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EDITORIAL

La crisis del fin de ciclo

La convención nacional del PTS avanzó en delinear las perspectivas que se abren en un contexto de fin de ciclo del kirchnerismo y ante las consecuencias de los motines policiales. Christian Castillo dio el informe del que presentamos una síntesis y las conclusiones a las que arribó la Convención. Al cierre de esta edición, la crisis energética volvía con cortes en numerosos barrios de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires lo que confirma la crisis estructural del “modelo”, uno de los elementos del fin de ciclo.

PTS

19 de diciembre 2013

La crisis del fin de ciclo

El motín policial y sus consecuencias

El motín policial expresó una grave crisis del régimen político. La importancia de estos acontecimientos radica en la crisis de la autoridad del Estado. Para imponer sus reivindicaciones la policía organizó a los saqueadores, que atacaron comercios y hasta casas particulares. La misma presidenta habló de “extorsión”, pero omitió que fue su gobierno, sus gobernadores y el conjunto de los partidos patronales quienes se entregaron al poder policial cediendo a los reclamos de más ingresos e impunidad.

Desde el inicio de los motines en Córdoba, vimos rendirse a todo el poder político. La rebelión se extendió, pasando por Concordia, Mar del Plata y Tucumán. En esta última provincia se dio un hecho muy interesante, porque una parte de la población comenzó a tomar una dinámica de movilización contra la policía y el gobierno provincial.

Comparado con la campaña electoral donde todos los candidatos, desde Massa a Insaurralde, hicieron eje en la seguridad y en darle más poder a la policía, hoy vemos que para una parte importante de la población fue esa misma policía, la presunta garante de la “seguridad”, la que armó los saqueos. Esto abre una crisis de envergadura.

No es una crisis más. Poco después de las elecciones vemos algo que sólo sucede cuando hay grandes crisis de régimen. Nos referimos a las declaraciones conjuntas de las fuerzas políticas burguesas, como la que hubo en el Congreso Nacional, que tienen el objetivo de salvaguardar a un régimen que acaba de capitular ante la extorsión policial.

El gobierno logró dar una solución de emergencia que frena la crisis. Pero se abren varias contradicciones. En primer lugar está por verse, en un marco de crisis económica, si podrán pagar lo prometido. Segundo, surgierondistintos proyectos respecto a qué hacer con la policía. Un sector propone mano dura e impulsa la sindicalización de la Fuerza (este último planteo también es compartido por sectores de la centroizquierda y hasta por algunas fuerzas de izquierda) para tener con quién negociar. Pero otro sector burgués, más lúcido pensando en sus propios intereses, contesta que esto podrá funcionar en Suiza pero en Argentina puede llevar a un desmadre. Por otro lado hay sectores que levantan una política de reforma general de “seguridad democrática” (pág. 3), cuando es evidente que haría falta una suerte de unidad nacional para implementarla, mucho más cuando cada policía depende de los gobernadores y éstos tienen una íntima relación con cada fuerza siendo socios de los negociados.

La policía es parte de lo que llamamos las “Tres B” (Barones, Burocracia y Bonaerense junto a todas las policías bravas). El PTS acertó con esta definición que tiene el mérito de señalar, más allá del discurso k, que el poder real se sostiene en esa alianza. Hay 200.000 efectivos provinciales, 103 mil de las cuatro fuerzas que dependen del Ejecutivo: Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y Policía Federal. Del otro lado están las FF.AA. (Ejército, Aeronáutica y Marina) con 70 mil miembros. Ese es el poder armado de la burguesía de los cuales gran parte de esos 200.000 son los que se han levantado. El gobierno le ha dado más poder a la Gendarmería pero de ninguna manera esta fuerza puede remplazar al poder policial. Se trata entonces de una crisis de la autoridad del Estado.

Como resultado de los motines hoy la policía emerge como un actor político reaccionario fortalecido para perseguir a la juventud en los barrios y atacar a los luchadores obreros y populares. Lo denunciamos como una suerte de embrión de “partido policial”, el huevo de la serpiente de las futuras bandas fascistas que atentarán contra los trabajadores, la juventud combativa y la izquierda cuando se radicalice el escenario político. Sin embargo hay que remarcar que el resultado de la crisis policial tiene una gran contradicción: el enorme desprestigio de esta fuerza frente a la población.

Crisis económica y social

Estamos presenciando una tendencia al cambio de la situación política por la combinación de tres factores: la crisis del régimen político, la dinámica de crisis económica y la persistente relación de fuerzas entre las clases que abrió el paro del 20 N de 2012, un pronunciamiento nacional de gran parte de la clase obrera contra el gobierno que se siguió expresando en múltiples conflictos “por abajo” en todo el país.
En lo económico la crisis se ve, sobre todo en dos aspectos: la caída de las reservas del Banco Central, hoy en U$S 30 mil millones contra 47 mil de hace un año; y un fuerte crecimiento de la inflación que agrava las penurias de las masas, mucho más cuando los alimentos aumentaron un 40% en el año. Hay un problema estructural que es la escasez de dólares, lo que los economistas llaman “restricción externa”. Es característico de un país atado al imperialismo y subdesarrollado como el nuestro, cuando existe cierto nivel de crecimiento que la burguesía necesite divisas para sostener la importación de insumos, pagar la deuda externa y mantener el flujo de ganancias de las multinacionales. En otros momentos de la historia esta crisis era resuelta con grandes golpes devaluatorios.

Ahora el gobierno busca un resultado similar con la “devaluación administrada” y el aceleramiento en el último mes del ritmo de la devaluación del peso. Con el tándem Kicillof-Capitanich el gobierno aceptó el diagnóstico de los empresarios que se quejaban por la falta de entrada de dólares al país cuando estos sobraban en el mundo. La salida que proponen los K no es muy diferente a la de los neoliberales. Ya no se trata de profundizar el “cepo” sino de atraer inversiones ofreciendo alta rentabilidad a las patronales como vimos con Vaca Muerta y la Chevron. Esto va asociado a ajustar la economía, bajando el gasto público. Además, las tendencias internacionales tampoco vienen a favor de la economía local. El pilar del desarrollo de la industria, la producción automotriz, está golpeado porque hay un parate económico en Brasil. Y a mediano plazo el país vecino negocia un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur que en caso de concretarse sería un golpe a la economía argentina. Aunque estos dos últimos elementos son a mediano plazo, está claro que estamos ante un futuro incierto. No existe una crisis catastrófica como la de 2001 pero no podemos negar que en poco tiempo puede profundizarse la crisis ya que hay un fuerte deterioro de las variables económicas que no debemos subestimar. Para el plan del gobierno de atraer inversiones, la crisis política con el alzamiento policial convierte al país en más inestable.

Considerando la crisis política y la económica la situación actual no sólo es de tipo transitorio (como planteamos a fines de 2012 con el paro del 20N, el agotamiento del “modelo” económico y la crisis de sucesión de CFK) sino que además empiezan a haber elementos prerrevolucionarios (una definición que terminará de adoptar nuestro próximo Congreso partidario). Hay elementos prerrevolucionarios porque existe una tendencia a la polarización de las clases medias donde hay embriones de un sector más fascistizante que está contra los pobres y otro sector que combate esta perspectiva. Cuando el revolucionario León Trotsky definía a las situaciones transitorias decía que éstas eran las que predominaban, refiriéndose a situaciones que no son ni plenamente prerevolucionarias o revolucionarias con choques agudos entre las clases que se cierran por golpes de derecha o izquierda ni no revolucionarias donde hay una relativa estabilidad de la dominación burguesa.
Sabemos que en nuestro país la situación transitoria tenderá a definirse. O la burguesía golpea a la clase obrera y se va a un régimen más bonapartista o ésta irrumpe y la situación se transforma en abiertamente prerrevolucionaria.

Es clave entonces cómo va a intervenir el movimiento obrero. Estatales de varias provincias ya salieron a la lucha, un efecto no deseado del resultado del motín policial. Entre los trabajadores privados también han subido las aspiraciones. Es difícil que el movimiento obrero pueda tolerar pasivamente el ajuste. Como dijimos, existe una continuidad de la relación de fuerzas que abrió el paro del 20 N que se expresa en procesos de luchas duras y de organización. Por hablar sólo de los que derivaron en huelgas, hubo diversos conflictos en la industria (Lear contra despidos, Kraft por el servicio médico, PepsiCo contra el fraude, Kromberg contra despidos, Stani por las liquidaciones, Volkswagen Córdoba contra despidos, Cerámica Lourdes, Cedinsa, metalúrgica Liliana contra despidos y por salario, Cargo Córdoba por la elección de delegados, Impresores contra despidos, textil Elemento contra maltrato y despidos, Emfer contra amenazas de despidos, metalúrgica Valeo Córdoba que sigue en conflicto, textil Molarsa de Neuquén contra despidos, textil Neuquén, Acualiq, FATE contra despidos, ingenios de Jujuy y Tucumán, etc.), en el Subte contra la gestión macrista, en docentes (paro de 3 meses de ATEN), en estatales (toma Ministerio de Educación en La Plata, movilización masiva de la salud en Neuquén), etc.

Hay otro elemento a destacar: la burocracia sindical atraviesa una gran crisis. Si los trabajadores salen a luchar, ésta pueda ser desbordada. Si lo vemos en dinámica la debilidad del gobierno empieza con la ruptura de Moyano, como expresión distorsionada de su enfrentamiento al movimiento obrero. La coalición social sobre la que se sustentó el kirchnerismo fue en alianza con una fracción de la burocracia fundamental, la más importante que lograba controlar a los trabajadores. La ruptura con el camionero fue en parte el gran error estratégico de CFK.

En el movimiento obrero la situación está abierta. Venimos de un proceso de ruptura de sectores de trabajadores con el gobierno desde el paro del 20N. El deterioro del kirchnerismo se expresó primero en las calles con esa gran acción obrera y con los cacerolazos de las clases medias. Posteriormente, esa debilidad del gobierno se reflejó en las elecciones donde se quebró el peronismo. No es un dato menor, en un gobierno manejado en forma bonapartista con el poder concentrado. Es de vital importancia, además, que una franja significativa de los trabajadores haya votado al Frente de Izquierda que realizó una elección histórica.

Lecciones estratégicas, perspectiva y programa

La necesidad de la alianza de la clase obrera con los sectores más pobres de la población es una lección estratégica que se desprende de la crisis de los motines y saqueos. Hay que alentar los reclamos por salario, por doble aguinaldo, pero es necesario dejar bien claro a la vanguardia obrera que no hay salida para la clase trabajadora si no nos aliamos con los sectores más pauperizados.

La división del peronismo y de la burocracia sindical, la ausencia de un liderazgo claro en la oposición patronal y el agotamiento del “modelo”, demuestran que estamos frente a una perspectiva convulsiva y de mayores enfrentamientos de clase. La relación de fuerzas posterior al 20N y que el FIT expresó en las elecciones, demuestran la disposición obrera a enfrentar cualquier ajuste. Ante este escenario es necesario pelear por recuperar los sindicatos de manos de la burocracia que mantiene dividida a la clase obrera. Para unificar a los trabajadores, imponer el pase a planta de todos los contratados y el fin de la precarización laboral, la lucha por un salario mínimo de $ 8.500 ajustado según por la inflación real, la reestatización sin pago del transporte y todas las privatizadas, bajo gestión obrera, una medida elemental frente a los cortes que imponen las empresas y el gobierno. El no pago la deuda externa y un plan de obras públicas que genere fuentes de trabajo y vivienda para los desocupados y los sectores más pobres de la población trabajadora. La lucha por absolución de los petroleros de Las Heras y el cese de todas las persecuciones. Un programa que deberá pelearse en las calles y desde el Congreso y las legislaturas, de la mano de los parlamentarios del FIT y que plantee una salida obrera y popular, para que la crisis que ya están descargando sobre los trabajadores (mediante la inflación y los tarifazos), esta vez, la paguen los capitalistas.

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