizaciones populares, son tareas ineludibles de las mayorías obreras y populares en la perspectiva de conquistar sus legítimos derechos.