El juicio al capellán Christian Von Wernich revela la relación orgánica entre la Iglesia y la dictadura bajo el consentimiento del Vaticano, mediante la figura del nuncio Pío Laghi, quien fingía “no saber nada” y defendía a la dictadura, “a pesar de sus errores”. El 24 de marzo de 1976, el general Videla y el almirante Massera se reunieron con la jerarquía eclesiástica en la sede de la Conferencia Episcopal para saludar la “apertura de un nuevo período”. Los golpistas se comprometieron a defender la “civilización occidental y cristiana” y las prebendas materiales de la Iglesia mediante el incremento del financiamiento estatal. No casualmente fue monseñor Adolfo Tortolo, vicario castrense y presidente de la Conferencia Episcopal, quien exigió la renuncia a Isabel Perón2. Pocos meses antes del golpe aseguró que se avecinaba “un proceso de purificación”3, al tiempo que lanzaba una oración por el Operativo Independencia4. Producido el golpe militar, Tortolo y el Episcopado afirmaban que finalmente “la providencia puso a disposición del ejército el deber de gobernar desde la presidencia hasta la intervención de un sindicato” en tanto expresaban que había que “desestimar las denuncias extranjeras sobre desapariciones”5.
Mientras la dictadura descargaba la noche más negra de la historia, la Iglesia colaboraba activamente promoviendo la confusión de los familiares y amigos de los detenidos-desaparecidos. Sacerdotes como monseñor Grasselli alentaban falsas expectativas con el objetivo de neutralizar la organización de los familiares y extraer toda la información posible de los activistas para entregarla a las FF.AA. En ese sentido, a pedido del Departamento de Informaciones de Córdoba, el arzobispo Raúl Primatesta confeccionó un listado con nombres y domicilios de profesores y alumnos de todos los colegios católicos. Varios de ellos fueron secuestrados y desaparecidos, tal como consta en los informes de la CONADEP. Recién en 1983, cuando el desmoronamiento del régimen militar era evidente, la Iglesia comenzó a sostener el discurso de la violación a los derechos humanos, aunque bajo la forma embrionaria de la teoría de “los dos demonios” que luego sirviera a Alfonsín y Menem para justificar las leyes del perdón y los indultos.

Vicariato castrense

Durante la dictadura funcionó plenamente el vicariato castrense, la institución reaccionaria creada en 1957 mediante el concordato establecido entre el Vaticano y el régimen “libertador” del almirante Rojas y el general Lonardi. Si bien desde su origen el ejército y la Marina contaban con sacerdotes entre sus filas, en 1905 se sancionaron las leyes 4031 y 4707 legalizando la presencia de capellanes como personal militar permanente. Pero la instauración del vicariato castrense representó un salto en calidad de la comunión entre Iglesia y FF.AA., adquiriendo la forma institucional de una diócesis con una doctrina teológica y leyes especiales propias6. Así, la fusión entre Iglesia y Estado, establecida por la Constitución nacional, escalaba otro peldaño concentrando en una institución selectiva la difusión de la ideología más reaccionaria de las clases dominantes y la violencia del poder armado. Cabe recordar que en 1961 el vicario y cardenal Antonio Caggiano asistió al curso interamericano de guerra contrarrevolucionaria bajo la supervisión de militares franceses, veteranos de las guerras de Argelia e Indochina que instruyeron a las FF.AA. en las prácticas de tortura y secuestro. De este modo, la Iglesia se compenetró plenamente con las tareas represivas, adquiriendo el rol de usina ideológica de la alta oficialidad7. Si bien Von Wernich representa el paradigma más acabado del cura fascista, durante la dictadura todos los capellanes militares, policiales y penitenciarios participaron, de una u otra forma, de secuestros, asesinatos y torturas, amén de la asistencia espiritual proporcionada con la letra bíblica para legitimar el genocidio. Castigar los crímenes de la dictadura exige, entre otros puntos, la disolución inmediata del vicariato castrense, un auténtico reservorio de grupos fascistas, así como el fin de los millonarios subsidios a la Iglesia en pos de luchar por su separación de todo lazo con el Estado, que el gobierno “progresista” de Kirchner se empeña en seguir conservando contra los intereses de las grandes masas populares.