logo PTS

Derechos Humanos

Iglesia y dictadura (parte 3)

El 23 de marzo de 1976, un día antes de la asonada militar, el general Videla y el almirante Massera se reunieron con la cúpula eclesiástica en las instalaciones de la Conferencia Episcopal para ajustar los últimos detalles. El día 24, el vicario castrense y presidente del Episcopado monseñor Tortolo instó a la población a “cooperar positivamente” con la dictadura, mientras se producían razias masivas y se militarizaban las fábricas y los barrios.

Miguel Raider

26 de julio 2007

El 23 de marzo de 1976, un día antes de la asonada militar, el general Videla y el almirante Massera se reunieron con la cúpula eclesiástica en las instalaciones de la Conferencia Episcopal para ajustar los últimos detalles. El día 24, el vicario castrense y presidente del Episcopado monseñor Tortolo instó a la población a “cooperar positivamente” con la dictadura, mientras se producían razias masivas y se militarizaban las fábricas y los barrios.

A fines de 1975, Tortolo comparaba la crisis argentina con la que imperaba en España en las vísperas de la guerra civil2, y pronosticaba la proximidad de “un proceso de purificación”. Así como la Iglesia española legitimó la barbarie del general Franco bajo la bandera de “Dios, familia y propiedad”, la Iglesia argentina legitimó a la dictadura a partir de la defensa de la “civilización occidental y cristiana” amenazada por “el comunismo internacional apátrida”. La incidencia política de la curia franquista proporcionó a la Iglesia argentina una ideología del “ser nacional” que asociaba Estado y religión desde un nacionalismo católico en concomitancia con la defensa de las “tradiciones nacionales” y en oposición a las “ideologías extranjeras”. Si bien la Iglesia había protagonizado acciones contrarrevolucionarias como el golpe del general Uriburu en 1930 y el derrocamiento del general Perón en 1955, recién en 1961 incorpora la idea de guerra contrarrevolucionaria y el método del terrorismo de Estado a partir de la experiencia francesa en Argelia e Indochina, difundida desde la revista Ciudad Católica dirigida por el sacerdote George Grasset. En ese sentido, el genocida Adolfo Scilingo confesó que los métodos practicados en los “vuelos de la muerte” tuvieron el consentimiento de la jerarquía eclesiástica, según la cual la tortura era considerada pecado en tanto superara las 48 horas de martirio. Esa identidad entre Estado e Iglesia contra los intereses de las grandes masas puede comprenderse por la propia génesis de la Iglesia argentina, desarrollada desde el riñón del Estado a partir del Patronato Indiano, la institución que facultaba al gobierno nacional a designar o remover las autoridades eclesiásticas a cambio del mantenimiento del culto católico, el financiamiento de las parroquias y los colegios religiosos y el pago de los ingresos de los sacerdotes y seminaristas3.

Caza de brujas

La revolución cubana desencadenó un giro a izquierda de la intelectualidad, el movimiento estudiantil y sectores de la clase obrera. El Concilio Vaticano II (1962-1965) y la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Medellín (1968) fueron los instrumentos promovidos por la Iglesia para contener a las masas en la legalidad del régimen a partir de definiciones como la “opción preferencial por los pobres”, “la participación de los laicos” y la “problemática social”, ideas corporizadas bajo la denominación genérica de Iglesia del Tercer Mundo. Uno de los soportes de esta orientación se materializó en la participación de la Iglesia en la organización de las ligas agrarias que separaban al campesino y al obrero rural de la clase trabajadora de los centros urbanos. Pero la radicalización política adquirió tal magnitud que las clases dominantes y la jerarquía eclesiástica resolvieron desechar el “ideario tercermundista” para abordar el curso de un golpe militar sangriento, eliminando incluso a aquellos sacerdotes que se oponían a este rumbo4 como el obispo Enrique Angelelli5, el único integrante del Episcopado argentino, compuesto por más de 80 prelados, que se atrevió a denunciar el terrorismo de Estado. Con razón Angelelli escribió a su confesor en tono abatido: “estoy solo entre mis hermanos obispos de Argentina”6.

Mientras se descargaba la noche más negra de la historia, la Iglesia preparaba la depuración ideológica de los colegios católicos mediante la ley 21.3817, la que facultaba a despedir sin derecho a indemnización al personal docente y no docente, así como a prohibir el ejercicio de la docencia a todo aquel que sea considerado “subversivo”. Del mismo modo, desde la secretaría de Educación impulsó la resolución 448, llamada Directiva sobre infiltración subversiva en la enseñanza, mediante la cual distribuyó un manual para identificar y delatar “subversivos” a partir de “la desnaturalización del concepto de propiedad privada” y “la interpretación tendenciosa de los hechos históricos, asignándoles un sentido clasista o reivindicatorio de los anhelos populares contra los excesos del capitalismo”9. Asimismo, distintos sectores de la Iglesia junto al general Gorleri promovieron la incineración y la censura de los libros que cuestionaban el “tradicional acervo sintetizado en Dios, Patria, Hogar”10, retrotrayendo la historia a Tomás de Torquemada y la Santa Inquisición, adquiriendo así la plenitud del nacionalismo católico.

El gobierno de Kirchner se proclama defensor de la “soberanía popular” que emana del sufragio universal, una ficción poco convincente dado que, pese a la complicidad con los crímenes de la dictadura, mantiene la decisiva influencia del clero en políticas de Estado que hacen a educación, salud pública, asistencia social y cultura. Por eso es necesario castigar a todos los curas vinculados con el genocidio y separar la Iglesia del Estado, acabando así con el financiamiento material de esta institución reaccionaria que sólo sirve a los intereses de las clases dominantes.

Prensa

Virginia Rom 113103-4422

Elizabeth Lallana 113674-7357

Marcela Soler115470-9292

Temas relacionados: