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La iglesia detrás de la centroderecha republicana

La operación de Bergoglio se propone restaurar la “salud institucional” mediante la construcción de una oposición patronal amplia, capaz de funcionar como canal de contención del régimen político.

Miguel Raider

3 de mayo 2007

Tras una semana de debate cerrado, la Iglesia dio a conocer el documento elaborado por la 93° Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, titulado “Exhortación Pastoral sobre el compromiso ciudadano y las próximas elecciones”1. El texto expresa la última palabra de la curia antes de los próximos comicios frente a problemas políticos de índole estratégico. Como parte de la “sociedad política”, la Iglesia observa “los pasos dados para superar la crisis” aunque sin “dejar de atender la profundidad de la misma”. En ese sentido aboga “para gestar consensos que se traduzcan en políticas de Estado” que “generen finalmente un ambiente de verdadera paz y amistad social” a partir del “fortalecimiento institucional”, el “federalismo” y la “transparencia”, haciendo a un lado “las prácticas demagógicas y presiones indebidas, como el clientelismo y la dádiva”. La Iglesia está preocupada por los elementos de crisis institucional que aún permanecen en la sociedad. En búsqueda de una solución, el cardenal Jorge Bergoglio se reunió el 2 de abril en la Catedral metropolitana con Elisa Carrió, Enrique Olivera y Jorge Telerman con el objeto de sellar el acuerdo de una “oposición amplia y republicana”, “capaz de albergar la unidad en la diferencia”2. Las Jornadas de diciembre de 2001 provocaron una crisis de hegemonía estatal, debilitando profundamente el régimen institucional mediante el estallido del sistema de partidos vigente desde la caída de la dictadura. La Iglesia opera como el factor más conciente de esta realidad, sosteniendo como perspectiva la recomposición del régimen, haciendo hincapié en la defensa de la república y sus instituciones como soportes de la dominación y el engaño de las masas explotadas. La operación de Bergoglio se propone restaurar la “salud institucional” mediante la construcción de una oposición patronal amplia, capaz de funcionar como canal de contención del régimen político. De hecho, el acuerdo es tan “amplio” que comprende desde el banquero Alfonso Pratt Gay, la antisindicalista Patricia Bullrich, el rabino Sergio Bergman (socio de Blumberg en las exigencias de mano dura), la UCD de la familia Alsogaray hasta los piqueteros kirchneristas de Libres del Sur. Toda una centro derecha republicana como salvaguarda de contención. Bergoglio ya bautizó esta orientación en Misiones, trazando la construcción del Frente por la Dignidad, encabezado por el obispo Joaquín Piña y formado por una diversa gama “pluralista” comprendida desde el ex gobernador menemista Ramón Puerta hasta el ARI, el PC y la CTA. De ese modo, los posibles “desbordes” de las masas ante las aspiraciones de reelección indefinida del gobernador Carlos Rovira fueron neutralizados mediante la creación de una “oposición republicana”. En el mismo sentido, la Iglesia pretende repetir este curso en Santa Cruz con la finalidad de prevenir cualquier movimiento de radicalización, encausándolo hacia una oposición integrada por ex funcionarios kirchneristas como el ex vicegobernador Arnold, la UCR y otros partidos patronales.

Reconciliación nacional

El documento exige como “desafío” la “autonomía real y auténtica” de “los tres poderes del Estado” en aras del “bien común” y “el ejercicio de la democracia”. Bajo esta formulación, los medios dieron a conocer la preocupación de la Iglesia ante los escarceos entre Kirchner y los jueces de la Cámara de Casación para acelerar cientos de juicios pendientes contra personas imputadas de secuestros y asesinatos durante la dictadura militar. Entre ellos aguarda el juicio público de Christian Von Wernich, capellán de la policía bonaerense, imputado por 45 secuestros, 7 homicidios y la apropiación ilegal de un bebé hijo de desaparecidos, un ejemplo que pone en evidencia el rol de la Iglesia durante la dictadura. Por eso el documento brega que “nos queda pendiente la deuda con la reconciliación … el Papa nos recuerda que las condiciones para establecer una paz verdadera son la restauración de la justicia, la reconciliación y el perdón”. Toda una definición a favor de los genocidas, compartida por Carrió y su reivindicación de la impunidad en Sudafrica a partir de la confesión y el perdón.
Desde ya, el documento no podía dejar de condenar el aborto, la educación sexual, la eutanasia, la unión de personas del mismo sexo, derechos democráticos tan elementales aunque reñidos con la existencia de esta institución cavernaria que calla obscenamente ante la violación y abuso de menores de cientos de curas pedófilos como Edgardo Storni y Julio Grassi.

Tensiones poco tensas

Las tensiones entre el gobierno y la Iglesia tienen un carácter relativo pues ambos comparten políticas de Estado. Las autoridades del Ministerio de Acción Social periódicamente se reúnen con Cáritas para monitorear conjuntamente los planes sociales. “En términos sociales la relación con el gobierno es muy buena y de colaboración”, señala Agustín Radrizzani3, vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal. Hasta el oficialista Horacio Verbitsky reconoce ese espíritu de colaboración en el Tedeum, la ceremonia que subordina al gobierno a los dictados de la Iglesia4, una rémora del medioevo y la colonia en pleno siglo XXI5. Pero desde Bergoglio hasta el cura Joaquín Piña insisten en el carácter independiente de la Iglesia. En verdad, la Iglesia tiene un lazo orgánico con el Estado pues la misma Constitución Nacional estipula que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano y garantiza su financiamiento. El presupuesto 2007 asigna a la Iglesia 16,6 millones de pesos, sin contar el financiamiento de los colegios católicos privados y la asistencia social empleada mediante Caritas. Sólo en la ciudad de Bs. As., el Estado aporta 320 millones de pesos a los colegios católicos. Los obispos reciben un ingreso mensual de $7.287 en tanto al retirarse obtienen $6.376, una auténtica jubilación de privilegio. El gobierno “progresista” mantiene esta legislación en plena vigencia, blindada por los sucesivos golpes de Estado durante más de 50 años. Los socialistas revolucionarios del PTS sostenemos la necesidad de separar definitivamente la Iglesia del Estado, acabar con todos los subsidios a la educación privada y luchar por un sistema educativo laico y gratuito en función de las necesidades de los trabajadores y el pueblo. Si los curas quieren mantener la fe de la Iglesia que vayan a trabajar como cualquier hijo de vecino. Los trabajadores no podemos depositar ninguna expectativa en esta institución de las clases dominantes que conspira contra los intereses de las grandes masas populares.

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