Pino Solanas y Martín Sabbatella constituyen los referentes de las dos listas de centroizquierda que se presentan en Capital y provincia de Buenos Aires, que cuentan con el apoyo de los dirigentes de la CTA, Solidaridad e Igualdad (SI) y otros grupos. Bajo el amplio espectro que abarca el progresismo, tanto Pino como Sabbatella se presentan como figuras de “nuevas experiencias” que rechazan las políticas de mano dura impulsadas por la derecha más reaccionaria. Proyecto Sur denunció la desaparición y el secuestro del jóven Luciano Arruga a manos de la policía de Lomas del Mirador y Sabbatella lleva como candidato al ex fiscal de Bahía Blanca Hugo Blanco Cañón, notable figura de los derechos humanos, temática de la que el intendente de Morón hizo una “profesión de fe” mediante una secretaría y diversas actividades en el municipio. Sin embargo, del mismo modo que los Kirchner, estos progresistas se desdibujan hacia la derecha ante el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad elaborado por el diputado Emilio García Mendez de SI, uno de los grupos que apoya a ambas listas, cosa que Pino y Sabbatella se cuidan de guardar bajo siete llaves.

García Mendez fue uno de los primeros legisladores en impulsar la propuesta de crear un nuevo régimen penal juvenil, comprendido entre los 14 y los 18 años, con tribunales, cárceles y penas diferenciadas de los adultos. Al igual que el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, García Mendez se propone “superar” el decreto-ley 22.278, sancionado por la dictadura militar en 1980, que condena a los menores de 16 años en situación de pobreza a la tutela compulsiva del Estado, a partir de la arbitrariedad de la justicia y la policía que los privan de la libertad en institutos cerrados deplorables y sobrepoblados, en los cuales pueden permanecer hasta los 21 años. “Una ley de Responsabilidad Penal Juvenil presupone ... comenzar a considerar a los jóvenes que han infrigido la ley penal ... como sujetos de derechos y de responsabilidades”1. Así, los progresistas se proponen conceder “derechos y garantías” a los menores para adquirir el “derecho” de ir a la cárcel en lugar del reformatorio, cuando la solución integral y efectiva pasa por el derecho a la educación de todos los niños y adolescentes, así como el derecho al trabajo para todas las familias desocupadas. Como señala Claudio Lozano, compañero de Pino y del mismo García Mendez, “si un país acepta ... que un 35% de la población esté en situación de pobreza ... es un acto de hipocresía social entender que la solución al delito pase por penalizarlo” porque “ningún pibe nace chorro o asesino”2. De este modo, Pino y Sabbatella acompañan un proyecto que contempla un régimen de “inclusión” muy generoso en el sistema penitenciario, al tiempo que condena a la “exclusión” a los sectores más pauperizados de la sociedad respecto del derecho a la educación y el trabajo. Como decía Arturo Jauretche, “no se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro”.

El objetivo del proyecto de ley presentado reside en “minimizar la selectividad del sistema penal”3, es decir “blanquear” la selectividad del sistema penal que castiga a las franjas más pauperizadas de la clase trabajadora, mediante la concesión de “derechos” a los menores, reforzando así la legitimación del Código Penal como herramienta legal en defensa de la propiedad privada de los grandes capitalistas. Pues como el mismo García Mendez admite, “es lo mejor que puede hacerse cuando la única política social para los pobres es el encierro, al menos así podrán acceder a una defensa y penas distintas”4. Semejante conformismo resulta de la naturalización de las reglas impuestas por los grandes capitalistas y la correspondiente adaptación de los progresistas, que jamás se propusieron damnificar los intereses de los grandes empresarios en función de las necesidades de las grandes masas para “distribuir la riqueza”. Apenas se limitan a levantar la asignación de $100 por hijo, la misma asistencia miserable que proponen los derechistas de la Coalición Cívica.

Para García Mendez, los reparos ante este tipo de políticas punitivas obedecen a “una sociedad que ha sufrido hasta el paroxismo una monstruosa represión ilegal y que por eso no consigue articular sin culpas propuestas serias de represión”, por eso concluye que quienes cuestionan esta política reaccionaria son “pequeños grupos seudoprogresistas, nietos trasnochados de un abolicionismo penal de pacotilla” “que se razgan las vestiduras frente a la represión futura”5. Sin palabras.

Los trabajadores debemos darle la espalda a las dos listas de la centroizquierda que avalan este proyecto represivo contra los jóvenes pobres. Resulta sensato recordar que Pino y Sabbatella contribuyeron a construir el Frepaso de Chacho Alvarez, la instancia que lanzó el fraude de la Alianza (donde Sabbatella permaneció hasta el último de sus días), uno de los gobiernos más antipopulares de la historia que encerró a miles de menores pobres en las comisarías, y asesinó a más de 30 compañeros en diciembre de 2001, cuyos responsables aún permanecen impunes.