En medio de rumores sobre una interna que involucra al general Milani, el asesinato de Pedro Viale, un agente de la Secretaría de Inteligencia (SI) apodado el “Lauchón”, puso al desnudo la cloaca de esa institución dedicada al espionaje, vinculada a todo tipo de negocios ilegales, que se mantiene intacta desde la dictadura con el aval del gobierno de Cristina.

Dúctil en hurgar lo ajeno, el Lauchón protegía a una banda de narcos y hacía estafas falsificando documentos públicos a nombre de indigentes para quedarse con propiedades de personas muertas mediante una empresa encabezada por su hijo.

Tras una orden del juez federal Juan Manuel Culotta para secuestrar documentación, fue ultimado de siete disparos en su casaquinta de Moreno, durante el allanamiento realizado en la madrugada por el grupo Halcón. El Lauchón resistió a los tiros a sabiendas de que lidiaba con ese grupo de elite.

El escándalo dejó perplejo al secretario de Seguridad Sergio Berni y obligó al ministro de Seguridad Ricardo Casal a relevar de sus cargos al jefe antidrogas de la Bonaerense Marcelo Pena y al titular de la Delegación de Investigaciones de Trafico de Drogas de San Miguel comisario Enrique Maldonado, responsables de la investigación. Los medios señalaron de “muy irregular” el procedimiento, burlando todas las reglas del protocolo, omitiendo informar que iban a detener a un agente de la ex SIDE, y siendo un delito de orden federal asignado a la Bonaerense, y nada menos que al grupo Halcón.

El Lauchón caminó por ese bajo mundo durante 40 años, regenteando prostíbulos, jactándose de administrar personalmente uno en la Triple Frontera, propiedad de la misma SI, según denuncia Lorena Martins, amenazada por revelar los negocios ilegales de su padre, Raúl Martins, amigo del Lauchón, ex miembro de la SIDE y propietario de una cadena de prostíbulos en México (La Nación, 14/07).

En el fragor de esa cloaca, sectores del gobierno apuntaron al Lauchón como parte del ala “profesional” de Antonio Jaime Stiusso, experto en Contrainteligencia y especializado en la pinchadura de teléfonos, denunciado en 2004 por el entonces secretario de Seguridad Gustavo Beliz, aunque defendido por Néstor Kirchner. La acusación también comprende a German García, director de Contrainteligencia, ligado a varias redes de trata (Clarín, 13/07).

Enarbolada como una panacea por progresistas de todos los pelajes, desde Horacio Verbitsky, pasando por Víctor De Gennaro hasta Ricardo Alfonsín, la doctrina de seguridad democrática se limita a sustituir el “autogobierno policial” por el control civil de las fuerzas de seguridad, manteniendo el status quo de sus negocios ilegales, un factor determinante para el desarrollo de las mafias y el crimen organizado. La disolución de todos los organismos de inteligencia y espionaje brota de una necesidad imperativa para proteger la seguridad de la población civil de esas instituciones represivas e irreformables.