El proyecto de declaración del bloque conformado por Alejandro Vilca, Natalia Morales, Eduardo Hernández y Gastón Remy (impedido de asumir la banca), se realizó por pedido de integrantes de la comunidad Las Capillas y el Pueblo Ocloya. Plantea que la Legislatura de Jujuy se expida ante el grave fallo judicial por parte del Juez Isidoro Cruz del 19/11/2020 que pesa sobre miembros de la comunidad indígena Las Capillas, Pueblo Ocloya y solicite la desestimación de la medida judicial vigente para que cese la orden de desalojo. La misma, (Expte P-210086-MPA) reconoce como propietario de las tierras de la comunidad indígena Las Capillas a la empresa Piuquenes y admite que son usurpadores a integrantes de la comunidad que ejercen la posesión ancestral de sus tierras.

“Es un grave antecedente el accionar de la Justicia de Jujuy que reconoce a la minera Piuquenes como propietaria de territorios donde viven, poseen y hacen uso del mismo la comunidad indígena Las Capillas desde tiempos ancestrales. La medida judicial viola la Ley nacional 26.160 y su prórroga 27.400, que prohíbe y establece la suspensión de desalojos, sean de sentencias o actos procesales de las comunidades indígenas del país. Desde el bloque del PTS FIT sostenemos que la Legislatura de Jujuy tiene que solicitar que deje sin efecto la medida judicial vigente, como también que se repudie los hechos de violencia y amedrentamiento a dirigentes y miembros de la comunidad, y se exija el cumplimiento de la Ley 26.160 y su prórroga Ley 27.400, como plantearon las y los hermanos de Las Capillas y del Pueblo Ocloya”, sostuvo Natalia Morales.

Para finalizar sostuvo que no es un hecho aislado, sino más bien el accionar del Estado que de manera permanente vulnera los derechos indígenas . “Lo hemos visto con Tusca Pacha en Palpalá, donde la justicia desalojó violentamente a miembros de la comunidad a favor de la inmobiliaria Sucre, en las comunidades de las salinas o en La Quiaca Vieja, donde no se garantiza el procedimiento de consulta previa, libre e informada, pero además impulsan como política de Estado el extractivismo con la megaminería o el agronegocio”.