Tras la debacle en las elecciones primarias, la oposición patronal adoptó un nuevo jefe que advirtió la necesidad de establecer “un equilibrio en el Congreso para que el próximo gobierno no sea una monarquía”. Sergio Schoklender, el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y reciente converso a la fe “republicana”, fue el centro de un show festejado a rabiar por el grupo Clarín. El “monje negro” fue convocado al Congreso por legisladores duhaldistas, del PRO, de la UCR y de la Coalición Cívica para dar cuenta del escándalo alrededor del desvío de millones de pesos destinados a la Fundación para hacer obra pública. Los “progresistas” del FAP y Proyecto Sur acabaron convalidando la puesta en escena de esos partidos derechistas que utilizan el espantajo de Schoklender para desacreditar la lucha del movimiento de los derechos humanos. El escenario fue tan patético que la sesión se realizó prohibiendo la presencia de periodistas y camarógrafos. Trascendió que Schoklender se presentó como una víctima, privada del derecho al trabajo e interesada en reestablecer las fuentes de trabajo de los obradores de la Fundación. Este caradura es propietario de Meldorek SA, hasta hace pocos meses la segunda empresa constructora del país, después de Techint, así como dueño de dos aviones, un yate, un Porsche 911, una Ferrari F430 y quien sabe cuantos bienes más.

El oficialista juez Oyarbide es la pieza más cómica de la investigación judicial: exigió un informe a la Auditoría General de la Nación pero se negó a entregar la documentación correspondiente. Obviamente, Shoklender “prendió el ventilador” para llegar a un acuerdo con el gobierno. En ese sentido reveló que el agente del Servicio de Inteligencia Fernando Pocino intentó persuadirlo confesándole que la causa quedaría planchada después de las elecciones y que “Anibal Fernández no olvida a los amigos”. La impunidad de Carlos Menem demuestra la elocuencia del kirchnerismo a la hora de retribuir favores.

Cooptación estatal

Para exculpar al gobierno kirchnerista, Horacio Verbitsky escribió que “la crisis de la Fundación Sueños Compartidos estalló cuando la presidenta CFK se negó a concederle un crédito a tasa subsidiada de la línea del Bicentenario, que Schoklender le había pedido a Débora Giorgi, porque no estaba contemplado su otorgamiento a organizaciones sin fines de lucro. Schoklender pidió entonces que los fondos se entregaran a la empresa Meldorek, pero nunca presentó las garantías que le reclamaron” (Página/12, 18/09). ¡Ahora resulta que fue el gobierno el que cortó el chorro! Verbitsky no quiere recordar que mucho antes de estallar el escándalo Néstor Kirchner sabía del descalabro financiero a partir de los informes mensuales de la ex ministra Felisa Miceli, encargada de llevar las cuentas de Madres. Según consta en los archivos del Banco Central, durante los tres primeros meses de 2010 aparecieron 34 cheques rechazados por falta de fondos por un valor de $403.984,96. Entre noviembre de 2004 y marzo de 2008 fueron rechazados 147 cheques sin fondos por un monto de $1.668.270,39. El fiscal Guillermo Marijuan imputó a José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera, por violación a los deberes de funcionario público, pues el mismo había recibido tres reportes de operaciones fraudulentas. Cabe añadir que la Unidad de Información Financiera es una institución dependiente del poder ejecutivo. Más aún, a principios de 2010 el Banco Central informó a Sbatella que había recibido un cheque sin fondos por $4,8 millones proveniente de Madres (La Nación, 22/06). Se presume que la Fundación Madres servía como caja negra del Ministerio de Planificación de Julio De Vido y la Secretaría de Obras Públicas al frente de José López y Abel Fatala, los que entregaron $765 millones a Schoklender que terminaron en negociados de diversa índole.

La presunta ingenuidad de Verbitsky concluye que “habrá que cuidar que el merecido castigo a cualquier deshonestidad no implique el abandono de formas de organización social distintas a las del mercado, que... tienden a la integración de sectores marginados”. Sin embargo, el gobierno optó por una salida de “mercado” dejando en la calle a 6.000 trabajadores que no cobran sus salarios hace meses, gran parte sin siquiera habérsele efectuado los aportes sociales. Cristina incluso interpuso a la Policía Federal para evitar la protesta de los trabajadores en la ronda de los jueves de las Madres en la Plaza de Mayo.

Como su cara más abyecta, Schoklender no es más que la punta del iceberg de la cooptación de los movimientos sociales, corrompidos por el manejo discrecional de la obra pública para ser asimilados como un apéndice del mismo Estado que impulsó el terrorismo genocida. Bajo la ilusión de “ocupar posiciones” a partir de un “desplazamiento de fuerzas” en una supuesta “democratización del Estado”, esos movimientos fueron esterilizados en tanto movimientos de lucha. Por eso Hebe de Bonafini ni siquiera se acordó de Julio López en un nuevo aniversario de su desaparición, dejando atrás la lucha intransigente que libró junto a los partidos de izquierda contra impunidad de los militares que promovían la UCR y el PJ. Vale recordar que, con el consentimiento de Hebe, Schoklender presentó una denuncia en la Metropolitana contra los trabajadores sin techo que ocuparon el Parque Indoamericano reclamando su derecho a la vivienda, suceso que terminó con el asesinato de cuatro compañeros inmigrantes.

La independencia del Estado que mantenemos las organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia es una condición indispensable para orientar la lucha en las calles contra la impunidad de ayer y de hoy.