"La ley es telaraña/ en mi ignorancia lo explico/ no la tema el hombre rico/ nunca la tema el que mande/ pues la rompe el bicho grande/ y sólo enreda a los chicos" José Hernández, Martín Fierro

La apacible siesta de domingo de Santiago del Estero fue violentamente interrumpida con la masacre perpetrada en la Unidad Penitenciaria N°1 que arrojó un saldo de 34 internos muertos por intoxicación y asfixia, uno de las episodios más cruentos del país desarrollado durante 20 horas.

Ante la incertidumbre, centenares de familiares de los reclusos se concentraron en las adyacencias del penal exigiendo información. Pero las autoridades respondieron enviando a la Guardia de Infantería, quien los baleó a mansalva en una violenta refriega policial. Algunos familiares advirtieron que el penal era una bomba de tiempo, pues sus instalaciones tienen capacidad para alojar como máximo a 180 presos, cuando en realidad alberga a 465, de los cuales el 65% no tiene condena.

El ministro de Justicia provincial, Ricardo Daives, se apresuró a declarar ante los medios que hubo “un intento de fuga abortado por los guardias … que luego se convirtió en un motín, en el que los presos del pabellón 2 prendieron fuego colchones, camas, mesas, y todo elemento ígneo, quedando ellos mismos atrapados en una trampa mortal”1.

Los internos del penal entregaron una carta a los medios de prensa, donde niegan las declaraciones oficiales, y en cambio acusan a los oficiales Salomón, Cuellar, Leguizamón, Cisneros y Leiva como responsables de una provocación a partir de los maltratos y de requisas groseras de las visitas2, llegando incluso a desnudar compulsivamente a las mujeres, sometiéndolas al tacto vaginal, para terminar reduciendo el horario de visita a 1 hora. Fue la gota que rebasó el vaso. Los internos afirman que los guardiacárceles evitaron premeditadamente auxiliar a los presos abatidos por las llamas, con excepción, claro, de los policías presos imputados por el doble crimen de La Dársena, a los cuales se les garantizó su seguridad íntegra.

El sacerdote Sergio Lamberti, delegado diocesano para la Pastoral Social por los Derechos Humanos, también rechazó las declaraciones del gobierno provincial y afirmó que el motín estalló por “maltratos, vejámenes, torturas y continuas violaciones de los derechos humanos”3. Lamberti ilustró el caso de Miguel Arévalo, quien 15 días antes de salir en libertad fue confinado en una celda de castigo, donde sus carceleros le prendieron fuego al colchón provocándole todo tipo de quemaduras, por lo que debió ser hospitalizado de gravedad.

La evidente responsabilidad de las autoridades y los guardiacárceles obligó al gobernador Zamora a remover al director del penal y a crear una comisión de oficiales del Servicio Penitenciario para realizar una investigación. Ninguna justicia puede provenir de la misma institución que tiene las manos manchadas de sangre. Esta masacre se presenta bajo la máscara de una tragedia para encubrir a sus verdugos, así como antes lo hicieron con las masacres de los penales de Magdalena y Olmos4.

Para terminar con la impunidad, es necesario conformar una comisión investigadora independiente del Estado, facultada de plenos poderes, e integrada por los familiares de los presos y los organismos de derechos humanos para que todos los responsables materiales y políticos sean juzgados y castigados.

Seguridad para los ricos

Antenor Ferreyra, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Santiago del Estero, señala que la policía santiagueña es igual de temible que la “maldita bonaerense” a partir de vínculos con el narcotráfico, el cuatrerismo, el contrabando y los desarmaderos5. Al igual que la bonaerense, la policía santiagueña constituye un verdadero ejército de ocupación de 5400 hombres que actúa como socia de los empresarios poderosos en los grandes delitos, y que hostiga permanentemente a los sectores más pauperizados de la sociedad, obligados a “elegir” entre un empleo superexplotado, la desocupación o el pequeño delito para terminar en las mazmorras como depósito de parias.

En las cárceles argentinas hay 75.000 detenidos hacinados en pocilgas y más de 6.000 alojados en comisarías, de los cuales más de la mitad no tiene aún condena, pero que son sometidos a la sistemática violación de los derechos humanos más elementales, supuestamente amparados por el “Estado de derecho” y la Constitución nacional. Obviamente, la predominante mayoría de la población carcelaria es pobre y su edad promedio es de 24 años.

Las cárceles de ningún modo constituyen instituciones destinadas a la reinserción social de los presos. Por el contrario, constituyen auténticas escuelas del delito, donde se “educan” los criminales, promovidos por el propio sistema penitenciario, que en muchas ocasiones se vale de los presos para cometer las fechorías ilegales de la policía.

La masacre de Santiago del Estero no fue una tragedia provocada por circunstancias fortuitas, es un eslabón más de la política de seguridad impulsada por el “gobierno de los derechos humanos” que deja impune a más del 95% de los genocidas de la dictadura militar, y que producto del gatillo fácil segó la vida de 692 personas, dos tercios constituidos por jóvenes pobres entre 15 y 25 años6. Es la seguridad para ricos y poderosos basada en la “limpieza de clase” que criminaliza la pobreza y la lucha social de los trabajadores y el pueblo.