En las últimas semanas el gobierno nacional viene demostrando que, además de tener el doble discurso como norma, es cómplice y garante de las terribles condiciones laborales que soportan hace años cientos de miles de trabajadores del campo. Informalidad, tercerización, flexibilización y hasta esclavitud constituyen uno de los pilares de este “modelo” de hiperganancias para los capitalistas agrarios.

La situación de cientos de peones santiagueños esclavizados en campos de San Pedro y otras localidades bonaerenses parece haber sido “descubierta” hace pocos días. Y encima el kirchnerismo intenta convencernos de que el descubrimiento fue gracias a la valentía del Ministerio de Trabajo.

Pero más allá del revuelo provocado por las denuncias, ni el oficialismo ni mucho menos los sojeros están dispuestos a hablar de una realidad de la que son corresponsables. Siete de cada diez asalariados del campo están fuera de todo registro, siendo librados a su suerte gracias a la acción conjunta de patrones, gobierno y burócratas sindicales. Y esa realidad silenciada explica parte de las fortunas embolsadas por los dueños de la tierra, los granos y los puertos. Fortunas que también aprovecha el gobierno, reteniendo una parte y repartiéndola entre otros empresarios mediante subsidios y otros beneficios.

Esclavistas

Cuando se publicaron las denuncias contra Nidera y Southern Seeds, desde uno y otro bando pretendieron eludir cualquier responsabilidad.
Los representantes de la “patria sojera” fueron, claro está, los más cínicos. El “chacarero” Buzzi de la Federación Agraria dijo que “es repugnante que exista trabajo esclavo en el campo, que los investiguen y los metan en cana”. Acto seguido, corrió a sentarse a la mesa junto a Biolcati y Llambías. Este último, por su parte, dijo que “hay formas de trabajo que se hacen en el campo, que quizá alguien que está sentado en una oficina, desconoce”, mientras aseguraba que si en los campos hay muchos norteños es porque en sus pagos viven peor, así que “si quieren ganarse mil pesos por mes eso es bueno”.

Pero el cinismo mayor sería del presidente de la Sociedad Rural. Para Biolcati “las condiciones de trabajo infrahumanas no se encuentran en el campo, sino en la pobreza generada por las decisiones políticas de la Argentina”. Es más, “si hay algo que en el campo se respeta, es la relación humana entre patrón y empleado”.

Precarizadores

“Luego de ver en los medios la situación de los trabajadores rurales, me gustaría que en la reunión con las cámaras patronales también hablemos de las cuestiones del trabajo”. Así anunciaba la Presidenta la semana pasada que el ministro Carlos Tomada participaría de la cita oficial con la Mesa de Enlace. Pero enseguida aclaró que no se puede generalizar, y le pidió nada menos que a las mismas patronales agrarias que ayuden a eliminar esos “enclaves minoritarios” donde se esclaviza a la peonada, para que el sector rural no sea desprestigiado.

El gobierno quiere aparecer “preocupado” por los esclavos mientras ofrece subsidios millonarios a los esclavistas del Siglo XXI. El mismo Tomada lo deja en claro en sus declaraciones. No hay razones para que un trabajador rural carezca de “los mismos derechos que cualquier otro trabajador”, dice el ministro y agrega que “las inspecciones en San Pedro y Ramallo sirven para que los que creen que esto no ocurre tomen conciencia”. Pero a renglón seguido el mismo responsable de intervenir en estas situaciones se limita a esperanzarse con que “las cámaras y la mesa de enlace condenen las prácticas ilegales e indebidas”. Tanta es su confianza en los capitalistas, y tanto su desprecio por los obreros superexplotados, que no duda en afirmar que “la primera responsabilidad es de los empresarios, luego le sigue la de los sindicatos y a eso se le suma el Estado”. Queda claro: poco y nada hará el gobierno para eliminar la superexplotación que enriquece a los estancieros y las multinacionales del agropower.

Todos negreros

Hace un par de meses Tomada decía que “no todas las tercerizaciones son iguales. Hoy la subcontratación forma parte de una nueva forma de organizar la producción y la prestación de servicios”. Pocos días antes Mariano Ferreyra había sido asesinado por la patota de la Unión Ferroviaria. El ministro quería despegarse de su amigo Pedraza reconociendo que en el ferrocarril había fraude laboral, aunque aclaraba que el sistema de tercerizaciones en sí no es malo.

Frente al trabajo esclavo en San Pedro Tomada también quiere desmarcarse, diciendo que la ley que regula la actividad rural data de 1980 y fue dictada por Videla y Martínez de Hoz. Como si no fuera precisamente su gobierno el que la sigue aplicando desde hace casi ocho años.

Mientras en las plantaciones, en los galpones, en las cosechas y en los puertos de todo el país miles de familias obreras dejan su vida en jornadas extenuantes por salarios que no llegan siquiera a cubrir su propia alimentación, los empresarios del campo y los funcionarios juegan siniestramente a echarse culpas por televisión.