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¿Contención de la pobreza o trabajo para todos?

Para la Iglesia, uno de los grandes propietarios inmobiliarios del país, llorar por la pobreza es pura hipocresía. Además, con los impuestos que pagamos, el Estado financia a la Iglesia católica con $18 millones sólo para pagar los ingresos mensuales de obispos y seminaristas, mientras destina bajo su control la mayor parte de presupuesto asignado a los colegios privados.

Miguel Raider

13 de agosto 2009

Para la Iglesia, uno de los grandes propietarios inmobiliarios del país, llorar por la pobreza es pura hipocresía. Además, con los impuestos que pagamos, el Estado financia a la Iglesia católica con $18 millones sólo para pagar los ingresos mensuales de obispos y seminaristas, mientras destina bajo su control la mayor parte de presupuesto asignado a los colegios privados. Sólo en la ciudad de Bs. As., los colegios de la Iglesia católica manejan la friolera de $705 millones, mientras las cuotas mensuales oscilan entre $400 y $900 por alumno. Nada mal para mantener los votos de pobreza. En este marco, el Papa envió un telegrama donde pidió reducir lo que calificó como “el escándalo de la pobreza y la inequidad” para “hacer posible una sociedad justa y solidaria”. Sus palabras fueron secundadas por el presidente del Episcopado, el cardenal Jorge Bergoglio, quien durante la celebración de San Cayetano declaró “una injusticia la falta de pan y trabajo”, un tiro directo al gobierno de los Kirchner, los que admitieron que la pobreza alcanzaba a 23%, desmintiendo así el 15,3% trucho señalado por el INDEK.

El ingreso universal por hijo de la derecha

El debate de la pobreza fue utilizado por todas las vertientes de la oposición de derecha para llevar agua a sus respectivos molinos. Siendo una bandera histórica de la CTA y el viejo ARI de centroizquierda, el PROperonismo, el peronismo disidente, los radicales y la Coalición Cívica proponen implementar un ingreso universal por hijo de $100 a $200 para subsidiar a todos los menores de 18 años adquiriendo nuevos préstamos con el FMI. Esto significaría repartir U$S 8.100 millones anuales entre 13 millones de menores, mientras con la baja de las retenciones del 35 al 25% obtendrían U$S 3.180 millones para repartir entre 300.000 productores rurales. ¡Pavada de distribución de la riqueza!

Esta política naturaliza la hegemonía del mercado en la asignación de los recursos en función de los intereses de los grandes capitalistas, considerando la desocupación y la pobreza elementos intrínsecos a la economía. Cabe destacar que este subsidio es la política recomendada por el Banco Mundial como soporte de contención, tal como en 2002 sugirió el representante del FMI Anooph Singh a Eduardo Duhalde con la instrumentación de los planes Jefes y Jefas de Hogar, oponiéndose a la creación de empleo genuino. Si los grandes capitalistas amasaron fortunas en años de crecimiento récord, ante la crisis económica levantan como salida el despido de millones de trabajadores, librándolos al azar de la beneficencia estatal. Resulta que los derechistas ahora se rasgan las vestiduras por los pobres, pero cuando estos se organizaron en los movimientos de desocupados, lanzaron una furiosa campaña junto a los medios de comunicación, demonizando los piquetes, los cortes de ruta y sus legítimas demandas. No casualmente se preparan con la policía “antipiquetes” creada por Mauricio Macri, en tanto redoblan leyes represivas como la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, proyecto recientemente aprobado en general en el Senado con el voto unánime de todos los bloques. Haciendo a un lado toda demagogia, estos sectores son los que promueven las campañas de mano dura y criminalización de la pobreza.

El centroizquierda

No escaparon al debate los sectores del centroizquierda como la CTA, el Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella y Proyecto Sur de Pino Solanas, los que levantan el ingreso universal por hijo a partir de un impuesto que grave la renta financiera, minera y petrolera para obtener los fondos. Si bien esta política desde ningún punto de vista resuelve el flagelo de la pobreza, resulta contrario a los intereses de la clase trabajadora que una organización como la CTA tome el problema de la pobreza como un “ciudadano” de las clases medias, omitiendo la necesidad de unir las filas de los trabajadores para luchar por imponer una salida a la desocupación y la miseria. Resulta vergonzoso que durante la última movilización de la CTA, Yasky planteara la prohibición de los despidos “sin causa”, convalidando así el despido “con causa” cuando los empresarios presentan al ministerio de Trabajo los recursos preventivos de crisis o cuando vence el contrato de los trabajadores precarizados.

La idea del ingreso ciudadano fue la respuesta impotente de los centroizquierdistas durante la ofensiva neoliberal que se adaptaban a la desocupación, considerándola un hecho irreversible. De ese modo, la “exclusión social” generaba como contrapartida la necesidad de la intervención del Estado con políticas de “inclusión social” para “humanizar” las aristas del “capitalismo salvaje”, una utopía reaccionaria, particularmente en épocas de crisis donde las clases dominantes buscan descargar los costos de la crisis sobre las clases subordinadas. El capitalismo como sistema no puede absorber a la totalidad de la clase trabajadora en la producción de bienes y servicios. Esa población obrera sobrante es arrojada a la pobreza y sirve a los capitalistas como ejército de reserva para regular el salario, en tanto una porción rota en el mercado laboral con trabajo precario, mientras otra porción es empujada hacia la marginalidad y el delito. Por eso, lejos de las aspirinas, erradicar un problema drástico y estructural como la pobreza exige una solución drástica y estructural, damnificando los intereses de los capitalistas.

Con un discurso a la izquierda de los centroizquierdistas mencionados, Emilio Pérsico, Luis D’Elia y Edgardo Depetri, referentes de los movimientos sociales afines al kirchnerismo, sostienen que la lucha contra la pobreza pasa por “terminar con el trabajo precario” y crear “puestos de trabajo genuinos”.
Parece una ironía. ¿Acaso los Kirchner no avalaron miles de despidos de trabajadores contratados para “abaratar costos”? ¿Acaso durante los años de crecimiento no incentivaron el empleo precario para incrementar astronómicamente la rentabilidad patronal? Los Kirchner recurrieron al salvataje de las ganancias de los empresarios, utilizando los fondos de la ANSES para subsidiar una parte de los salarios de 90.000 trabajadores en blanco comprendidos en el REPRO, mientras la gran mayoría de los más de 200.000 despidos producidos durante los últimos cuatro meses fueron trabajadores contratados. La defensa del empleo kirchnerista se reduce a “proteger” el trabajo en blanco, bajando el salario y modificando las condiciones laborales, abandonando a más del 40% de la clase trabajadora empleada bajo modalidades de precariedad laboral a la arbitrariedad de los empresarios. Así, los Kirchner sostienen otra vía para que los capitalistas descarguen la crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora.

Por un plan de obras públicas

Es necesario superar a los dirigentes de la CGT y a la CTA para que los sindicatos tomen los reclamos de los desocupados y luchen por un seguro de desempleo de $1.500 y la prohibición de despidos y suspensiones. Los socialistas revolucionarios del PTS pensamos que para resolver integra y efectivamente este flagelo es necesario apelar a la movilización obrera y popular en las calles hasta imponer un verdadero plan de obras públicas, solventado con impuestos progresivos a las grandes fortunas y el no pago de la fraudulenta deuda externa, que ponga a trabajar todas las manos disponibles con un salario equivalente al costo de la canasta familiar indexado por la inflación. Un verdadero plan de obras públicas que comience por construir 1 millón de viviendas dignas para cubrir el déficit habitacional que afecta a millones de hogares, así como la instalación de cloacas, agua potable, red de gas y la construcción de escuelas, hospitales, caminos, terraplenes, acueductos y toda la infraestructura necesaria. Asimismo, se precisa nacionalizar sin pago y bajo control de los trabajadores a toda empresa que cierre o despida, repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados y terminar con el trabajo en negro mediante el pase a planta permanente y a convenio de todos los trabajadores. Sólo un programa de estas características puede guiar la acción de los trabajadores para que los capitalistas paguen los costos de la crisis.

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