Tras el ataque sufrido por una médica en el Hospital Mercante de José C. Paz el 29 de septiembre los ministros de Seguridad y Salud de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados y Alejandro Collia, resolvieron instalar a la Infantería en los hospitales públicos del conurbano, Mar del Plata y Bahía Blanca. La cartera de Salud deberá pagar esas horas adicionales de los uniformados.
El repudiable ataque a la compañera es una arista más del estado de abandono de nuestros hospitales que sufrimos pacientes y trabajadores. Una salud pública desfinanciada, que pese al esfuerzo de quienes la sostenemos día a día no responde a todas las demandas de la población. El stress, los sueldos miserables, las horas extras, el mal sueño, la falta de insumos básicos e infraestructura y equipos que no funcionan se combinan con largas horas de espera de los pacientes, derivaciones que no llegan y otras complicaciones, creando un caldo de cultivo explosivo.

Quienes trabajamos ahí presenciamos hechos cotidianos que expresan una profunda descomposición social que lleva a algunas personas a robar e incluso atacar violentamente a quienes muchas veces salvamos sus vidas. Es que pese al “relato”, los cinco millones de empleos precarios que creó el kirchnerismo en once años no pudieron evitar que haya un sector de la población que lleva ya dos generaciones de desocupados sin siquiera tener el derecho a ser explotados. Son los llamados “marginales” que ven que sus vidas y su futuro, como los de los trabajadores y sectores populares a quienes suelen enfrentarse, no valen nada. Y como la realidad no tiene mucho para ofrecerles suelen terminar reclutados por los empresarios del delito y la policía, corriendo el riesgo si se resisten de que les pase lo mismo que a Luciano Arruga, el pibe de 16 años que se negó a robar para la Bonaerense en Lomas del Mirador (La Matanza) y terminó desaparecido.

Cuando el Estado dice que la violencia en los hospitales se soluciona llenando las guardias y pasillos de policías armados hasta los dientes comete un acto de doble cinismo. Por un lado, quiere contener con palos y balas hechos que se reproducen todo el tiempo (sea por robos o por la falta de personal para atender pacientes que llegan en estado desesperante) mientras no destina suficiente plata para cubrir vacantes, comprar insumos y mejorar las condiciones de trabajo. Y por otro lado quiere convencernos de que los problemas estructurales y la descomposición social se resolverán con represión, cuando está claro que todas las fuerzas de “seguridad” participan directamente en delitos aberrantes como la trata, el narcotráfico o los desarmaderos. Desde ya que no es sólo la Bonaerense. Aunque digan que Gendarmería o Prefectura no están tan “manchadas”, esas fuerzas garantizan el contrabando, la trata y otros delitos en las fronteras y en las villas del conurbano mientras sus “caranchos” reprimen a los que luchan contra los despidos como lo vemos en Lear.

Como dice nuestra compañera Carla Lacorte, la policía es la inseguridad del pueblo trabajador. Por eso, en lugar de pedir más policías los trabajadores tenemos que recuperar nuestras organizaciones, hoy dirigidas por burócratas que incluso llegan a usar a esos sectores descompuestos en nuestra contra (recordemos a Pedraza y su patota de barras bravas asesinando al compañero Mariano Ferreyra). Somos nosotros los que tenemos que dar una lucha por imponer planes de obras públicas, reparto de las horas de trabajo para todos, salarios acordes a la canasta familiar y demás medidas que sirvan para terminar con esa descomposición social que genera el capitalismo.