Sancionada la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la primera medida tomada por la Cámara Federal fue la reapertura de las principales causas que quedaron archivadas en el año ’87 con las leyes de Alfonsín: “I Cuerpo del Ejército” (que incluye la mayoría campos de detención de la Pcia. de Buenos Aires, Capital y parte de La Pampa) y la causa “ESMA” (sobre el centro de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada).
El viernes 12 la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el CeProDH nos presentamos como querellantes en la causa ESMA y hemos creado junto con otros organismos que se van sumando como Correpi, Liberpueblo, etc., un espacio de trabajo para tomar en forma unitaria estas causas contra los genocidas.
Los medios de comunicación le dieron amplia cobertura a este hecho después de tantos años de que las causas estuviesen inmóviles y los asesinos impunes. Bajo el título “Cuarenta y siete represores se prueban el traje a rayas” Página/ 12 así lo reflejó el sábado 13: “La Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, representada por los abogados Mónica González Vivero, Myriam Bregman y Rodolfo Yanzón, solicitó ser tenida como parte querellante en el expediente. En el escrito que dejó en el juzgado aportó información sobre la estructura, funcionamiento y cadena de mandos de uno de los mayores campos de concentración del país”.
En el mismo sentido Diario Judicial de esa semana publicó “El organismo que agrupa a los ex detenidos desaparecidos de la Argentina se presentó hoy ante el juez federal Sergio Torres para que se los incorpore como parte querellante en la llamada ‘mega-causa’ por los crímenes en la ESMA durante la dictadura militar y pidieron la detención de los principales represores que actuaron en el lugar. Mediante una presentación que suscriben los abogados Rodolfo Yanzón, Mónica Gonzalez Vivero y Myriam Bregman, la entidad detalló imputaciones concretas sobre cada uno de los ex oficiales a los que responsabilizan por la suerte de unas 500 personas que pasaron por ese centro clandestino de detención de la Capital Federal.”
El objetivo de esta presentación es tener un rol activo en el expediente y utilizar todas las herramientas jurídicas posibles para evitar las maniobras que los represores y sus cómplices intentarán para mantener su impunidad.
Desde el CeProDH vemos la necesidad de luchar por implementar juicios por jurados y la elección de los jueces por voto directo para que estas causas no queden en manos de esta justicia. Asimismo, es imprescindible formar comisiones investigadoras, por fábrica, por barrio, etc., independientes del Estado, para profundizar la investigación y aportar pruebas necesarias para imputar a todos los que participaron en los CCD y en la represión, para que vaya a la cárcel hasta el último de los represores