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LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Criminales con licencia para matar

Cumplidos dos meses de la declaración de emergencia en materia de seguridad, el gobernador Scioli comienza a cosechar resultados temerarios.

Criminales con licencia para matar
5 de junio 2014

Cumplidos dos meses de la declaración de emergencia en materia de seguridad, el gobernador Scioli comienza a cosechar resultados temerarios.

Bajo la presunta finalidad de “terminar con la oleada delictiva”, Scioli lanzó una convocatoria para reincorporar a 15.000 retirados de la Bonaerense, especificando que supuestamente no sería admitido aquel personal afectado por causas de lesa humanidad u otros delitos graves como gatillo fácil, apremios ilegales, etc. Si bien el secretario de Derechos Humanos bonaerense Remo Carlotto aseguró que todos los legajos estaban en orden, los trascendidos judiciales señalaron que la Secretaría a su cargo vetó mas de la mitad de los postulantes, mientras el Ministro de Seguridad Alejandro Granados dio el visto bueno a todas las solicitudes, burlando incluso el control de la Comisión Bonaerense por la Memoria y del CELS, proporcionando así el alta a criminales habilitados con licencia para matar. La denuncia fue realizada por Horacio Verbitsky, agregando que la provincia de Buenos Aires registra “la tasa de prisionización más alta de Argentina y una de las mayores de la región” (200 detenidos cada 100.000 habitantes), en tanto Granados “exhuma políticas aplicadas durante la gestion de Camps y adhiere a la misma retórica violenta del ex gobernador Ruckauf y su ministro Aldo Rico” (Pagina12, 2/06). Que otra cosa podría esperarse del ex intendente que impulsó escuadrones de la muerte contra jóvenes pobres en Esteban Echeverria y Ezeiza, integrados por ex efectivos de la Bonaerense vinculados a los Foros de Seguridad.

También resultan alarmantes los convenios celebrados con las agencias de seguridad privada como instituciones auxiliares de las fuerzas de seguridad pública, antecedente que solo tiene registro en la dictadura genocida. Omitiendo todo tipo de control, Scioli introdujo la participación de empresarios como Rodolfo Mario González Arrascaeta, titular de las agencias Torresco AES, CR Seguridad SA, Manuto Seguridad SA y ex policía ferroviario, proveedor de las armas utilizadas contra la izquierda peronista en la masacre de Ezeiza de 1973 (www.otroscirculos.com.ar). Gran parte de estas empresas están en manos de genocidas, enmascarados bajo testaferros, que facilitaron el reciclaje de bonaerenses caídos en desgracia, ex carapitandas y hasta ex agentes de la Triple A.
Este rumbo es secundado por todas las fuerzas del régimen. Más allá de la demagogia de la UCR (que impulsó políticas de mano dura en su alianza con Francisco De Narváez), desde los derechistas Scioli y Massa hasta los “progresistas” de La Cámpora y Nuevo Encuentro, todos aprobaron el proyecto de ley de las policías comunales como organismos complementarios de la Bonaerense. Esta demanda histórica de los barones del conurbano significa la adquisición de nuevos poderes represivos mediante la institucionalización de sus patotas para redoblar el control territorial asentado sobre el aparato de punteros y las políticas clientelistas. De esta manera, comienzan a templar nuevas herramientas represivas para blindar al Estado ante las consecuencias del ajuste en curso. Una política para fortalecer a las fuerzas represivas, las verdaderas responsables de la inseguridad.

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