Desde La Verdad Obrera denunciamos permanentemente la persecución a los trabajadores y sectores populares que luchan por sus derechos y contra los ataques de las patronales, el Estado y las burocracias sindicales cómplices. Persecución expresada en hostigamiento, discriminación, despidos y, como característica de la última década, la criminalización y judicialización de miles de obreros y obreras, estudiantes, miembros de pueblos originarios, ambientalistas y militantes de izquierda. Estas semanas vemos cómo son perseguidos los compañeros Bustillo y Hospital del Roca (ver entrevista) y el compañero Cristian Fontana, despedido por La Cámpora que maneja Aerolíneas Argentinas.

En cada movilización popular, desde las marchas del 24 de marzo hasta concentraciones por conflictos puntuales, las consignas “¡No a la criminalización de la protesta social!” y “¡Desprocesamiento de los más de 4.000 luchadores obreros y populares!” se repiten y recobran vigencia.

El último 23 de marzo el Encuentro Memoria Verdad y Justicia1 hizo público el Informe Sobre Criminalización de la Protesta, en el que se brinda un detallado panorama de la situación en Argentina, sistematizando las “causas abiertas en todo el país entre el 2001 y el 2012 contra los sectores populares movilizados”. Allí se registran más de 4.000 personas criminalizadas y judicializadas y más de 70 muertos por luchar.
Estos fríos números representan a seres humanos que pelean por tierra, vivienda, salud, educación y en defensa de los recursos naturales. Y por trabajo, siendo criminalizados centenares de activistas sindicales y de organizaciones de trabajadores desocupados.

El Estado (con denuncias impulsadas por funcionarios nacionales, provinciales y municipales y sostenidas por el Poder Judicial) descarga sobre miles de personas una batería de artículos del Código Penal, desde “daño calificado” (Art.184) hasta “homicidio calificado” (Art.80), en causas armadas con pruebas falsas, “testigos” que son policías o gendarmes y hasta sistemas como el Proyecto X cuya única finalidad es perseguir a los que luchan. Así, casi 200 “organizaciones, comunidades y grupos de pertenencia” están criminalizados, desde organismos de derechos humanos y centros de estudiantes hasta sindicatos con personería gremial.

El “Informe…” se puede leer completo en la versión PDF adjunta. Aquí presentamos dos gráficos que ejemplifican la magnitud de la criminalización.