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Internacional

Días negros y "nacionalizaciones" bancarias

El pasado viernes, el Estado norteamericano llevó a cabo una nacionalización parcial del Citigroup consistente en un cambio de mano de acciones. El Tesoro de Estados Unidos canjeó 25.000 millones de dólares que poseía en acciones preferenciales, es decir, acciones que tienen un rendimiento anual pero que no dan derecho a voto, por acciones comunes que no aseguran rendimiento pero dan derecho a voto.

Paula Bach

5 de marzo 2009

El pasado viernes, el Estado norteamericano llevó a cabo una nacionalización parcial del Citigroup consistente en un cambio de mano de acciones. El Tesoro de Estados Unidos canjeó 25.000 millones de dólares que poseía en acciones preferenciales, es decir, acciones que tienen un rendimiento anual pero que no dan derecho a voto, por acciones comunes que no aseguran rendimiento pero dan derecho a voto. Mediante este canje el Tesoro adquirirá aproximadamente 25.000 millones de dólares en acciones comunes. Esta operación aumenta su participación en el directorio del Citigroup del 7,8% que detentaba anteriormente al 36%, convirtiéndose en accionista mayoritario aunque sin poder exclusivo de decisión que requeriría al menos la propiedad del 51% de las acciones. Las mencionadas acciones preferenciales habían sido obtenidas por el Estado a fines del 2008 contra entrega de 45.000 millones de dólares y la garantía sobre 300.000 millones de dólares sobre activos del Citigroup que se está desangrando por su exposición a las inversiones del alto riesgo en los préstamos subprime que estuvieron en el origen del estallido de la crisis financiera. En conclusión, el Estado norteamericano (es decir los contribuyentes) ya perdió, sólo por la desvalorización de las acciones del Citi, casi 20.000 millones de dólares y ahora adquiere acciones sin rendimiento seguro e incrementa su participación en las decisiones del directorio. Con esta medida, las acciones ordinarias pierden valor y se revalorizan las acciones extraordinarias del Citi que se liberan para el aporte de capital de inversores privados, a su vez, la caída en la cotización de las acciones ordinarias, disminuye la cotización de la deuda de largo plazo del banco, otorgándole un nuevo alivio. De este modo, el Estado imperialista norteamericano así como otros Estados imperialistas europeos, buscan contener la sangría de las corporaciones bancarias y aseguradoras que hicieron enormes ganancias bajo el auge de la burbuja inmobiliaria garantizando a tasas altísimas préstamos de alto riesgo mientras los precios de las viviendas se elevaban sin techo aparente. Ante el desinfle de la burbuja y la caída de los precios de la propiedad inmobiliaria, estas instituciones se ven obligadas a pagar un costo igual o mayor a las ganancias embolsadas durante el período de auge. En este contexto, los Estados capitalistas se convierten de forma extrema en garantes de los negociados de estas corporaciones, utilizando los fondos de los contribuyentes (en su gran mayoría trabajadores y sectores populares) que además hoy están perdiendo sus viviendas. El objetivo más inmediato que persiguen las semi-nacionalizaciones burguesas consiste en intentar restablecer el “sistema circulatorio” del capital es decir, el sistema de crédito, a través del salvataje de las grandes corporaciones que una vez saneadas serían nuevamente entregadas a bajo precio al gran capital. Sin embargo, la magnitud de la crisis económica mundial dificulta el éxito de esta operación.

Monetaristas y keynesianos vs. revolucionarios

Este proceso de nacionalización parcial del Citigroup, así como la anterior nacionalización parcial de AIG, la del banco británico Northern Rock el año pasado y la probable nacionalización del Bank of America entre otras, por parte de los gobiernos de los países imperialistas centrales, ponen de relieve una cuestión de extrema importancia que está en el centro de las discusiones entre “libre mercadistas” rabiosos de un lado y “keynesianos” del otro. No obstante, el oscuro telón de fondo de la crisis, está uniendo bajo la consigna de la necesidad de nacionalizaciones bancarias transitorias, tanto a representantes de los primeros, como el ex jefe de la Reserva Federal Alan Greenspan como a representantes de los segundos, tales como el premio Nobel Paul Krugman. Se pone de manifiesto una cuestión importante porque sale a luz que en el marco de crisis agudas del capitalismo en las que su “sistema circulatorio” se esclerosa y el crédito deja de funcionar con cierta normalidad, cuando la disminución de las tasas de interés de corto plazo por parte de los bancos centrales no logra actuar sobre las tasas de largo plazo del mercado abierto, cuando el crédito no se recompone, cuando los capitalistas en lo que menos piensan es en invertir, cuando el sistema se ve seriamente amenazado -en principio- por sus propias contradicciones, los popes del capital –que en general tratan de evitar por todos los medios cualquier tipo de nacionalización que, por otra parte, en el marco de la actual crisis, entraña el peligro de quiebra de los Estados que se hacen cargo de las deudas privadas-, se ven obligados a apelar a determinados instrumentos (como veremos, mediante mecanismos y objetivos muy distintos) que en su denominación formal se parecen a medidas que integran el programa de los revolucionarios. ¿Por qué es importante establecer esta distinción? Porque el parecido formal es una prueba del carácter necesario, es decir de necesidad histórica del programa marxista revolucionario. La necesidad de nacionalizar aún parcialmente la banca, es por un lado, una prueba de los límites de la anarquía capitalista que se ha sobrevivido y puesto de manifiesto bajo la modalidad reaccionaria de la época del capitalismo imperialista que discurre desde principios del siglo pasado. Pero por otro lado, pone al descubierto los intereses de clase que se ocultan detrás de la institución del Estado. Los Estados burgueses con las nacionalizaciones buscan –en la variante más leve- salvar a los bancos y a los banqueros mediante los recursos del Estado, es decir, con los fondos de los contribuyentes, en su gran mayoría trabajadores y sectores populares. Con los fondos de aquellos mismos a quienes han explotado y exprimido a más no poder en las épocas de bonanza, los Estados persiguen sanear a los bancos para luego, reprivatizarlos, revitalizando un negocio que se vuelve redondo para los grandes capitalistas. Esto es lo que sucedió en Suecia en 1992.
Luego del estallido de una burbuja inmobiliaria que colocó a Suecia frente a una grave crisis, el ministro Bo Ludgren ideó un plan de rescate que a través de la inversión del 4% del PBI, hizo que el Estado Sueco obtuviera mayoría en el directorio de 114 bancos. Cuatro años más tarde, una vez saneados, los bancos fueron reprivatizados a bajo precio con lo que el Estado recuperó sólo la mitad de la inversión. O, por decirlo de otro modo, perdió el 2% del PBI. El saneamiento de los bancos suecos, amén de haber sido hecho con el dinero de los contribuyentes, empalmó con una situación mundial de recuperación económica. Por estos motivos y en el marco de la actual crisis económica mundial es improbable que nacionalizaciones bancarias corran una suerte similar a la de Suecia de 1992.

Hay nacionalizaciones y nacionalizaciones…

Las nacionalizaciones sean del tipo que sean, tengan los objetivos que tengan, son un síntoma de que las leyes del capital ya no pueden operar libremente. Pero he aquí que esto representa una contradicción para las propias leyes del capital que implican en su modelo ideal el libre juego de las leyes de la oferta y la demanda, el libre juego de la ley del valor, o más sencillamente la anarquía de la producción de múltiples propietarios privados independientes que en su libre accionar establecen un equilibrio que se impone, se quiebra y se vuelve a establecer, haciendo posible el desarrollo más o menos normal de la economía y de las fuerzas productivas. Este mecanismo que oculta la explotación de millones de trabajadores, la producción y realización de trabajo no pago, única fuente de la ganancia, funcionó de manera relativamente aceitada (aún precisando de una intervención creciente del Estado que no hay que olvidar que siempre jugó un rol fundamental en el sostén de las relaciones de producción capitalistas) hasta las últimas décadas del siglo XIX. El siglo XX y el actual siglo XXI, con sus dos grandes guerras mundiales, con la primera revolución obrera triunfante y con sus episodios de crisis internacionales sin precedentes, uno de los cuales estamos transitando, han estado y están allí como signo de que las “fuerzas del mercado” ya no pueden gobernar el desarrollo relativamente armónico de las fuerzas productivas sociales. No sólo los marxistas revolucionarios hemos reparado desde hace más de un siglo en este problema. Una de las mentes más lúcidas de la burguesía, el economista inglés Lord John Maynard Keynes, identificó desde las primeras décadas del siglo pasado, una situación parecida sólo que, por supuesto, con objetivos muy distintos. Las convulsivas primeras décadas del siglo XX y la gran depresión de los años ‘30 fueron un terreno fértil para que las mentes más brillantes del proletariado y de la burguesía identificaran rasgos comunes de una situación, proponiendo y luchando por programas opuestos por el vértice. Es en este contexto en el que hay que interpretar la cuestión de la “nacionalización” de los bancos así como de otras posibles nacionalizaciones. Cuando la burguesía estatiza lo hace para salvar un modo de producción condenado a muerte por la historia. Cuando la burguesía estatiza busca que el Estado burgués que la representa, concentre parte de sus negocios y establezca una relativa planificación, parcial y transitoria de una parte de las fuerzas productivas que tiene por objetivo último la reprivatización. Esta transición resulta una transición hacia atrás, es decir, para restablecer las condiciones de la ganancia en las cuales el capital pueda volver a funcionar. Pero esta transición es regresiva porque a la vez que niega parcialmente y por un período la anarquía del capital, al buscar restablecerla, niega de manera absoluta la necesidad de planificar las fuerzas productivas estableciendo un plan racional para su funcionamiento. Y este plan racional sólo puede establecerse aboliendo la existencia de múltiples capitales privados independientes, es decir, expropiando a la burguesía, cuestión que por supuesto no va a hacer la propia burguesía. Cuando la burguesía comienza a nacionalizar está reconociendo que su sistema no va más pero como obviamente no está dispuesta a reemplazarlo por otro, sí está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias para salvar su modo de producción, su clase, al capital “condenado a muerte”. Esto significa que en manos de la burguesía las nacionalizaciones1, tengan el grado que tengan, resultarán, en el “mejor de los casos”, salvatajes a la manera sueca. En el peor y más probable de los casos, dada la profundidad de la crisis económica mundial, pueden ser las primeras lanzas de los Estados de las burguesías imperialistas que se preparan para acontecimientos extremos. Estos acontecimientos ¿incluyen las guerras? Por supuesto, como lo muestran las dos grandes catástrofes mundiales del siglo XX que bajo la forma de fascismo en un caso y de democracia liberal en el otro, establecieron las condiciones del mayor estatismo posible bajo la égida del capital. El propio Keynes que en su desarrollo más sensato y por supuesto, ocultado por la economía oficial, planteaba la necesidad (para salvar a la burguesía) de que el Estado planifique transitoriamente el gasto y la inversión anulando la existencia de ganancias extraordinarias, reconocía que: “Parece políticamente imposible que una democracia capitalista organice el gasto en una escala necesaria para realizar el gran experimento que daría prueba a mis tesis –salvo que se verifique una guerra-“2. Por supuesto en ningún lado está escrito que la clase obrera y los sectores populares, permitan a la burguesía continuar con sus decadentes y salvajes “experimentos”.

¡Por una nacionalización de la banca bajo administración de los trabajadores!

Desde el ángulo opuesto al de la política de la burguesía, la medida de nacionalización de la banca que levantamos los revolucionarios persigue fusionar a todos los bancos en un solo banco del Estado, sin ningún tipo de pago o indemnización a los banqueros-capitalistas. La nacionalización de la banca que hace parte de nuestro programa, apunta tanto contra los “banqueros” como contra los propietarios privados de los medios de producción y de la distribución que están estrechamente entrelazados con el capital bancario en la forma del capital financiero, característico de la época imperialista. La nacionalización de los bancos que promueve nuestro programa, el programa revolucionario, es la única forma de que el Estado posea el control sobre los fondos, sobre el dinero y el crédito para establecer una organización planificada y racional de la economía, de la producción y distribución de los productos más importantes. La nacionalización de los bancos es una medida necesaria para establecer el monopolio estatal del comercio exterior y el control de cambios así como la salida y entrada de capitales para impedir, por ejemplo, las fugas masivas. La nacionalización de los bancos que pregona nuestro programa, en lugar de expropiar a los pequeños ahorristas, en lugar de salvar al gran capital concentrado mediante los impuestos cobrados a los trabajadores y a los sectores empobrecidos, en lugar de conducir en sus variantes más extremas a las carnicerías imperialistas, crearía fuentes de crédito barato y con amplias facilidades para todos estos sectores, tanto para campesinos como para pequeños comerciantes. El Estado lograría además por esta vía la posibilidad primero de conocer las operaciones financieras más importantes sin que nadie pueda ocultárselas, luego podría controlar esas operaciones con la posibilidad de organizar y dirigir de forma racional la economía. Por supuesto, esta medida programática que es la única forma racional de nacionalizar los bancos concentrando las grandes masas de capital existente con el fin de dar los primeros pasos para poner en pie una economía planificada, es parte de un programa transicional de conjunto. Este programa incluye, entre otras medidas, la necesidad del reparto de las horas de trabajo sin reducciones salariales, buscando que la crisis la paguen quienes la provocaron, es decir los capitalistas, apuntando al corazón de la gran propiedad privada y por tanto a sus ganancias. Por ello, exige que el poder mismo del Estado pase de manos de los explotadores a las manos de los trabajadores.

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