El norte de la provincia de San Luis se ha visto afectado por fuertes temporales que provocaron la crecida y el desborde de los ríos, inundaciones y destrozos. Con lluvias torrenciales que alcanzaron los 250 milímetros, causaron grandes pérdidas materiales y afectivas en las localidades de Candelaria, Quines, Luján, Leandro N. Alem, San Francisco y en el Valle del Conlara, afectando la vida de miles de familias. Cerca de 4.000 personas han sido víctimas de este desastre, entre las cuales se cuentan, más de 2.000 evacuados, miles de afectados y una persona muerta. Los trabajadores y los sectores populares fueron los principales damnificados.
El Gobierno de la Provincia de San Luis, como era de esperarse, presentó lo ocurrido como un hecho inevitable e imprevisible. “La naturaleza nos jugó una mala pasada con las intensas precipitaciones y el caudal de arroyos y ríos”, dijo el Gobernador Claudio Poggi en una conferencia de prensa.
Sin embargo, aunque el gobierno provincial y los intendentes de las localidades afectadas sigan queriendo echarle la culpa sólo al temporal e intenten con esto deslindar responsabilidades, no se puede atribuir tan fácilmente las consecuencias desastrosas para la población a los meros y exclusivos fenómenos de la naturaleza. El peronismo - con los hermanos Rodríguez Saá a la cabeza - gobierna la provincia desde hace 32 años y ha sido el principal responsable de los daños crecientes en el equilibrio ambiental y sus consecuencias climáticas. Aunque no se puede negar que en la naturaleza y su acción existan situaciones imprevisibles, la deforestación y el desmonte de las regiones del norte de la provincia por parte de los empresarios (grupo Vila-Manzano, Monsanto, entre otros) y el consiguiente crecimiento de la frontera agrícola – ganadera, la falta de infraestructura y mantenimiento de los murallones de defensa contra las crecidas de los ríos, el abandono y aislamiento de las zonas del norte (condiciones de vida y viviendas precarias), y la falta de equipamiento e inversión de los municipios en lo que hace a salud, transporte y obra pública hacen que no se puedan considerar como “naturales” las consecuencias desastrosas en el ámbito social. No se puede decir a la ligera que “la naturaleza nos jugó una mala pasada” como si las responsabilidades políticas no existieran.
Lo ocurrido en el norte de la provincia es un nuevo crimen social cometido contra los trabajadores y el pueblo; un crimen nacido de las condiciones creadas por la sociedad capitalista; un crimen que se suma al de la masacre de Once, las inundaciones en La Plata y Buenos Aires en 2013 y a las recientes inundaciones en Córdoba. Los terribles destrozos de estos días, sufridos por miles de personas son consecuencias sociales de un desorden natural que podía ser previsto. Las consecuencias son el resultado de la impericia y la falta de planificación del gobierno provincial y los municipios, y de la destrucción del medio ambiente de San Luis en función de beneficiar a los grandes empresarios del “campo”. Son un verdadero crimen social.

Desde el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda y en las Secretarías de Cultura y Prensa del Centro de Estudiantes IFDC–SL, exigimos que el gobierno provincial garantice el resarcimiento total de las pérdidas que miles de familias sufrieron, sin ningún tipo de condicionamientos ni contraprestaciones. Rechazamos cualquier medida que implique que la población deba pagar por una situación sobre la cual no tiene ninguna responsabilidad. Rechazamos que se intente paliar la situación con créditos o medidas similares.
El gobierno provincial tiene que garantizar la reconstrucción del conjunto de los hogares destruidos por esta tragedia y la restitución de servicios elementales como el agua potable, la luz y el gas. Para ello y si es preciso, debe obtener los recursos necesarios de impuestos sobre los grandes empresarios de la ciudad y el campo. Asimismo, debe eximir totalmente del cobro de impuestos y tasas a los pobladores de las zonas afectadas.
La solidaridad en estos momentos resulta fundamental. Por eso, nos solidarizamos con todos los damnificados e instamos a todos los trabajadores, estudiantes, organizaciones políticas, sindicales, de Derechos Humanos y Centros de Estudiantes a llevar adelante acciones en este sentido.