Lo ocurrido en las últimas semanas alrededor de Papel Prensa y Cablevisión muestra que a la pelea entre el Gobierno y las corporaciones mediáticas opositoras le esperan nuevos capítulos. Aún no está claro qué pasará con estas dos empresas pertenecientes al Grupo Clarín sobre las que pesan medidas estatales (ley votada por el Congreso en un caso e intervención judicial en el otro) tendientes a contrarrestar la posición dominante que ostentan desde hace años en el mercado. Si bien el ataque oficial parece certero, tanto la partición de Cablevisión (volviendo a separarse de Multicanal) como la fijación de condiciones económico-financieras para la actividad de Papel Prensa estarán sujetas a acciones legales cruzadas y largas idas y vueltas como vimos en los últimos años.

Papel Prensa

Como escribimos en el número anterior, con la promulgación de la Ley que declara “de interés público la producción, distribución y venta del papel para diario”, el gobierno busca intervenir en el negocio que desde hace más de treinta años manejan a su gusto los dos diarios más grandes del país (Clarín y La Nación), accionistas mayoritarios de la única empresa nacional productora de ese insumo. Mientras utiliza en su favor la denuncia sobre la historia de violación de derechos humanos, robo y negociados que rodean a la empresa, la movida kirchnerista tiene como objetivo central mejorar la “competitividad” de los medios gráficos aliados, mediante la garantía de acceso al papel y a un precio “igualitario”, logrando un mejor posicionamiento de éstos en la disputa con los medios opositores. Es decir, que Página/12, Tiempo Argentino, Crónica y otros diarios de Buenos Aires y del interior consigan más papel, para poder vender más publicidad y mejorar las condiciones para seguir reproduciendo la versión oficial de la realidad.

Ni ataque “chavista”, como denuncian las huestes de los Magnetto y los Mitre, ni “democratización del acceso al papel”, como expresa el discurso oficial. La obligación de “repartir” mejor la producción de la empresa monopólica no es más que una medida de corte liberal tendiente a mejorar las condiciones de competencia entre las grandes empresas periodísticas.

Cablevisión

Un gobierno que le dio todo a Clarín durante sus primeros años, ¿cómo hace para sacárselo ahora que el romance se terminó? Desde hace tres años el kirchnerismo se la tiene jurada a Noble y Magnetto. Algunas veces pudo pegar (aprobación de la Ley de Medios, conquista a Grondona y Fútbol Para Todos, creación de medios amigos para disputar audiencia y lectores, etc.) y otras veces recibió los golpes (no se pudo comprobar que Marcela y Felipe son hijos de desaparecidos -no porque no lo sean, sino porque el Estado no se “animó” a descubrirlo-; hay medidas cautelares que impiden aplicar algunos artículos de la Ley de Medios; Fibertel no desapareció -como había prometido De Vido hace un año-, etc.).

Después de las elecciones, el gobierno eligió a Cablevisión como nuevo blanco de ataque. A través de una manganeta judicial impulsada por el Grupo UNO, de los empresarios Vila y Manzano (ayer anti-K y hoy amigos del gobierno), el Estado “intervino” Cablevisión con el objetivo de que se retrotraiga su situación a antes de diciembre de 2006, cuando Néstor permitió la fusión con Multicanal. Es decir, que vuelvan a ser dos empresas en lugar de una, favoreciendo así las condiciones de Supercanal (perteneciente al Grupo UNO).
El rechazo de Clarín y sus aliados a la intervención judicial, recubierto de la premisa capitalista de la “libertad de prensa”, se transformó en una amplia cobertura que inundó las páginas y las pantallas, donde las corporaciones se presentaron como víctimas. Resta saber si en las primeras semanas del año nuevo los abogados de Clarín logran sacar algún as de la manga (presentación ante tribunales internacionales, medidas cautelares) y conseguir ganar tiempo.

Como parte de esta disputa, no faltó el rol asignado a los trabajadores de Cablevisión. Mientras el diario La Capital de Rosario (del Grupo UNO) decía que Cablevisión despidió a cientos de trabajadores tras la fusión con Multicanal, el Grupo Clarín difundía en sus medios que los trabajadores salieron en defensa de la empresa. Pero el SATSAID (Sindicato de Televisión que apoyó la Ley de Medios) convocó a una movilización de trabajadores de Cablevisión y debió denunciar públicamente que todo esto se trata de una “disputa entre los dos grupos empresarios dominantes en el ámbito de los Servicios de Comunicación”. Eso sí, a la burocracia que dirige este sindicato se le “olvidó” mencionar que en esa disputa el gobierno de Cristina interviene para favorecer a uno de esos grupos, de la misma manera que ayer intervenía para favorecer a Magnetto. De allí que sus “representados” fueran avasallados por la Gendarmería como si fueran parte del mobiliario de las oficinas de “la Corpo”.

¿Jugar con fuego?

El gobierno claramente está aprovechando su alto nivel de popularidad para atacar a quienes se han colocado durante todos estos años en la oposición. Pero estas medidas no necesariamente le darán un resultado favorable. La imagen de la Gendarmería (fuerza predilecta de la ministra Garré) irrumpiendo en Cablevisión la semana pasada puede resultar difícil de digerir para la tan querida (por el gobierno) burguesía nacional y multinacional. Ni a los capos de la UIA, ni a Paolo Rocca, ni a los pooles sojeros, ni a Ratazzi, ni a los CEOs de las multinacionales yanquis y europeas que operan en Argentina les habrá hecho gracia la entrada de funcionarios judiciales y uniformados en una empresa, y encima transmitido en vivo por TN. De todos modos, más allá del “mal trago”, a ningún empresario de los que se llevan muy bien con el “modelo” se le ocurrió por el momento salir a defender a “la Corpo”.

Y a quienes tampoco les resultó muy amistosa la incursión de Gendarmería es a los cientos de trabajadores de Cablevisión que hasta llegaron a ser revisados como si fueran sospechosos de graves delitos (foto). Una provocación que impulsó a muchos a marchar al otro día tras la convocatoria del sindicato en repudio al amedrentamiento y frente a la incertidumbre sobre su futuro laboral.

Respecto de Clarín y La Nación, en una entrevista publicada por Perfil (otro gran jugador anti-K) Horacio Verbitsky confesó cuál es el verdadero trasfondo de todas las medidas oficiales. Ante la consulta de cómo interpreta el actual sistema de alianzas mediáticas del gobierno, el periodista respondió: cuando Néstor Kirchner “le concedió la licencia de C5N a Daniel Hadad, le dije a Kirchner que me parecía que era peor que Clarín. Y él me dijo: ‘Pero no tiene fuerza. Y yo necesito tener una vía alternativa para difundir las cosas que nosotros hacemos, porque si no, nos hacen un bloqueo informativo y hagamos lo que hagamos no se entera nadie’. (…) Yo podría decir hoy respecto de Manzano lo mismo que dije entonces respecto de Hadad. Si en algún momento a Cristina Fernández le interesara conocer mi opinión sobre el tema, yo le diría: ‘Manzano es peor que Clarín’. Y ella podría contestarme igual que Kirchner: ‘Pero es más débil’”. Esta “confesión de parte” de uno de los periodistas y asesores intelectuales del kirchnerismo muestra cuán lejos están los contendientes de esta disputa de defender la libertad de expresión, la democratización de las comunicaciones y, en definitiva, los intereses de los trabajadores y el pueblo.

Hay que transmitir otro programa

Mientras las miles de toneladas de papel que produce Papel Prensa, la distribución de televisión por cable a la población y el conjunto de los grandes productos mediáticos, de información y culturales sigan en manos de unos pocos empresarios, es imposible que exista “libertad de expresión” y “democracia comunicacional” para todos.

Para acabar con la concentración de medios, eliminar los altos costos que debemos pagar para informarnos y entretenernos, y garantizar que todos tengamos “derecho a la palabra”, tenemos que pensar en medidas elementales como la expropiación de las grandes empresas que monopolizan la producción, distribución y transmisión, como Papel Prensa, Cablevisión, Supercanal, las grandes radios, las telefónicas privatizadas en los ’90 y toda gran empresa “estratégica” del sector. Expropiaciones que no impliquen indemnización de ningún tipo y tras las cuales las empresas inmediatamente pasen a ser administradas por todos sus trabajadores, junto a comités de usuarios, lectores, televidentes y oyentes.

El gobierno dice que el papel para diarios es “de interés público” y que “no se puede concentrar el cable en pocas manos”. Entonces de lo que se trata es de que toda la infraestructura y la producción de insumos básicos para las comunicaciones se nacionalicen y funcionen operativa y administrativamente en manos de quienes saben realmente qué hacer con ellas: sus trabajadores.

Por la misma razón que los capitalistas cuentan con todos los medios para “expresarse”, la producción de insumos y el acceso a las empresas de distribución masiva de prensa gráfica, radio, TV y comunicación digital deben estar garantizados y entregados gratuitamente al conjunto de las organizaciones obreras y populares, comisiones internas, sindicatos y partidos de izquierda, de forma tal que la difusión de ideas y opiniones se desarrolle sobre bases realmente democráticas.

El gobierno de Cristina sólo quiere garantizar “igualdad” para todos... los empresarios. Su “proyecto” es de competencia “igualitaria” entre capitalistas (aunque a algunos les dé una ayudita extra con millones de pesos en publicidad oficial).

La verdadera “libertad de prensa y de expresión” es incompatible con las propias leyes del mercado. Por eso debemos luchar para que los grandes medios de información, de entretenimiento y culturales dejen de estar en manos de unos pocos empresarios (sean oficialistas u opositores), alejando de ellos la influencia del lucro capitalista.