Un alivio para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner llegó con la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York que suspendió el fallo del juez Griesa. Es que desde hace semanas el gobierno temía lo que ocurrió el jueves 22 cuando el juez Griesa dictó un fallo que ordenó pagar u$s 1.330 millones al fondo NML, uno de los “buitres” que litigan y se negaron a ingresar en los canjes de 2005 y 2010. El fallo significaba pagar al 100% del valor a esos fondos, mucho más que las ya gigantescas ganancias que hicieron a pesar de las quitas los que ingresaron a los canjes.

El gobierno mostró rápidamente la hilacha. Luego de largas cadenas nacionales en las que repudiaba a los buitres a pesar que muchos de ellos sí entraron a los canjes y vienen cobrando puntualmente, ahora CFK promueve un giro pro “mercado” y busca una negociación con los especuladores en los tribunales de Nueva York, que le dieron plazo hasta marzo para llegar a un acuerdo.

Todos los buitres sean iguales

Cuando era inminente el fallo del juez Griesa que se suponía iba a aplicar el criterio “pari passu”, que implicaba igual tratamiento para los que no habían ingresado a los canjes, el gobierno alardeaba de su rechazo. Los K recontra aseguraban que a los buitres no les pagarían un centavo. Pero Griesa subió la apuesta y exigió que los fondos litigantes cobraran el 100% de los bonos comprados por centavos. Este fallo abría la posibilidad de un default (no pago) técnico de la deuda argentina porque ordenaba al Banco de Nueva York, encargado (tal como lo exigen los “mercados”) de pagar a los rentistas que entraron a los canjes previos, el uso de los fondos para atender a los buitres litigantes. Tanto acatarlo como no era un problema ya que abría la posibilidad de sumar aún más reclamos de otros bonistas del pequeño grupo que había rechazado los canjes previos buscando alguna ventaja adicional. Por eso, el gobierno retrocede desordenadamente y busca un acuerdo con los especuladores. Cuando el lunes 26 apeló el fallo ante la Corte de Apelaciones, incluyó como “guiño” la propuesta de reabrir el canje para los buitres que quedaron afuera. La medida expresa una novedosa capacidad de los buitres litigantes, que representan sólo el 10% de los que no entraron en las reestructuraciones de la deuda, para lograr un fallo favorable. En paralelo están sumando apoyos de legisladores de EE.UU. para sancionar al país.

La dureza del gobierno para rechazar los fallos de la Corte Suprema de Argentina que obliga al pago del 82% para los jubilados es dejada en la puerta de los tribunales neoyorquinos. Desesperados por honrar la deuda los K ahora piden lo que antes rechazaban: el uso del criterio “pari passu” y algún acuerdo con los especuladores. Hasta el pasquín oficial reconoce que “La incorporación de ese ‘guiño’ fue debatida extensamente al interior del Gobierno durante el fin de semana ya que, hasta la semana pasada, sostenía una posición muy dura contra el reclamo de los buitres” (P12, 28/11).

Esta concesión parece haber dado un primer resultado: la Corte de Apelaciones dejó en suspenso el fallo Griesa y fijó un cronograma que extiende los plazos de definiciones hasta marzo. Se aleja el fantasma del default técnico. El precio: materializar la nueva entrega que el gobierno prometió el lunes.

Frente único burgués para pagarle a los buitres

Las consecuencias de un default técnico fueron exageradas por el establisment financiero. Evitarlo implicaba poco dinero en relación a los grandes pagos que vienen haciendo los K. Pero un default ponía en cuestión a la plaza de Nueva York como centro de pago de los rentistas financieros y podía afectar reestructuraciones de deuda de otros países, tan de moda por la crisis mundial. Por eso la posición argentina recibió apoyos del Banco de Nueva York, del Tesoro americano, de los bonistas que entraron en canjes anteriores y ansían cobrar el 15 de diciembre y hasta de Anne Krueger, ex directora del FMI. También se sumó el apoyo de la oposición patronal local, lo cual facilita al gobierno tratar en el Congreso la Ley Cerrojo que clausuraba la posibilidad de hacer nuevas ofertas a los buitres que quedaron afuera de los canjes previos.

¿Vuelta al redil de “los mercados”?

Será porque la creación de deuda intra-Estado que vienen haciendo los K es insostenible, que algunos “heterodoxos” sostienen que se puede seguir siendo pos-neoliberal haciendo exactamente lo mismo que los neoliberales: emitir deuda y abrirse al ingreso de capitales (Amico, “Coherencia de largo plazo. Y pragmatismo en la transición”, El Economista, 19/11/2012). Este mismo pragmatismo podría estar detrás del anuncio de Cristina Fernández, luego de reunirse con el Presidente de Perú Ollanta Humala, de que planteará el tema de la deuda en el Unasur. Luego de un largo silencio parece que la “trinchera” sudamericana contra el imperialismo se pronunciará sobre el conflicto con los fondos buitre. Aunque pretendió darle un barniz de coordinación regional en busca de autonomía, no es nada casual que lo haga de la mano del mandatario de uno de los países de la región mejor reputados para el capital extranjero. ¿Serán gestos para sumarse a la afluencia de “plata dulce” que disfruta toda la región? Si es así, cerrar las demandas de los buitres y dar algún paso con el Club de París, son puntos inevitables, como señala el establishment empresario (Bercovich, “Empresarios y banqueros, entusiasmados por posible reapertura del canje de deuda”, BAE, 28/11/2012). Otro motivo para cambiar la Ley Cerrojo.

La “autonomía” lograda por las políticas kirchneristas duró lo que permitió la abundancia de dólares y el superávit fiscal. La primera se esfumó por la extranjerización y la dependencia de la industria (que se traducen en una industria que demanda alta proporción de insumos importados y fuga dólares de ganancias) y por el uso de dólares para la deuda desde 2005. El superávit fiscal se redujo por los pagos de deuda y los subsidios a la ganancia empresaria, y sólo se sostuvo gracias a nuevas cajas como la estatización de las AJFPs. Agotadas esas salidas, el “pragmatismo” impone la vuelta con la frente marchita a los mercados de deuda.
Esfumados los superávits gemelos quedó al desnudo el verso que los pagos de la deuda ya no son una pesada carga por un cambio en el régimen económico que habría cortado con la valorización financiera, según planteo de oficialistas como el periodista de Página/12 Alfredo Zaiat. La única salida para cortar con el saqueo es el no pago de la deuda, y debe ser parte de un programa más amplio que impulse la nacionalización de toda la banca, el monopolio del comercio exterior y de divisas.

Nuevamente sobre el desendeudamiento

Tratando de vender su propuesta a la corte yankee, el gobierno destacó como generosos los canjes de 2005 y 2010. Esto empañó aún más la épica del “desendeudamiento”, pantalla que esconde numerosos engaños. Ante todo, porque es una forma pretenciosa de decir que se viene pagando mucho para reducir la carga de deuda. Entre pagar cash como viene haciendo o refinanciar no hay una diferencia de calidad, son dos alternativas que entran dentro del bussiness as usual (negocios como siempre). Una conduce a reducir más rápidamente el monto de la deuda, pero a fuerza de restringir en lo inmediato otros posibles usos de esos fondos.

El “desendeudamiento”, se ha hecho a costa de no dar el 82% móvil, ni ampliar los planes de obras públicas; de mantener la AUH en niveles irrisorios y congelar el mínimo no imponible del impuesto al salario.
La deuda en términos absolutos sólo se redujo en 2005, y desde entonces no dejó de aumentar, a lo cual ayudaron los generosos cupones atados al crecimiento y a la inflación. En términos relativos al PIB siguió cayendo, pero a un ritmo cada vez más lento. Esto es así porque la deuda pública con bonistas privados se transformó en deuda con el propio Estado, cada vez más con el Banco Central, que tiene el 60% de sus reversas en títulos públicos, y con la ANSES. La fiesta del endeudamiento de los ‘90, se repite, pero bajo una variante “estatalista” que promete ser igual de explosiva, desfinanciando al sistema previsional y creando problemas para sostener el sistema monetario.