(PTS, 2/11/12) La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó el inaudito pedido de prisión preventiva para Javier "Poke" Hermosilla y Oscar Coria, referente de la Comisión Interna de Kraft y obrero despedido por esa multinacional en el histórico conflicto de 2009, respectivamente, por parte de los fiscales Paulo Starc, en primera instancia, y Pablo Quiroga ante esta Cámara. La solicitud de los fiscales se fundaba en la supuesta “peligrosidad” de estos luchadores e intentaba imponer una nueva doctrina para criminalizar la protesta: detenciones preventivas para evitar que los imputados puedan ejercer su derecho a huelga, a peticionar a las autoridades, a expresarse libremente. Cientos de personalidades políticas, de derechos humanos, intelectuales y referentes sindicales se manifestaron contra esta solicitud mediante una concentración a los Tribunales de San Martín el martes 30 de octubre y la presentación ante la Cámara de un petitorio con miles de firmas. Allí una delegación encabezada por la madre de Plaza de Mayo Elia Espen, la nieta restituida Victoria Moyano y Christian Castillo del PTS, junto a los abogados Myriam Bregman y Agustín Comas, le solicitó una audiencia a los camaristas para manifestar la preocupación no sólo por este caso, sino por otros tantos que pesan sobre estos y otros compañeros luchadores.

No obstante el rechazo a esta escandalosa petición de los fiscales, los jueces de esta Cámara no se pronunciaron contra la doctrina que intentan imponer los fiscales y volvieron a ratificar el proceso penal contra Hermosilla y Coria por haber sido parte de una protesta de trabajadores de Kraft en junio pasado en el marco de las negociaciones paritarias del gremio de la alimentación.

Javier "Poke" Hermosilla ya cuenta con trece procesos penales y el pedido de cuantiosos embargos sobre sus nulos bienes, causas que se originaron en 2009 mediante la infiltración y el espionaje ilegal de efectivos de la Gendarmería Nacional, lo que fue denunciado por la Comisión Interna de Kraft acompañada por diversos organismos de Derechos Humanos y personalidades políticas, en lo que se conoció como “Proyecto X”. Los jueces y la Cámara de San Martín avalaron este proceder criminal de Gendarmería y ahora algunas de estas causas se encuentran en la Cámara de Casación.

Los fiscales, los jueces y la Cámara de San Martín actúan en connivencia con la empresa multinacional Kraft, a la que le solicitaron en varias de estas causas que identifique a los trabajadores que participan en legítimas protestas para defender sus derechos.

Esta persecución judicial contra los principales referentes de los trabajadores de las fábricas combativas de la zona norte del Gran Buenos Aires (se encuentran también procesados en varias causas los principales referentes de PepsiCo Snacks, Finning Cat, Frigorífico Rioplatense, entre otros) se enmarca en una realidad en la que hay más de cinco mil luchadores obreros y populares con causas penales por el solo hecho de pelear por los derechos de los trabajadores y sectores explotados y oprimidos de distintas partes del país.

El gobierno nacional kirchnerista, a través de su secretario de Seguridad, el teniente coronel Sergio Berni, incrementó el accionar represivo contra los trabajadores que se manifiestan. Así lo vimos actuar en la Panamericana contra trabajadores desocupados que fueron ilegítimamente privados de su libertad y llevados al ex centro clandestino de detención en Campo de Mayo el 30 de agosto pasado y con los trabajadores de la Línea 60 a los que el Ministerio de Seguridad de Cristina Fernández de Kirchner les habría iniciado una causa penal.

El próximo martes 6 de noviembre a las 11 horas en las afueras de los Tribunales de Comodoro Py, el PTS y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) se manifestarán junto al resto de organizaciones integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para acompañar la denuncia penal contra Sergio Berni por las detenciones ilegales realizadas en Panamericana el 30 de agosto.

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