Para defendernos de la inflación, el primer punto es imponer en todos los convenios colectivos de trabajo una cláusula gatillo que reajuste automáticamente los salarios según el costo de vida, a partir de un salario que, como mínimo, cubra la canasta familiar. El INDEC tendría que estar dirigido por los trabajadores para dar a conocer el verdadero monto de la canasta familiar y que ningún trabajador gane menos que eso. Esto significa pasar a las mismas condiciones de los convenios colectivos a la mitad de la clase trabajadora, mayoritariamente jóvenes y mujeres, que se encuentran en distintas modalidades de contratación precaria y cobrando sueldos más bajos. Nosotros decimos que a igual trabajo, igual salario.

Pero la inflación no sólo afecta a los asalariados, y el problema de fondo es que los que forman los precios son unas pocas industrias y firmas comerciales concentradas, oligopolios. Los grandes exportadores trasladan a los precios internos sus ventas al exterior, que se hacen en dólares mientras pagan salarios en pesos. Para terminar con esto se necesita el monopolio estatal del comercio exterior y el control de precios. El monopolio del comercio exterior significa que el Estado compra toda la producción y la distribuye racionalmente entre la exportación y el consumo interno, y fija los precios garantizando a los pequeños productores un precio acorde a sus necesidades y bienes baratos para la mayoría de la población. El control obrero de la producción y centros de distribución empieza por la apertura de los libros de las empresas, por abolir del secreto comercial con el cual los capitalistas ocultan la verdad sobre sus cuentas. Impulsamos la formación de comités obreros y populares para vigilar los precios, formados por los trabajadores de las empresas que producen, distribuyen y comercializan los productos, pequeños comerciantes, pequeños chacareros y amas de casa, para demostrar a todo el pueblo que el traslado de sus costos a los precios es sólo sed de ganancias.