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LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Las Heras: torturas y juicio a la medida de las petroleras

Es grave la situación que están viviendo once trabajadores y sus familias en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz. A mediados de junio se inició el juicio oral en su contra por parte del Tribunal de Caleta Olivia, que dictará sentencia el próximo 12 de diciembre. Fueron acusados injustamente por la muerte del policía Sayago en una pueblada en el año 2006 y seis de ellos pueden ser condenados a cadena perpetua. Podemos asegurar que es uno de los mayores ataques a trabajadores que luchan por sus derechos desde el ‘83 a esta parte.

Las Heras: torturas y juicio a la medida de las petroleras
14 de noviembre 2013

Es grave la situación que están viviendo once trabajadores y sus familias en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz. A mediados de junio se inició el juicio oral en su contra por parte del Tribunal de Caleta Olivia, que dictará sentencia el próximo 12 de diciembre. Fueron acusados injustamente por la muerte del policía Sayago en una pueblada en el año 2006 y seis de ellos pueden ser condenados a cadena perpetua. Podemos asegurar que es uno de los mayores ataques a trabajadores que luchan por sus derechos desde el ‘83 a esta parte.
Un enorme cerco político y mediático se ha impuesto para que no salgan a la luz las atrocidades cometidas contra estos trabajadores, con testimonios arrancados bajo torturas. Varios e infructuosos pedidos de los fiscales para que se anule el proceso por ser completamente arbitrario, donde presionan a los testigos durante el juicio, llegaron hasta hacerles leer su declaración y si dudaban tenerlos 48 horas detenidos para que “reflexionaran”. Parece increíble pero uno de los fiscales del juicio solicitó al Tribunal “apartarse de la legalidad para llegar a la verdad”. Un fin injusto y arbitrario se sostiene mediante cualquier medio.
Nada pudo parar la decisión política de juzgarlos porque lo que buscan es una condena ejemplificadora a los trabajadores que reclamaron por sus derechos a las multinacionales petroleras instaladas en la Patagonia. En esta provincia tanto el poder político, como la justicia y las fuerzas represivas estuvieron y están al servicio de gobernar y defender los intereses de estas multinacionales, reaccionando de esta manera ante el enfrentamiento de los trabajadores y sectores populares.
Esta es la respuesta a una gran lucha llevada adelante en el 2006 contra el impuesto al salario y contra la precarización laboral que hace que trabajen en medio del campo, con temperaturas bajo cero, sin siquiera un baño. Un grupo de trabajadores había logrado que lo pasen al convenio petrolero, entonces las patronales fueron por más: trabajadores encarcelados, arrancados de sus casas, a trece de ellos los mantuvieron tres años y medio presos.
Las movilizaciones se extendieron durante tres meses y derivó en una gran manifestación popular cuando la justicia ordenó la detención de uno de los voceros de los trabajadores. Marcharon para exigir su liberación y fueron víctimas de una feroz represión. El pueblo fue militarizado para terminar con la huelga y los reclamos, sumándose a esto, como en plena dictadura militar, allanamientos indiscriminados en las casas por parte de la policía. El cura de Las Heras –a quien el juzgado le negó que pudiera declarar como testigo- cuestionó las detenciones que se estaban realizando y abrió las puertas de la parroquia donde se refugiaron cientos de pobladores. La situación se prolongó durante semanas. A lo largo de estos años la militarización de la provincia se reforzó, llegando al gravísimo hecho de que hace dos meses, por primera vez desde el ’83, el ejército interviene en la represión de un conflicto social. Esto también intentó ser ocultado, que al mando de Sergio Berni se realizó un operativo con la participación del ejército en el desalojo de familias que reclamaban por su legítimo derecho a la vivienda.
En todo este tiempo Organismos de derechos humanos, así como organizaciones sociales y políticas hemos viajado para expresar toda nuestra solidaridad y denunciar que es un juicio absolutamente armado. En uno de nuestros viajes al lugar, conversamos con uno de los petroleros que estuvo varios años preso y luego fue absuelto. Su relato es estremecedor: “es la peor situación que viví, ahora estoy sin trabajo. Me acusaron de homicidio calificado, sin siquiera haber estado en el lugar, soy uno de los cinco que fuimos torturados camino a Puerto Deseado, un viaje que dura siete horas. Nos mojaron, nos ponían bolsas en la cabeza, nos gatillaban. Tres veces me sacaron medio cuerpo de la Trafic amenazando con tirarme”. Amenazas a sus esposas e hijos completan el cuadro.
Todo esto fue denunciado por los abogados defensores en sus alegatos, quienes en represalia sufrieron sanciones. A pesar que el aroma de los dólares que deja el petróleo en la provincia inundaba la sala de audiencias, durante el transcurso del juicio no apareció una sola prueba que pudiera demostrar que estos trabajadores tuvieron que ver con el hecho que se les imputa. Y cuando el olor ya era insoportable, el fiscal Ariel Candia, sin que lo inmute la presencia de organismos de derechos humanos, afirmó que “a un par de cachetadas y una bolsita en la cabeza no se lo puede llamar tortura”.
No es la primera vez que un reclamo de trabajadores contra la tercerización es perseguido ferozmente por el Estado. Mariano Ferreyra fue asesinado por la patota ferroviaria amparada desde el Estado. Durante estos largos años hasta hoy los trabajadores no están solos. Han manifestado su solidaridad el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Osvaldo Bayer, Graciela Rosenblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, Patricia Walsh, la agrupación HIJOS La Plata, compañeros hijos de desaparecidos del CeProDH, como Victoria Moyano, Gloria Pagés, Juan Contrisciani, Andrea Robles, junto a intelectuales del país como Hernán Camarero y del exterior como James Petras, entre otros.
También es fuerte el apoyo entre las organizaciones de trabajadores que han expresado por ejemplo, Pablo Micheli de la CTA, Alejandro López, Natalio Navarrete, Marcelo Morales, del Sindicato Ceramista de Neuquén, el plenario por memoria y balance convocado por FOETRA Bs As, los delegados votaron por unanimidad la solidaridad con los compañeros petroleros, en el plenario de ATE capital, invitado por la Junta Interna del Hospital Garrahan , estuvo Ramón Cortez, trabajador de Las heras a quien le piden cadena perpetua por la huelga de los petroleros del 2006. La Junta Interna del Garrahan aprobó por unanimidad, la solicitud a la CTA de que organice asambleas en todo el país para que allí se vote la realización de un paro nacional de la CTA para el día 12/12. La Agrupación del subte, “Democracia desde las Bases”, repartió miles de volantes llamando a movilizarse este viernes. Además, tanto Carlos Chile, secretario general de CTA capital, como Julio Fuentes, secretario general de ATE nacional, comprometieron su presencia el 12/12 en caleta Olivia y colaborar con los micros que está organizando el comité de apoyo para llevar a delegados y activistas obreros y estudiantiles para esa fecha. Además, decenas de comisiones internas de Capital, Gran Buenos Aires y del resto del país, como los propios sindicatos docentes recuperados, así como Centros de Estudiantes, completan el amplio arco de solidaridad en el que se encuentran también los diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores , Raúl Godoy (Legislador Provincial, Neuquén), Christian Castillo (Legislador Provincial, Buenos Aires), Noelia Barbeito y Cecilia Soria (Senadora y Diputada provinciales, Mendoza) y Nicolás del Caño (Diputado Nacional).
Este viernes 15 de noviembre realizaremos una movilización desde el Obelisco a la Casa de Santa Cruz para exigir con toda la fuerza la absolución de los compañeros y para que no se imponga la decisión de este tribunal que sentaría un gravísimo antecedente para el conjunto del pueblo trabajador.