Mientras propagandizan el proyecto de Cristina contra la precarización laboral y la regulación del trabajo en negro, como ocurrió este domingo 20/4 que fue tema de tapa, nos enteramos que sus trabajadores del “Boletin Oficial” (Pagina/12) hacen pública una denuncia que da cuenta de las condiciones de precariedad en la que se encuentran.

Página/12 cuenta con 31 editores, 41 redactores reconocidos como tales y un plantel de más de 150 redactores externos registrados como “colaboradores” a quienes no se les reconocen derechos laborales elementales como el Salario Mínimo Vital y Móvil, la antigüedad o las vacaciones, entre otros, y se les paga por nota publicada cifras que la empresa impone arbitrariamente, ya que no acepta negociarlas con los delegados en las paritarias de prensa.

Cada uno de esos “colaboradores” representa una relación contractual que no cumple con los requisitos de registración del artículo 7 de la ley 24.013, que representa un acto de evasión de aportes y contribuciones al régimen de la Seguridad Social y que configura una “infracción grave”, susceptible de sanción económica por parte de la autoridad de aplicación, en los términos de la ley 25.212.
La figura del “colaborador” fue creada por el Estatuto del Periodista Profesional hace setenta años para quienes escriben textos “que por la índole de los mismos no corresponden a las tareas habituales de los órganos periodísticos”. En la práctica, en cambio, se aplica a redactores externos que realizan la misma tarea que sus compañeros de la redacción y que son precisamente las habituales del diario. Se trata, sin más, de verdaderas relaciones contractuales por tiempo indeterminado encubiertas mediante actos de fraude laboral.

Para ser considerado “colaborador permanente”, el Estatuto exige un piso de 24 notas anuales, situación que las empresas evitan con todo tipo de maniobras fraudulentas para no tener que pagar aportes jubilatorios y obra social.

La naturalización del uso de una categoría que como dijimos, no fue creada para “las tareas habituales del órgano periodístico”, implica en el caso de Página/12 que todos sus suplementos semanales (Las/12, Soy, Radar, Libros, Turismo, Futuro, Cash, No, M2, Sátira) sean realizados en su mayor parte por redactores registrados como “colaboradores”. El cuerpo principal del diario tampoco escapa a estas irregularidades.

Paradójicamente, quienes sí escriben textos que “no corresponden a las tareas habituales de los órganos periodísticos”, es decir quienes deberían ser calificados y recompensados como “colaboradores”, directamente no cobran por su trabajo.
Este ejemplo deja sobre la mesa que quien “tira la piedra esconde la mano”. No es ninguna novedad. El proyecto de Cristina es un verdadero fraude ya que solo apunta a reducir dudosamente el 3% del trabajo en negro, cuando hay muchas formas de precarización laboral que ni siquiera serán contempladas, a la vez que dará jugosos descuentos a los empresarios negreros. La situación es peor dentro del propio estado donde en la llamada “Década Ganada” crecieron brutalmente las condiciones en la que están miles de trabajadores con total precariedad laboral, tercerizaciones, locaciones de servicio, pasantías. Las dependencias estatales, entre ellas el ministerio de Trabajo, Economía, Educación, cuentan con niveles altísimos de trabajo precario.

Quienes dicen querer terminar con el trabajo en negro y el fraude laboral, no predican con el ejemplo.