Parece de manual. Cada vez que las clases dominantes cierran sus diferencias sobreviene una nueva vuelta de tuerca reaccionaria por la “seguridad ciudadana”.

Desde la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, Cristina dio suficiente aire al criminalizar la protesta social y exhibir a la Justicia como la “puerta giratoria” de los delincuentes. Encabezados por el grupo Clarín, los medios tomaron la posta y bombardearon hasta el hartazgo que la provincia de Buenos Aires había registrado 60 homicidios durante los primeros 75 días del año. El pánico de las clases medias fue la tónica de alto impacto en las pantallas de TV, que encendió la catarata de derechadas.

El líder del Frente Renovador Sergio Massa picó en punta exigiendo mano dura, agitando demagógicamente que el anteproyecto de reforma del Código Penal se proponía liberar a miles de delincuentes y clausurar las cárceles. A la zaga, la concejala de la UCR Claudia Zakhem presentó un proyecto racista para autorizar el cierre del barrio La Alborada, en la localidad de Pilar, separándolo del acceso a los barrios más humildes, con el consentimiento del intendente Humberto Zúccaro (La Nación, 18/3). Pero el secretario de Seguridad Sergio Berni dobló la apuesta y se pronunció a favor de bajar la edad de imputabilidad (Pagina12, 16/3), mientras Martín Insaurralde y Jésica Cirio anunciaban su mudanza a Puerto Madero para “escapar de la inseguridad”.

“Vivimos momentos dramáticos”, convalidaba el gobernador Scioli, en tanto informaba el reclutamiento de 2.500 policías retirados, amén de los próximos 10.000 egresados de las nuevas escuelas descentralizadas de policía. El ex motonauta presentó en la Legislatura un proyecto de ley para crear la Policía Municipal con el fin de institucionalizar las patotas de los intendentes, mientras apoya la intervención de las FF.AA. en la lucha contra el narcotráfico, desafiando las leyes de Seguridad Interior y Defensa.

El ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados apuntaba que “el déficit número uno es la falta de policías”, proyectando duplicar las filas de la Bonaerense de los 54.000 efectivos actuales a 100.000 para 2015. Adelantó que prevé instalar cámaras de seguridad en 8.000 colectivos y volver al viejo “Comando de Patrullas”, el sistema de requisas empleado por la dictadura basado en el “olfato policial”. Granados se mostró confiado en la “moral policial”, pues “un agente inicial de la Bonaerense cobra $12.000 (8.500 de mínimo más 4 horas CORES –extras-)” (Clarin, 17/3), producto de los motines policiales.

El PRO sirvió el postre impulsando un proyecto para deportar inmigrantes que “no puedan justificar sus ingresos en forma legal”, cuando resultan víctimas del trabajo no registrado en cientos de talleres textiles clandestinos, proveedores de las grandes marcas.

Esta andanada de declaraciones derechistas oculta, interesadamente, la desagregación de los 60 delitos de sangre enunciados más arriba, pues en general la mayoría de los casos de homicidio no son producto ni de robo agravado con armas ni de la premeditación (apenas 10%) sino resultado de riñas entre vecinos (49%), violencia familiar (15%), ajuste de cuentas y femicidios, donde la participación de menores de edad es prácticamente intrascendente (4%). Según el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Argentina tiene una tasa de homicidios de 5,3 casos cada 100.000 habitantes (Honduras tiene 91), la más baja de América Latina, aunque los delitos contra la propiedad (973 cada 100.000 habitantes) observan un aumento notable, producto de la pobreza estructural (30% de la población).

Lejos de toda liviandad, el Sistema Penitenciario Federal alberga 60.000 presos en condiciones de hacinamiento infrahumano, con un 70% sin condena.

Durante la “década ganada”, las fuerzas de seguridad asesinaron a 2.448 personas (predominantemente jóvenes pobres entre 15 y 24 años), producto de gatillo fácil y tortura, según CORREPI.

Los aprestos de las fuerzas de seguridad que exigen todos los partidos del régimen no persiguen otra finalidad más que incrementar progresivamente el poder de fuego del Estado y crear nueva legislación reaccionaria para mantener a raya a los trabajadores y el pueblo pobre ante las consecuencias de la crisis en curso, en función de los intereses de los grandes empresarios. Como administradoras del gran delito, las fuerzas de seguridad constituyen la principal fuente de inseguridad de la población civil. Nada bueno puede provenir de esa banda de criminales que debería ser disuelta.