En el contextos de los festejos por el 61° aniversario de la creación del Estado sionista, desde la embajada de Israel y el imperialismo norteamericano, con el servicio prestado por Clarín y varios medios más, se lanzó una verdadera caza de brujas contra todo aquel que se atreva a cuestionar al Estado de Israel y su violencia sistemática sobre el pueblo palestino y las masas oprimidas de Medio Oriente.

El Gobierno nacional, a través del Ministro Aníbal Fernández, y la Justicia acusan a los compañeros que manifestaban contra la política del Estado sionista de “propagar el antisemitismo” e incentivar “la discriminación racial”, objeto enteramente falso. En realidad, y tal como sucedió en otras ocasiones, la embajada de Israel, los medios masivos y el gobierno orquestan una operación ideológica premeditada con la finalidad de confundir la oposición al sionismo como signo idéntico de rechazo al judaísmo, y de ese modo fabricar un supuesto antisemitismo para así abroquelar a los judíos detrás del Estado de Israel, repudiado masivamente tras la reciente masacre en la Franja de Gaza.

Mientras el judaísmo reside en la tradición e identidad religiosa y cultural de los judíos en tanto pueblo, el sionismo es una política colonialista y racista, promovida y financiada por el imperialismo, que expulsó al pueblo palestino de sus tierra milenaria, sobre la cual se fundó el Estado de Israel, basado en un ejército de ocupación permanente, el estado de guerra perpetua contra los pueblos árabes de Medio Oriente y la discriminación racista de todo aquel que no profese la religión judía.

Esta distinción cualitativa también es sostenida por grupos ortodoxos judíos que siempre se opusieron a la fundación del Estado sionista. Los compañeros que fueron apresados por la policía manifestaban al igual que miles de judíos en todo el mundo y en el mismo Estado de Israel, donde hasta los circuitos religiosos se movilizaron condenando la masacre de Gaza. ¡Acaso ellos también son antisemitas! La acusación de un supuesto antisemitismo que recae sobre los manifestantes que se oponían al sionismo es una estúpida maniobra.

Hoy la política sionista continúa bajo las riendas del derechista Benjamín Netanyahu mediante la construcción de nuevas colonias sobre Cisjordania, el mantenimiento del muro del Apartheid, la reducción de las aldeas palestinas en bantustanes incomunicados, más de 10.000 presos en las cárceles y cerca de 4 millones de palestinos desperdigados entre campos de refugiados y la diáspora, sin derecho de retorno a su tierra.

Los que luchamos contra el sionismo denunciamos las consecuencias catastróficas de la operación Plomo Fundido, a través de la cual las tropas sionistas en sólo 22 días asesinaron a más de 1400 personas (predominantemente niños, ancianos y mujeres), seguidas de 10.000 heridos, transformando en tierra arrasada la infraestructura de viviendas y servicios. Cómo no comparar la masacre de Gaza con el gueto de Varsovia, donde la resistencia judía enfrentó la abrumadora superioridad bélica de las tropas nazis enviadas por Hitler. Sin duda, la política criminal de los sionistas sobre los palestinos es equiparable a la maquinaria asesina de los nazis.

Las autoridades de la embajada del Estado de Israel y los dirigentes de la DAIA y la AMIA, los mismos que fueron cómplices del menemismo en el encubrimiento del atentado a la AMIA de 1994, no tienen ninguna autoridad política y moral para ensalzarse como defensores de la comunidad judía. Lo mismo le cabe a los Kirchner, quienes se negaron a abrir los archivos secretos de la SIDE, tal como denunció una y mil veces Laura Ginsberg, dirigente de APEMIA (Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA). Nada puede esperarse de los Kirchner, responsables de la sanción de la ley antiterrorista que amenaza las libertades democráticas locales y constituye un ariete jurídico contra los pueblos oprimidos de Medio Oriente.

Los judíos que se reivindican democráticos no pueden caer presas de esta maniobra interesada para legitimar la política criminal del Estado de Israel. Es necesario aunar esfuerzos ya mismo entre todas las organizaciones obreras y populares, los movimientos sociales y los organismos de derechos humanos, para conseguir la libertad inmediata de todos los compañeros detenidos.